ay una diferencia esencial entre administrar un patrimonio y liquidar un activo. Entre gobernar y vender. Entre representar el interés público y comportarse como un operador inmobiliario. Esa diferencia, que durante décadas constituyó uno de los pilares de la organización institucional de un país, parece hoy diluirse bajo una lógica donde todo aquello que posee un precio termina creyéndose disponible para el mercado.
La decisión del Gobierno nacional de subastar tres valiosos terrenos públicos en Tierra del Fuego —dos ubicados en Ushuaia y uno en Río Grande— bajo el argumento de que ya no poseen utilidad para la administración nacional, abre una discusión mucho más profunda que la simple enajenación de inmuebles. Obliga a preguntarse cuál es, verdaderamente, la función del Estado frente al territorio.
Porque el Estado no es una inmobiliaria.
Y precisamente por esa razón tampoco el mercado puede asumir el papel que corresponde al Estado.
Son instituciones diferentes. Cumplen funciones distintas. Responden a lógicas incluso contrapuestas.
Mientras el sector privado busca legítimamente maximizar rentabilidad y beneficios para sus accionistas, el Estado administra bienes cuya finalidad nunca es el lucro. Su misión consiste en custodiar un patrimonio colectivo para las generaciones presentes y futuras.
Cuando esa frontera desaparece, comienza a degradarse el concepto mismo de bien público.
Las tierras que hoy se pretende vender no son simples parcelas inscriptas en un registro catastral. Son remanentes del antiguo Territorio Nacional de Tierra del Fuego que nunca fueron transferidos durante la provincialización. Permanecieron bajo jurisdicción nacional porque representaban una reserva estratégica del Estado argentino.
No eran un stock inmobiliario. Eran patrimonio público.
Y el patrimonio público no pierde su sentido porque una oficina administrativa deje de utilizarlo.
La lógica empresarial sostiene que un activo improductivo debe venderse para obtener liquidez. Tiene sentido dentro de una empresa privada. No necesariamente dentro de un Estado. Porque el valor de una tierra pública no puede medirse exclusivamente por los millones que pueda recaudar una subasta.
Su verdadero valor reside en aquello que permite construir. Una escuela. Un hospital. Un parque urbano. Un centro cultural. Una reserva ambiental. Una estación de transporte. Viviendas. Infraestructura estratégica.
O simplemente la posibilidad de que las próximas generaciones dispongan de un espacio cuyo destino aún no conocemos.
Vender elimina para siempre todas esas alternativas.
La tierra pública posee un valor que ninguna tasación inmobiliaria puede calcular: conserva opciones para el futuro. Ese es precisamente el motivo por el cual los países preservan patrimonio territorial. No porque ignoren su precio. Sino porque conocen su importancia.
La función del Estado respecto de las tierras fiscales es mucho más amplia que la administración registral. Debe garantizar el bien común, proteger la soberanía territorial, ordenar el crecimiento urbano y preservar el ambiente.
Por eso existen los parques nacionales. Por eso existen las reservas naturales. Por eso existen las tierras fiscales. No fueron concebidas para generar rentabilidad financiera.
Fueron concebidas para producir valor público.
También cumplen un papel decisivo en la protección de la soberanía. El Estado evita la concentración excesiva de la tierra, limita procesos especulativos y conserva capacidad de intervención sobre espacios estratégicos. Especialmente en provincias fronterizas como Tierra del Fuego, donde la dimensión geopolítica nunca puede ser ignorada.
El territorio austral fueguino no constituye únicamente una superficie disponible para operaciones comerciales. Es la puerta argentina hacia el Atlántico Sur. Es la antesala de la Antártida. Es una provincia atravesada por intereses logísticos, científicos, ambientales y estratégicos que exceden largamente el valor inmobiliario de un lote.
Cada metro cuadrado público posee una dimensión política además de económica.
Existe también una responsabilidad ambiental ineludible. El Estado administra bosques, humedales, costas y ecosistemas cuya conservación difícilmente pueda quedar subordinada a la lógica del mercado. La biodiversidad jamás cotiza en una subasta. Tampoco la calidad del paisaje, la conectividad ecológica ni los servicios ambientales que esas tierras prestan silenciosamente.
Y finalmente aparece el componente social.
Las tierras públicas permiten desarrollar políticas de vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y actividades productivas. Constituyen herramientas para planificar ciudades y corregir desigualdades. Son la reserva estratégica de cualquier comunidad que pretenda crecer con orden y previsión. Una vez privatizadas, dejan de ser instrumentos de política pública para transformarse en activos privados cuya utilización dependerá exclusivamente de los intereses de quien resulte adjudicatario.
La subasta convierte un bien común en una oportunidad individual.
Ese cambio parece menor. No lo es. Porque modifica la naturaleza misma del patrimonio. Podrá argumentarse que esos terrenos no cumplen hoy una función concreta para la Nación. Tal vez sea cierto.
Pero la pregunta correcta no es si le sirven a una oficina del Estado nacional.
La pregunta es si pueden servirle a la sociedad.
Y allí aparecen los municipios de Ushuaia y Río Grande, que conocen mejor que nadie las necesidades presentes y futuras de sus comunidades. Si esos predios pueden transformarse en espacios verdes, infraestructura pública, viviendas, equipamiento urbano o reservas estratégicas, el primer destinatario lógico debería ser la propia comunidad fueguina y no el mejor postor de una subasta.
Pero existe un aspecto aún más delicado, uno que excede la discusión sobre el destino de tres inmuebles y se adentra en la calidad del federalismo argentino.
Porque ninguna decisión sobre el territorio puede tomarse ignorando al propio territorio.
Resulta difícil comprender que un gobierno nacional decida el destino definitivo de bienes públicos ubicados en Tierra del Fuego sin una instancia seria de consulta con las autoridades provinciales y municipales elegidas por los fueguinos. El federalismo no consiste únicamente en distribuir recursos entre jurisdicciones. Consiste, sobre todo, en reconocer que las provincias no son simples delegaciones administrativas de Buenos Aires. Son Estados preexistentes a la Nación, dotados de autonomía política, institucional y territorial.
Las ciudades conocen mejor que nadie sus déficits de infraestructura, sus necesidades habitacionales, sus reservas estratégicas y sus posibilidades de crecimiento. Son ellas quienes deberán convivir durante décadas con las consecuencias de una decisión que, sin embargo, se adopta a más de tres mil kilómetros de distancia.
Gobernar desde un escritorio porteño el destino del suelo fueguino reproduce una vieja enfermedad argentina: la idea de que el interior constituye apenas una extensión patrimonial administrada desde el centro del poder.
Es una lógica tan antigua como equivocada.
Y Tierra del Fuego conoce demasiado bien sus consecuencias.
La reciente intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional constituye un antecedente imposible de ignorar. Bajo fundamentos que nunca terminaron de demostrar una necesidad institucional convincente, la Nación desplazó a la provincia de la administración de una infraestructura estratégica para su desarrollo económico, logístico y geopolítico.
Ahora aparece un segundo movimiento. Primero fue el puerto. Ahora son las tierras públicas.
En ambos casos subyace una misma concepción: que los bienes estratégicos ubicados en Tierra del Fuego pueden administrarse desde Buenos Aires sin construir consensos con quienes gobiernan legítimamente el territorio.
Eso no fortalece al Estado nacional. Debilita al federalismo.
Porque el federalismo no consiste en que la Nación conserve la facultad de decidirlo todo, sino precisamente en compartir responsabilidades, respetar autonomías y reconocer que el interés nacional también se construye desde las provincias.
Paradójicamente, mientras el discurso oficial reivindica la libertad frente a la intervención estatal en la economía, el propio Estado nacional concentra cada vez más decisiones estratégicas sobre territorios cuya realidad cotidiana desconoce.
No hay aquí una contradicción económica. Hay una contradicción institucional.
Y las instituciones, cuando comienzan a naturalizar excepciones, terminan modificando silenciosamente la forma en que un país se gobierna.
Cada parcela pública que desaparece reduce el margen de decisión del Estado y amplía el espacio de la especulación privada.
Una vez vendidas, esas tierras ya no vuelven. El dinero del remate se gasta.
La tierra permanece para siempre en otras manos. Y allí reside el verdadero problema.
No se trata simplemente de vender tres terrenos. Se trata de decidir qué clase de Estado queremos construir. Uno que administre el patrimonio común con visión de largo plazo.
O uno que, confundiendo eficiencia con liquidación, termine creyendo que gobernar consiste en rematar aquello que alguna vez perteneció a todos.
Porque gobernar no consiste en desprenderse del patrimonio común cuando una planilla contable lo considera prescindible. Gobernar consiste en administrar el territorio con visión histórica, respetando el federalismo, escuchando a las comunidades que habitan ese suelo y comprendiendo que existen bienes cuyo verdadero valor no puede medirse en dólares ni resolverse en un remate público.
Las tierras fiscales, especialmente en una provincia estratégica como Tierra del Fuego, pertenecen antes al interés colectivo que al mercado.
Y cuando el Estado comienza a comportarse como una inmobiliaria, deja de administrar patrimonio para empezar a liquidar futuro.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
