na ciudad que se acostumbra al desorden rara vez advierte el momento exacto en que deja de funcionar. No sucede de un día para otro. Ocurre lentamente, hasta que encontrar un lugar para estacionar deja de ser una molestia ocasional y pasa a convertirse en una característica permanente del paisaje urbano. Ushuaia ha llegado a ese punto.
Detengámonos unos minutos y reflexionemos sobre lo siguiente: La discusión sobre el estacionamiento suele reducirse a una queja cotidiana de automovilistas. Ese es un error. Lo que está en juego no es la comodidad de quien conduce, sino la capacidad del Estado para administrar un recurso escaso: el espacio público.
En una ciudad que crece año tras año, que recibe un volumen turístico sin precedentes y que concentra buena parte de su actividad económica en unas pocas cuadras del microcentro, resulta sorprendente la ausencia de una política pública integral sobre estacionamiento. A las claras queda al desnudo la inexistencia de un plan integral plan sobre movilidad urbana. Apenas una sucesión de decisiones aisladas.
Mientras muchas ciudades del mundo desalientan el uso prolongado del automóvil particular mediante sistemas inteligentes de tarifas, zonas dinámicas y controles efectivos, Ushuaia parece haber optado por la inercia. El resultado es previsible: vehículos ocupando durante horas —y muchas veces durante días— espacios públicos que deberían tener una alta rotación para favorecer la actividad comercial, mejorar la circulación y facilitar el acceso a los servicios.
Pero el problema no termina allí.
Tampoco existen incentivos reales para que el sector privado invierta en soluciones. Ni el Municipio ni la Provincia han impulsado desgravaciones impositivas destinadas a promover la construcción de playas de estacionamiento o edificios específicos para ese fin. Tampoco se han instrumentado concesiones de tierras o espacios públicos que permitan desarrollar infraestructura destinada a absorber parte de la creciente demanda.
Hagamos el ejercicio de pensar de forma más amplía y con espíritu en pos de contribuir a la solución del problema: La Provincia puede desempeñar un papel decisivo en articulación con las ciudades mediante la desgravación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los nuevos establecimientos que presten el servicio de estacionamiento en los centros urbanos. Una política de estas características permitiría estimular inversiones privadas que hoy no encuentran condiciones favorables para desarrollarse y ampliar la oferta sin trasladar todo el peso de la demanda al espacio público. Del mismo modo, podrían evaluarse concesiones de tierras o espacios estratégicos para el desarrollo de infraestructura destinada al estacionamiento.
Pero, tanta inacción tiene consecuencias evidentes: toda la presión continúa descargándose sobre la calle.
Paradójicamente, mientras el Estado no genera nuevos espacios de estacionamiento, continúa reduciendo los existentes mediante una política de autorizaciones exclusivas cuya lógica resulta, cuanto menos, difícil de comprender, al mismo tiempo que se siguen aprobando nuevos edificios que no cumplen con la cantidad de cocheras que exige la normativa para la magnitud de los emprendimientos.
A ello se suma una responsabilidad institucional que no puede soslayarse. El Concejo Deliberante de Ushuaia se ha convertido en uno de los principales responsables del deterioro de la movilidad urbana al continuar otorgando excepciones al Código de Planeamiento Urbano que permiten modificar el destino de los espacios obligatoriamente previstos para estacionamiento, reemplazándolos por metros cuadrados destinados a otros usos. Cada excepción aprobada incrementa la demanda sobre la vía pública y traslada al conjunto de la comunidad el costo de decisiones particulares.
Un caso emblemático es el nuevo edificio de la Clínica de la UOM, emplazado a escasos metros de uno de los principales centros privados de salud de la ciudad, del Hospital Regional Ushuaia y de uno de los supermercados de mayor concurrencia del sector. Autorizar una obra de semejante magnitud sin exigir el cumplimiento pleno de las previsiones de estacionamiento implica profundizar un problema que luego padecen diariamente vecinos, trabajadores, pacientes y visitantes.
Las excepciones urbanísticas deben ser precisamente eso: excepciones. Cuando se transforman en una práctica habitual dejan de favorecer el desarrollo para convertirse en un mecanismo que consolida el caos en detrimento del orden, la planificación y la calidad de vida urbana.
Por lo tanto, los permisos de estacionamiento exclusivo también deberían constituir excepciones justificadas por necesidades objetivas y limitadas en el tiempo. Sin embargo, en numerosos sectores del centro parecen haberse transformado en una práctica rutinaria, muchas veces otorgando amplias franjas horarias de uso exclusivo a comercios cuya operatoria difícilmente justifique semejante privilegio.
El caso de la calle 25 de Mayo, entre Deloqui y Gobernador Paz, se ha convertido en un ejemplo emblemático. Allí se autorizaron tres espacios exclusivos para un minimercado, restringiendo durante gran parte del día el uso de lugares que pertenecen al conjunto de la comunidad. Es apenas uno entre varios casos que alimentan una creciente sensación de arbitrariedad.
Cada metro cuadrado reservado sin una justificación técnica sólida significa un metro cuadrado menos disponible para cientos de vecinos, trabajadores, turistas y clientes que diariamente intentan acceder al centro.
La pregunta inevitable es sencilla: ¿bajo qué criterios se otorgan estos permisos? ¿Existe una evaluación técnica? ¿Se revisan periódicamente? ¿Se mide el impacto que producen sobre la movilidad urbana? La ausencia de respuestas transparentes alimenta la percepción de que el interés particular termina prevaleciendo sobre el interés general.
Como si ello no bastara, otro fenómeno contribuye diariamente al colapso: el estacionamiento indiscriminado en la vía pública de vehículos de transporte turístico, maquinaria vial y camiones en distintos sectores de la ciudad.
No se trata de demonizar actividades indispensables para la economía local. El turismo es uno de los motores de Ushuaia y la logística resulta esencial para abastecer una ciudad aislada geográficamente. Pero precisamente por esa importancia requieren reglas claras.
No resulta razonable que combis y colectivos turísticos permanezcan estacionados durante horas en zonas comerciales, que maquinaria pesada ocupe espacios urbanos destinados a vehículos particulares o que camiones utilicen calles céntricas como playas de espera. Todas esas actividades deberían contar con áreas específicas, horarios definidos y controles permanentes.
Las ciudades exitosas no eliminan los conflictos entre distintos usos del espacio urbano; los administran.
Ushuaia necesita abandonar la lógica de las soluciones improvisadas y discutir una verdadera política integral de movilidad. Ello implica revisar el sistema de estacionamiento medido, establecer límites efectivos al estacionamiento prolongado, transparentar y restringir los permisos exclusivos, exigir el cumplimiento estricto de las normas urbanísticas en las nuevas construcciones, generar incentivos fiscales para inversiones privadas en playas y edificios de estacionamiento mediante una acción coordinada entre Provincia y municipios, analizar concesiones de terrenos estratégicos para nueva infraestructura y ordenar definitivamente el estacionamiento de colectivos turísticos, camiones y maquinaria pesada.
Nada de ello requiere inventar soluciones extraordinarias. Basta con observar lo que otras ciudades turísticas ya han implementado con éxito.
Porque el verdadero problema no es que falten lugares para estacionar.
El verdadero problema es que hace demasiado tiempo falta una política para administrar el espacio público.
Y cuando una ciudad deja de gobernar su espacio común, termina gobernada por el caos.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
