or cuarta vez consecutiva desde 2020, el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura un proyecto de Ley de Transparencia Activa del Sector Público Provincial, una iniciativa que busca modernizar el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos y fortalecer las herramientas de control institucional. Hasta el momento, ninguna de las presentaciones fue objeto de análisis legislativo.
La propuesta apunta a establecer un régimen uniforme de publicación obligatoria de información económica, presupuestaria, administrativa e institucional de todos los organismos que integran el sector público provincial, incluidos los tres poderes del Estado, entes descentralizados, empresas con participación estatal, sociedades del Estado y fideicomisos públicos.
El eje central del proyecto es pasar de un sistema basado en pedidos de acceso a la información a un modelo de transparencia activa, en el que los organismos publiquen de manera periódica, actualizada y en formatos digitales abiertos toda la información vinculada con la utilización de fondos públicos, sin necesidad de que los ciudadanos o los legisladores la soliciten previamente.
En los fundamentos, el Tribunal sostiene que la iniciativa busca simplificar y unificar normas actualmente dispersas, aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles y facilitar tanto el control parlamentario como el control ciudadano sobre la administración de los recursos públicos. También señala que el acceso oportuno a la información fortalecería el trabajo legislativo al momento de analizar las cuentas de inversión y elaborar los presupuestos provinciales.
El organismo recuerda que la Constitución fueguina asigna a la Legislatura la responsabilidad de aprobar o rechazar la Cuenta de Inversión y establece al Tribunal de Cuentas como su órgano técnico de asistencia, encargado de analizar la ejecución presupuestaria y emitir informes sobre la administración de los fondos públicos. En ese marco, considera que contar con información pública permanente permitiría ejercer un control más eficiente sobre la gestión estatal.
Entre las principales obligaciones previstas, el proyecto establece que los organismos deberán publicar mensualmente información sobre compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, ingresos, deuda pública, movimientos del Tesoro, subsidios, convenios, órdenes de pago, fondos permanentes, patrimonio, concesiones, transferencias a municipios, balances y estados contables, además de la estructura organizativa, autoridades y planes de gestión. La información deberá estar disponible en sitios web institucionales, ser gratuita, de fácil acceso y presentada en formatos reutilizables.
La iniciativa también propone que el Banco de Tierra del Fuego publique los movimientos de las cuentas correspondientes a organismos públicos provinciales y sus estados contables, diferenciando expresamente esa información de las cuentas de particulares, alcanzadas por el secreto bancario.
Otro aspecto central es que el Tribunal de Cuentas sería la autoridad de aplicación de la ley. Tendría facultades para controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, requerir la corrección de incumplimientos, llevar un registro público de los organismos alcanzados y aplicar sanciones a los funcionarios responsables cuando existan incumplimientos reiterados.
Según el proyecto, el objetivo final es consolidar un sistema que garantice mayor transparencia, fortalezca la rendición de cuentas, facilite el acceso a la información pública y reduzca los márgenes de discrecionalidad en la administración de los recursos estatales, en línea con los principios establecidos por la Constitución provincial, la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de acceso a la información y lucha contra la corrupción.
