rente a la decisión del gobierno nacional de subastar tierras al mejor postor, el legislador provincial Matías Lapadula sostiene que tanto la Provincia como los municipios podrían utilizar sus propias facultades para condicionar el desarrollo de los terrenos que el Gobierno nacional puso a la venta en Tierra del Fuego.
Esa es una de las alternativas que planteó Lapadula, quien además confirmó que analiza una iniciativa legislativa para fortalecer las herramientas provinciales y consideró que la Legislatura debería expresar una posición institucional frente a las subastas impulsadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El legislador del bloque Provincia Grande sostuvo que la decisión del Ejecutivo nacional no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto del proyecto que actualmente se debate en el Senado y que propone modificar el régimen de tierras rurales, eliminando restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros y capitales extranjeros. "Yo no puedo analizar estas medidas de poner a la venta todos estos terrenos sin tener en cuenta también el proyecto que quiere llevar adelante el Gobierno nacional. Muchos de ellos tienen un valor estratégico y no pueden separarse de esa discusión", afirmó.
Aunque reconoció que el Gobierno nacional posee facultades para disponer de esos bienes, sostuvo que existen competencias locales que permiten fijar límites sobre el uso que podrán tener esos predios una vez vendidos. "Me parece que sí se pueden tomar medidas tanto desde la Provincia como desde los municipios. Si hay alguien que quiere hacer un negocio inmobiliario con determinados terrenos, legislar sobre el uso del suelo es muy importante para que esos negocios no sean posibles", expresó.
En ese sentido, explicó que Río Grande ya avanza en una ordenanza de ordenamiento territorial que definirá el crecimiento urbano de la ciudad para las próximas décadas y consideró que ese trabajo representa una oportunidad para establecer restricciones sobre los inmuebles involucrados en las subastas. "Se está definiendo qué uso tendrá cada sector de la ciudad durante los próximos 30 o 40 años. No podremos hacerlo desde la propiedad, pero sí desde el uso que se le va a dar a esos terrenos. Me parece que hay que aprovechar ese trabajo y plantearlo también a nivel provincial y en Ushuaia", indicó.
Lapadula reveló además que comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar una legislación propia de Tierra del Fuego para ampliar las herramientas de intervención provincial, aunque admitió que se trata de una materia donde gran parte de las competencias corresponden al Congreso de la Nación. "Estoy trabajando para ver cómo podemos tener una legislación propia de la provincia. No es fácil, pero estoy convencido de que desde Tierra del Fuego algo podemos hacer porque no podemos permitir que avance una extranjerización de tierras", sostuvo.
Además, evaluó el rol que podría asumir la Legislatura provincial. Si bien aclaró que actualmente no puede impartir instrucciones obligatorias a los representantes nacionales, entendió que sí corresponde emitir una manifestación política en defensa de los intereses fueguinos y reclamar que, si el Estado nacional decide desprenderse de esos bienes, sean transferidos a la Provincia o a los municipios antes de salir a remate. "Podemos manifestarnos claramente para requerir a los representantes de Tierra del Fuego que defiendan los intereses de la provincia. Y si el Gobierno nacional quiere desprenderse de esos bienes, que pasen a ser patrimonio de la Provincia o de los municipios cuando corresponda", manifestó.
El legislador también cuestionó que el Ejecutivo nacional no haya explicado cuál será el destino de los recursos obtenidos mediante las ventas y consideró que desprenderse de patrimonio público sin un objetivo concreto carece de justificación. "Desprenderse de bienes debería tener algún sentido. Uno vende algo para hacer otra cosa, pero acá no hay nada detrás. Estamos hablando de bienes que después son irrecuperables", señaló.
Finalmente, insistió en que la discusión excede el aspecto inmobiliario y debe contemplar el carácter estratégico del territorio fueguino. En ese marco, pidió avanzar en normas que preserven la capacidad de decisión de la Provincia sobre el desarrollo urbano y el uso de sus tierras. "La tierra es algo que no se produce, no vamos a tener más territorio. Tenemos que poner todos los límites que podamos desde la provincia para impedir que esto se haga de cualquier forma", concluyó.
