l Gobierno oficializó la promulgación parcial de la ley destinada a frenar las ejecuciones judiciales impulsadas por el Banco Tierra del Fuego (BTF) contra jubilados y pensionados policiales, en medio de la crisis previsional que afecta al sector desde hace más de once meses.
El Ejecutivo avaló el núcleo central de la iniciativa aprobada por la Legislatura el 30 de abril, que es la suspensión por 180 días de los procesos judiciales de ejecución y la prohibición de iniciar nuevas demandas contra beneficiarios retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex Territorio Nacional.
La medida busca dar alivio financiero a un sector que viene denunciando fuertes recortes en sus ingresos debido a la falta de pago regular del complemento previsional a cargo del Estado provincial.
Según los fundamentos del proyecto impulsado por el bloque Provincia Grande, los jubilados afectados sufren una reducción de entre el 22% y el 40% de sus haberes totales, situación que compromete el carácter alimentario de las prestaciones previsionales y coloca a muchos beneficiarios en una situación crítica.
El proyecto aprobado por la Legislatura planteó además que existía una “conducta contradictoria” del Estado provincial, ya que mientras incumple parcialmente con el pago de las prestaciones previsionales, el Banco Tierra del Fuego avanzaba con ejecuciones para cobrar créditos contraídos por esos mismos jubilados.
En ese contexto, la ley dispuso una medida excepcional y transitoria para evitar que el deterioro económico derivara en embargos o ejecuciones compulsivas sobre los beneficiarios afectados.
Sin embargo, el Ejecutivo resolvió vetar el artículo 7° incorporado durante el debate legislativo, que establecía que los integrantes del directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora dejarían de percibir viáticos, gastos de representación y cualquier otro tipo de retribución adicional vinculada a sus funciones.
En los fundamentos del veto, el Gobierno argumentó que la eliminación total de esos conceptos no tendría impacto significativo sobre la situación financiera del organismo y, por el contrario, podría afectar su funcionamiento institucional.
El decreto sostiene que quitar esas retribuciones podría comprometer la capacidad operativa y de gestión del directorio en un escenario que demanda “mayores niveles de administración, fiscalización y ejecución de medidas de saneamiento institucional”.
Incluso, el Ejecutivo advirtió que la medida podía derivar en una “acefalía funcional” del órgano de conducción, agravando la crisis que atraviesa la Caja Previsional policial.
