l Gobierno ratificó el convenio celebrado entre el Ministerio de Producción y Ambiente y el Banco de Tierra del Fuego (BTF) para la implementación de una nueva Línea de Crédito para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas, destinada a financiar proyectos de inversión en distintos sectores de la economía provincial.
El decreto, firmado el 1 de julio por la vicegobernadora Mónica Urquiza en ejercicio del Poder Ejecutivo, ratifica el convenio suscripto el 11 de junio de 2026 por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y el gerente general del Banco de Tierra del Fuego, Juan José Duarte Zalazar.
La nueva herramienta reemplaza al convenio firmado en 2022, cuya vigencia de dos años ya había concluido, y actualiza las condiciones de financiamiento para continuar acompañando a emprendimientos productivos de la provincia.
Según el convenio, la línea de crédito está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades productivas, servicios vinculados a la producción o procesos que agreguen valor a las cadenas productivas locales.
Entre los objetivos planteados se encuentran facilitar el acceso al financiamiento para proyectos de inversión, fortalecer las cadenas de valor fueguinas y contribuir al desarrollo económico y a la generación de mejores condiciones para la comunidad.
La operatoria establece una distribución de responsabilidades entre el Ministerio de Producción y Ambiente y el Banco de Tierra del Fuego. La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME será la encargada de recibir las solicitudes, brindar asistencia técnica para la formulación de proyectos, evaluarlos y realizar una precalificación antes de su aprobación.
Por su parte, el Banco actuará como agente financiero de la línea, administrando el otorgamiento de los préstamos, la apertura de cuentas cuando corresponda, la acreditación de los fondos, la cobranza de las cuotas, la emisión de rendiciones mensuales y la gestión de mora temprana de hasta 90 días de atraso.
El convenio también establece que los recursos para financiar los créditos serán aportados directamente por el Ministerio de Producción y Ambiente y depositados en una cuenta especial del Banco de Tierra del Fuego, desde donde se efectuarán los desembolsos a los beneficiarios una vez autorizados.
Como condición para acceder a los préstamos, los beneficiarios deberán trasladar su operatoria bancaria al Banco de Tierra del Fuego. Asimismo, el Ministerio conservará la facultad de autorizar refinanciaciones o facilidades de pago y realizará el seguimiento técnico de los proyectos financiados para verificar el destino de los fondos.
La línea contempla condiciones diferenciadas según el perfil de los beneficiarios. En el caso de quienes desarrollen actividades de servicios, los créditos podrán destinarse a la adquisición de bienes de capital e infraestructura. Para las empresas y cooperativas vinculadas a la producción y a los servicios de apoyo a la producción, el financiamiento alcanzará además capital de trabajo, obras de infraestructura, certificaciones, habilitaciones, registros de productos, patentes y modelos de utilidad, entre otros conceptos.
El esquema establece un monto máximo de hasta $1.500.000 para emprendimientos de servicios y de hasta $5.000.000 para actividades productivas y de apoyo a la producción. Los préstamos tendrán un plazo de devolución de hasta 15 meses para créditos de hasta $1.500.000 y de hasta 36 meses para montos superiores, con un período de gracia de hasta tres meses sobre el capital, incluido dentro del plazo total de la financiación.
Asimismo, el convenio fija una tasa del 25% nominal anual (TNA). En cuanto a las garantías, los créditos de hasta $1.500.000 requerirán la firma de un pagaré por el monto solicitado, mientras que las operaciones superiores deberán contar con un pagaré respaldado por un codeudor solidario que demuestre solvencia mediante bienes registrables, ingresos u otra documentación respaldatoria.
El acuerdo determina que ante el incumplimiento del beneficiario, la mora operará automáticamente y aplicará un interés punitorio equivalente a un 50% adicional sobre la tasa originalmente pactada para el crédito.
La vigencia del convenio será de dos años, con posibilidad de renovación mediante un nuevo acuerdo entre las partes. No obstante, aun en caso de vencimiento o rescisión, el Banco y el Ministerio deberán continuar administrando los créditos ya otorgados hasta su cancelación definitiva.
