a intervención libertaria sobre el puerto de Ushuaia acumula cuestionamientos políticos, económicos e institucionales que se acrecientan con la preadjudicación por $80.000.000 millones a una empresa porteña para realizar una relevamiento dominial sobre terrenos que corresponden al Estado provincial. A esto se le suma la falta de transparencia, el manejo de recursos millonarios sin controles, las contrataciones controvertidas y las disputas judiciales en la Corte Suprema alimentan un creciente conflicto que trasciende la administración portuaria libertaria y se proyecta sobre la autonomía de Tierra del Fuego.
Por esto mismo, la principal preocupación que hoy rodea a la intervención de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en el puerto de Ushuaia no es solamente administrativa. Tampoco se limita a una discusión sobre competencias entre la Nación y la Provincia. El problema central es la falta de transparencia que envuelve la gestión de uno de los activos estratégicos más importantes de Tierra del Fuego y, por extensión, a la soberanía sobre el Atlántico Sur.
En cualquier sistema republicano, la administración de recursos públicos exige información accesible, rendición de cuentas y control institucional. Sin embargo, distintos sectores políticos, empresariales y sociales fueguinos denuncian que la ANPYN opera bajo un esquema que dificulta el acceso a información esencial sobre el funcionamiento del puerto, la administración de los recursos recaudados y las decisiones que se adoptan diariamente sobre una infraestructura clave para la economía provincial.
Las críticas no solo se dirigen hacia las autoridades nacionales, sino también a un sector de dirigentes políticos provinciales, representantes de cámaras empresariales, referentes del sector turístico y operadores dentro de medios de comunicación que vienen acompañando desde hace meses a los abusos libertarios sobre la apropiación del puerto fueguino. Entre los aspectos centrales, crecen las restricciones para acceder a información vinculada a la gestión portuaria de la Libertad Avanza. Según se denuncia, no existen mecanismos suficientes que permitan conocer con claridad el destino de los fondos recaudados ni los criterios utilizados para la toma de decisiones que afectan directamente a Tierra del Fuego.
La preocupación adquiere una dimensión aún mayor cuando se analiza el aspecto económico de la intervención. Diversas fuentes confirman que la totalidad de los recursos generados por el usufructo del muelle comercial de Ushuaia son percibidos por la ANPYN, mientras la provincia no recibe una contraprestación equivalente ni participa de manera efectiva en el control de esos ingresos. En otras palabras, el puerto produce recursos en territorio fueguino, pero el destino de esos fondos parece escapar al control de quienes deberían ser los principales beneficiarios de su actividad.
La situación resulta particularmente sensible si se considera que Ushuaia se consolidó durante las últimas décadas como la principal puerta de entrada al continente antártico. Cada temporada llegan cientos de miles de turistas y decenas de cruceros internacionales que generan una actividad económica fundamental para la provincia. Sin embargo, lejos de fortalecer el desarrollo local, el actual esquema de administración es percibido por amplios sectores como un mecanismo de extracción de recursos sin una devolución proporcional para Tierra del Fuego.
En ese contexto, también genera interrogantes el destino de los fondos abonados por las empresas propietarias de cruceros antárticos. Según distintas denuncias públicas, esos recursos estarían siendo transferidos a cuentas vinculadas a la Administración General de Puertos (AGP). La controversia surge porque el propio Gobierno Nacional oficializó la disolución y liquidación de la AGP S.A.U. mediante el Decreto 3/2025. Resulta inevitable preguntarse por qué continúan canalizándose fondos millonarios hacia una estructura que formalmente se encuentra en proceso de extinción.
A ello se suma otro dato que despierta inquietud. La Licitación Pública 05-2026 impulsada por la AGP para la provisión y recambio de setenta y cinco defensas en el muelle comercial de Ushuaia contempla plazos que excederían el horizonte temporal originalmente previsto para la intervención. Si la medida federal fue presentada como transitoria, resulta legítimo cuestionar por qué se proyectan contrataciones y obras cuyos tiempos de ejecución parecen extenderse más allá de los doce meses inicialmente anunciados. Para muchos observadores, esta situación constituye una señal de que el Gobierno Nacional podría estar preparando una prolongación de hecho de su presencia en el puerto.
De igual manera, la reciente preadjudicación del “Servicio de Relevamiento Multimodal de Infraestructura Portuaria y Regularización Dominial del Puerto de Ushuaia” a la empresa Nadir Soluciones Integrales S.A.S., por un monto de 80 millones de pesos, abrió un nuevo frente de conflictos. Los cuestionamientos son múltiples. Por un lado, existen dudas respecto de la razonabilidad económica de la contratación y reclamos para que los organismos competentes verifiquen la existencia o no de eventuales sobreprecios. Por otro lado, numerosos sectores consideran una profunda irregularidad que organismos nacionales impulsen procesos de regularización dominial sobre terrenos cuya titularidad corresponden a la Provincia de Tierra del Fuego.
Estas circunstancias explican por qué el conflicto ya se encuentra judicializado. Actualmente tramitan dos acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculadas a la situación del puerto de Ushuaia. Será el máximo tribunal quien deba pronunciarse sobre cuestiones que afectan directamente el equilibrio federal, la autonomía provincial y los alcances de las facultades que ejerce el Estado nacional sobre infraestructura ubicada en territorio fueguino.
Mientras tanto, la preocupación continúa creciendo. Un amplio arco político provincial, junto con cámaras de comercio, entidades vinculadas al turismo, organizaciones de la sociedad civil y numerosos medios de comunicación, observa con inquietud lo que consideran un avance sobre las competencias provinciales. Más allá de las diferencias ideológicas, existe una coincidencia cada vez más amplia respecto de la necesidad de transparentar la gestión, garantizar el acceso a la información y permitir mecanismos efectivos de control institucional.
Por supuesto, corresponde a la Justicia y a los organismos competentes determinar la existencia o no de irregularidades administrativas, desvíos de fondos o eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente porque existen denuncias y sospechas que involucran recursos millonarios, resulta indispensable que la gestión portuaria abandone el hermetismo y adopte estándares de transparencia acordes con la relevancia estratégica que posee el puerto de Ushuaia.
En definitiva, el debate ya no se limita a quién administra un puerto. La verdadera discusión gira en torno al respeto por el federalismo, la defensa de la autonomía provincial y la obligación de rendir cuentas sobre recursos que pertenecen al conjunto de los fueguinos. Cuando faltan explicaciones, sobran interrogantes. Y cuando se administran fondos públicos sin los niveles adecuados de transparencia, el deterioro de la confianza institucional se vuelve inevitable. El puerto de Ushuaia merece una administración eficiente, pero también abierta, controlable y respetuosa de las instituciones. Porque la transparencia no es un detalle administrativo: es la condición indispensable para garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la sociedad fueguina y no al margen de ella.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
