l proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de tierras rurales volverá a ser tratado por el Senado el 6 de agosto, luego de que la Cámara pasara a un cuarto intermedio para continuar negociando su redacción. El texto ya atravesó 17 versiones y mantiene abierta una discusión sobre las facultades provinciales, la adquisición de inmuebles por capitales extranjeros, la protección de bosques nativos y los controles que conservará la Nación.
Belén Monte de Oca, senadora nacional del bloque La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo no es avanzar sobre las provincias, sino devolverles atribuciones que hoy regula una norma nacional. También respaldó la decisión del Gobierno de subastar inmuebles nacionales considerados ociosos y cuestionó la falta de planificación urbana sobre los terrenos involucrados en Ushuaia.
La senadora explicó que la postergación del debate busca incorporar nuevas observaciones y evitar que la ley sea aprobada únicamente por una mayoría circunstancial. "Vamos por la versión 17 y eso implica que estamos abiertos a que haya consenso. Podríamos reunir los votos y aprobar el proyecto como lo envió el Ejecutivo, pero no es la intención. Son leyes importantes para el federalismo y queremos que puedan aplicarse en todo el territorio", sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto reduciría las facultades provinciales para regular la venta y el destino de las tierras rurales. Monte de Oca rechazó esa interpretación y aseguró que el nuevo texto establece expresamente que cada jurisdicción conservará el control dentro de sus límites. "Es justamente al revés. El proyecto federaliza la cuestión de las tierras rurales y reconoce que la provincia es la que mejor conoce cuáles son sus tierras productivas, sus reservas naturales y qué superficies pueden ser vendidas a nacionales o extranjeros", afirmó. Según precisó, la Nación sólo intervendrá cuando el comprador sea una empresa extranjera con participación estatal.
Entre las modificaciones incorporadas al proyecto, el oficialismo eliminó las disposiciones vinculadas con el Registro Nacional de Barrios Populares, retiró el mecanismo de silencio administrativo y mantuvo en manos provinciales la decisión de autorizar o rechazar operaciones. Además, incorporó una cláusula para impedir que los bosques nativos afectados por incendios cambien posteriormente de uso, tras los planteos realizados por organizaciones ambientalistas.
Atribuyó las principales resistencias a posicionamientos políticos y aseguró que las objeciones técnicas fueron atendidas durante el trabajo legislativo. "Hay preguntas sólidas que deben responderse, pero otras críticas pasan por oponerse al proyecto y plantear cuestiones de soberanía o avance extranjero que no surgen de la redacción actual", señaló.
La discusión también alcanzó a Ushuaia, donde el Gobierno nacional inició el proceso para vender un predio de tres hectáreas junto a la planta Orión y notificó al Municipio que deberá desocupar las seis hectáreas de Bahía Golondrina utilizadas para almacenar sal. La administración municipal sostiene que esos terrenos deberían ser transferidos a la ciudad si dejaron de cumplir una función para el Estado nacional.
Monte de Oca confirmó que mantuvo contactos con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y explicó que la política de subastas alcanza a inmuebles nacionales sin utilidad en todo el país. Agregó que el destino de esas tierras no lo define la AABE, sino los municipios mediante sus códigos de planeamiento y zonificación.
La senadora afirmó que las autoridades de Ushuaia conocían la decisión desde fines de mayo y consideró improcedente que ahora cuestionen la titularidad nacional de los predios. "Cuestionar la titularidad de un inmueble reconocido desde hace más de 30 años es una discusión insólita. Si el Municipio quería organizar ese sector y definir si habría viviendas o proyectos productivos, debió comenzar a planificarlo hace diez u once años y no ahora", expresó.
Frente a la posibilidad de transferir directamente esos inmuebles a la Provincia o al Municipio, sostuvo que ambas administraciones pueden participar de la subasta o impulsar otra alternativa. Admitió que podría discutirse una cesión o compensación, aunque consideró que esa gestión debe ser promovida por el gobernador y el intendente. "Eventualmente todo se puede conversar, pero quienes tienen que desarrollar una estrategia son los Poderes Ejecutivos, porque conocen sus jurisdicciones", remarcó. También sostuvo que la falta de iniciativas durante los últimos años demuestra que esos terrenos tampoco fueron considerados prioritarios por las administraciones locales.
Por último, no descartó que las tierras sean adquiridas por privados y consideró que un emprendimiento productivo ajustado a la normativa también podría representar una oportunidad: "No veo como algo negativo que llegue un proyecto productivo, dentro de la ley y de la zonificación, que pueda generar empleo y movimiento económico", concluyó.
