n grupo de vecinos autoconvocados volvió a reclamar respuestas al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) por la demora en la adjudicación de viviendas en la urbanización Río Pipo. Las familias sostienen que mantienen actualizados sus legajos desde hace años, pero aseguran que no reciben información concreta sobre los plazos de entrega, la cantidad de unidades que serán adjudicadas ni los criterios que utilizará el organismo para definir a los beneficiarios.
La referente del grupo de Vecinos Autoconvocados, Paula Camponovo, explicó que la organización comenzó a conformarse en 2022, cuando se anunciaron las últimas obras habitacionales en el sector, y desde entonces presentó notas, pedidos de audiencia y distintos reclamos ante el Gobierno provincial, la Legislatura y las autoridades del IPVyH sin obtener una respuesta definitiva.
"Nosotros empezamos cuando anunciaron las últimas obras que están por entregar en el Pipo, en el año 2022. A través de los años hicimos distintas presentaciones, notas, pedidos de audiencia y reuniones, pero el año pasado y hasta ahora venimos solicitando reuniones tanto a la Comisión de Vivienda de la Legislatura como al gobernador, a la vicegobernadora y a la presidenta del IPVyH. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta concreta para reunirnos con el grupo de vecinos o, por lo menos, con algunos de los referentes", sostuvo.
Camponovo recordó que la única instancia de diálogo obtenida fue una reunión virtual realizada el año pasado luego de una protesta frente al organismo. Según indicó, en ese encuentro les informaron que las primeras entregas podrían concretarse después del invierno de este año, aunque posteriormente recibieron versiones diferentes sobre el estado del proyecto.
"La respuesta fue que supuestamente se iba a hacer una primera entrega después del invierno de este año, pero después nos fueron cambiando las contestaciones. Vimos que la presidenta salió a declarar en distintos medios que no había novedades por el recorte de fondos nacionales y siempre nos cambian las respuestas. Lo que pedimos es una reunión para tener una explicación concreta y saber cuál es la situación de las viviendas, porque eso nos permite organizar nuestra vida, seguir con los contratos de alquiler y tomar decisiones con nuestras familias", expresó.
La referente aseguró que las obras presentan avances visibles y afirmó que actualmente hay trabajadores desarrollando tareas en distintos sectores de la urbanización. En ese sentido, manifestó que la expectativa del grupo es que las viviendas comiencen a adjudicarse en el corto plazo.
"Nosotros sabemos que las obras están casi finalizadas. Durante mucho tiempo nos decían que estaban paralizadas, pero fuimos con todo el grupo, hicimos videos y hoy cualquiera puede ver que hay obreros trabajando y avances importantes. Nuestra expectativa es que necesitamos la solución ya. Hay familias esperando desde 2004 y estamos en 2026", afirmó.
Uno de los principales reclamos está vinculado con los criterios que utilizará el IPVyH para asignar las viviendas. Camponovo señaló que las familias desconocen cómo será el procedimiento y pidió que el organismo informe con claridad la cantidad de unidades disponibles, el mecanismo de adjudicación y si se respetará la antigüedad de quienes integran el padrón.
"Eso es lo que más nos hace ruido. Queremos saber qué criterio van a usar para elegir o para hacer el sorteo. Si realmente se va a respetar la antigüedad de las familias inscriptas, porque no se explica que haya personas esperando tantos años. Lo único que pedimos es una respuesta concreta para saber cómo se van a entregar esas viviendas", indicó.
La dirigente también aseguró que el grupo tiene conocimiento de situaciones irregulares vinculadas con viviendas adjudicadas en años anteriores y consideró que deberían profundizarse los controles sobre ese tipo de casos.
"Nosotros ya realizamos distintas denuncias de situaciones que conocemos, de viviendas que están siendo alquiladas o vendidas y también de departamentos desocupados. El IPVyH tiene herramientas para controlar cada caso porque hoy las necesidades de las familias son muy grandes", manifestó.
Consultada sobre las causas judiciales por adjudicaciones irregulares que involucraron a exdirigentes gremiales, Camponovo sostuvo que sería necesario revisar los procedimientos utilizados durante distintas gestiones del organismo.
"Sí, deberían hacer una revisión integral de todas las presidencias que hubo y también de la actual. Debería funcionar mucho más el control. Para eso existe la Comisión de Vivienda de la Legislatura y por eso también le pedimos respuestas a la presidenta de esa comisión. Nosotros necesitamos certezas. Ya no sabemos de qué manera pedir una audiencia porque nos cansamos de presentar notas y todavía no tenemos respuestas", remarcó.
Actualmente, el grupo está integrado por alrededor de 150 familias. Sus integrantes convocaron a otras personas que atraviesen la misma situación a sumarse al reclamo colectivo mientras aguardan una respuesta oficial sobre el avance de las obras y el cronograma de futuras adjudicaciones.
