l Gobierno de Tierra del Fuego dispuso la exoneración de un enfermero del Hospital Regional Ushuaia que había sido condenado por defraudación contra la Administración Pública y falsificación de documentación privada. La medida fue oficializada a través del Decreto Provincial 812/26, firmado por el gobernador Gustavo Melella y la ministra de Salud, Judit Di Giglio.
El agente sancionado es Nemesio Ortega, quien se desempeñaba como enfermero en el principal centro asistencial de la capital fueguina. La decisión administrativa pone fin a un extenso proceso iniciado en 2018, luego de que quedara firme la condena penal en su contra.
Según se desprende de la resolución judicial, Ortega fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso, además de recibir la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia lo halló responsable del delito de defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal con falsificación y uso de instrumento privado falso.
La causa se originó por hechos ocurridos en junio de 2007, cuando el enfermero trabajaba simultáneamente en el Sanatorio San Jorge y en el Hospital Regional Ushuaia. De acuerdo con la investigación judicial, Ortega confeccionó y presentó un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias laborales correspondientes a los días 3 y 4 de junio de ese año.
El fallo consideró acreditado que, mediante esa maniobra, el agente logró percibir haberes sin haber cumplido efectivamente sus funciones, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial.
En los fundamentos de la sentencia se destacó que existió “idoneidad del engaño” a partir de la utilización del certificado falso como mecanismo para justificar las ausencias y obtener un beneficio económico indebido.
La exoneración constituye la sanción administrativa más grave dentro de la administración pública y determina la desvinculación definitiva del trabajador, además de impedirle reingresar al Estado provincial.
La causa judicial, caratulada “Aballay, Gabriela Nancy y otros s/ Estafa a la Administración Pública en concurso ideal con falsificación de documento privado”, también derivó en condenas para otras dos personas vinculadas al ámbito sanitario.
En ese marco, Nancy Gabriela Aballay fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por un año para ejercer la enfermería. En tanto, Natalia Beatriz Sánchez recibió la misma pena de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos.
Con la publicación del decreto, el Ejecutivo provincial dio por concluido el procedimiento administrativo vinculado al caso, casi dos décadas después de los hechos investigados y ocho años después de la confirmación de la condena penal.
