l conflicto generado en torno a la designación de una jueza de Familia ingresó en una etapa de diálogo entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, luego de varios meses de cruces institucionales por el alcance de las competencias de cada organismo en el proceso de selección de magistrados.
El representante de los abogados de Ushuaia en el Consejo de la Magistratura, Alejandro Pagano Zavalia, sostuvo que el acercamiento entre ambas instituciones permitió abrir una instancia de trabajo orientada a encontrar una salida consensuada. En ese sentido, explicó que “hubo diálogo después de meses de tensión, de cruzar comunicaciones quizás en entornos medio duros entre ambas instituciones” y destacó la importancia de construir acuerdos cuando están en juego el funcionamiento del sistema judicial y la cobertura de vacantes.
Según indicó, el punto central de la discusión estuvo vinculado a la decisión del Superior Tribunal de solicitar una ampliación de los fundamentos que respaldaron la selección de la doctora Guerrero para ocupar el cargo vacante. Pagano Zavalia señaló que la posición del Consejo siempre fue que la propuesta de magistrados constituye una atribución propia del organismo, aunque reconoció que durante las conversaciones el Superior aclaró que no buscaba intervenir en esa competencia. “El Superior dijo muy claramente que no estaba queriendo meterse en eso, sino que consideraba que había una disparidad importante en los antecedentes de las postulantes y necesitaba que se ampliaran los fundamentos”, explicó.
El consejero remarcó además que la acordada originalmente remitida al Superior ya contenía fundamentos, antecedentes de las candidatas y el detalle de la votación realizada por el cuerpo. Sin embargo, admitió que la redacción de la resolución mediante la cual se rechazó inicialmente la designación fue interpretada por varios integrantes del Consejo como un avance sobre sus atribuciones institucionales. “Se interpretó de esa forma precisamente porque salió el rechazo de la designación en vez de decir primero que se ampliaran los fundamentos y después decidir”, sostuvo al referirse al origen de la controversia.
Tras la reunión mantenida entre representantes de ambas instituciones, el Consejo resolvió remitir una nueva acordada ampliando los argumentos que respaldaron la elección de Guerrero. Ahora la decisión quedó nuevamente en manos del Superior Tribunal de Justicia.
Pagano Zavalia consideró que existen condiciones para que la designación finalmente avance. “Es de esperar que sí, porque además de lo que se habló y de lo que manifestaron ellos, se acordó que se iba a hacer esta acordada, se la presentamos en forma inmediata y ahora la pelota está del lado del Superior”, afirmó.
No obstante, aclaró que la decisión final corresponde exclusivamente a los integrantes del máximo tribunal provincial, quienes deberán evaluar si la información complementaria remitida resulta suficiente para adoptar una resolución definitiva.
Más allá de la situación puntual, el diálogo entre ambas instituciones abrió también una discusión sobre la necesidad de actualizar los mecanismos de selección de magistrados. Según explicó el representante de los abogados, tanto el Consejo como el Superior coinciden en que el sistema vigente requiere modificaciones para adaptarse a nuevas demandas y criterios de evaluación.
En ese marco, confirmó que ya se trabaja en la elaboración de un nuevo reglamento para los procesos de selección y remoción de jueces. “Tenemos el compromiso del Consejo y del Superior de tener un nuevo reglamento para fin de año”, señaló.
Sostuvo que la creación de una mesa de trabajo conjunta permitirá avanzar en ese objetivo y analizar propuestas orientadas a modernizar los procedimientos actuales, una discusión que, según indicó, ya se venía impulsando desde antes de asumir su función dentro del Consejo de la Magistratura.
