n los Legisladores Federico Sciurano (FORJA); Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ); Laura Colazo (PV); Matías Lapadula (PG); Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Raúl Von der Thusen (SF) recayó la responsabilidad de investigar la conducta de los funcionarios que intervinieron en las actuaciones administrativas que autorizaron que la empresa Leolabs instalará en cercanía de Tolhuin un Radar. A estos parlamentarios se sumarán “en calidad de asesores ad honorem, con voz y sin voto;” un integrante por cada Centro de Veteranos de Malvinas de la Provincia.
La comisión investigadora, creada el pasado 30 de abril, contará con un plazo de 90 días hábiles, que puede ser prorrogado, para analizar las actuaciones administrativas y las responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios involucrados en el tema.
Para cumplir su objetivo, contará con amplias facultades de investigación y podrá recabar toda prueba que estime conveniente. Podrá “solicitar al Poder Judicial Provincial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Poder Ejecutivo o cualquier otro organismo público, copias certificadas de expedientes, informes, actos administrativos, dictámenes y cualquier otro instrumento legal o pieza documental vinculada al objeto de la investigación; citar e interrogar a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo; convocar a testigos y realizar los interrogatorios correspondientes; nombrar peritos de cualquier arte o profesión que por su especialización sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones; y requerir la intervención pública, disponer todas las medidas que considere seguro y regular el cumplimiento de los actos que ordene”.
AI finalizar su tarea, la Comisión Especial Investigadora elevara a la Cámara Legislativa un informe definitivo con las conclusiones que arribe sobre las posibles responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que autorizaron durante 203 que la empresa de capitales británicos pudiera desarrollar operaciones en la Provincia.
