a Municipalidad de Ushuaia elevó un fuerte reclamo al Gobierno de Tierra del Fuego por la reducción y eliminación de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), una medida que, según advirtió el Ejecutivo capitalino, podría profundizar la crisis social y generar riesgos ambientales en distintos sectores de la ciudad.
A través de una nota formal enviada al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Economía provincial, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, solicitó información “urgente” sobre los criterios técnicos, sociales, territoriales y jurídicos utilizados para modificar el régimen de asistencia al gas envasado.
El pedido se da en medio de la polémica generada por las recientes resoluciones y decretos provinciales y profundiza las críticas que ya había expresado públicamente la secretaria Lorena Henriques Sanches respecto del impacto que tendrá la medida sobre miles de hogares fueguinos.
Desde el Municipio cuestionaron que la decisión haya sido implementada “sin articulación institucional suficiente” con las áreas locales vinculadas al hábitat y al desarrollo urbano, pese a que la comuna asegura contar con relevamientos específicos sobre la situación habitacional y socioeconómica de numerosos barrios de Ushuaia.
En el documento enviado a la Provincia, la Municipalidad manifestó su preocupación por las consecuencias que podría provocar el nuevo esquema de subsidios, especialmente en zonas donde todavía no existe acceso efectivo a la red de gas natural.
Según remarcaron, muchas familias no sólo dependen actualmente del GLP para calefaccionarse y cocinar, sino que además atraviesan un escenario de endeudamiento y deterioro económico que dificulta afrontar aumentos en el costo del servicio o las conexiones domiciliarias.
La advertencia oficial también alcanzó al plano ambiental. Desde la Secretaría señalaron que la quita del subsidio podría derivar en un incremento del uso de sistemas alternativos y precarios de calefacción, como artefactos eléctricos o calefacción a leña.
En ese contexto, alertaron sobre posibles riesgos de incendios y sobre un eventual impacto negativo en sectores naturales sensibles, incluyendo áreas boscosas, turbales y cuencas hídricas cercanas a la ciudad.
El Municipio incluso expresó preocupación por eventuales desplazamientos poblacionales hacia zonas ambientalmente frágiles donde todavía se mantengan mayores niveles de cobertura del subsidio.
Entre los requerimientos enviados al Gobierno provincial, la Municipalidad solicitó acceder a la cartografía oficial utilizada para definir las unidades territoriales alcanzadas por la medida, además de datos precisos sobre la cantidad de familias afectadas, los criterios de exclusión aplicados y los estudios sociales y ambientales realizados antes de avanzar con los cambios.
En paralelo, desde la Secretaría de Hábitat hicieron referencia a la urbanización General San Martín y sostuvieron que, si las obras de infraestructura comprometidas por los distintos niveles del Estado se hubieran ejecutado en tiempo y forma, actualmente más de 3.000 familias podrían contar allí con servicios adecuados.
“No resulta socialmente justo trasladar a las familias las consecuencias derivadas de la falta histórica de infraestructura básica de gas natural”, remarcaron desde el área municipal.
Finalmente, el Ejecutivo capitalino pidió la suspensión preventiva de los efectos más severos del nuevo régimen mientras se realiza una evaluación integral del impacto social, económico y ambiental de la medida, especialmente durante el período invernal.
La solicitud apunta, principalmente, a evitar que hogares sin acceso real a la red de gas natural pierdan total o parcialmente el subsidio al GLP en medio de las bajas temperaturas que ya comenzaron a sentirse en la capital fueguina.