l Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego comenzó a analizar una reforma del sistema de selección de jueces que apunta a establecer criterios más objetivos, reducir el margen de discrecionalidad de los consejeros y garantizar decisiones fundadas para quienes participan de los concursos.
Marcelo Castelli, representante de los abogados de Río Grande y Tolhuin ante el organismo, respaldó la necesidad de modificar el procedimiento vigente y confirmó que la discusión incluirá tanto la iniciativa remitida por el Superior Tribunal de Justicia como el proyecto presentado anteriormente por Federico Pagano Zavalía, representante de los letrados del Distrito Sur. “El envío del proyecto surge de la conversación que tuvimos con el Superior Tribunal, donde se consensuó avanzar en la reglamentación y mejora del sistema. Nosotros ya veníamos trabajando sobre los concursos y la selección de postulantes, así que ahora habrá que buscar puntos de acuerdo para obtener el mejor reglamento posible”, explicó.
Castelli sostuvo que la revisión debe fortalecer la legitimidad de las designaciones y permitir que los aspirantes conozcan de antemano cómo serán evaluados. A su criterio, el sistema actual deja un margen demasiado amplio para las decisiones personales de los integrantes del Consejo. “Es necesario reducir la discrecionalidad, aumentar la transparencia y fortalecer la legitimidad del proceso de selección de magistrados. El sistema vigente es sumamente perfectible y deja demasiada discrecionalidad a los consejeros al momento de tomar las decisiones”, afirmó.
Los dos proyectos bajo análisis coinciden en asignar puntajes específicos a las diferentes instancias de evaluación. Los antecedentes profesionales, los exámenes y las entrevistas dejarían de depender exclusivamente de apreciaciones generales y pasarían a estar sujetos a parámetros previamente establecidos. “Ambas propuestas buscan hacer el procedimiento más objetivo y fijar puntajes para cada etapa. Hay que analizar qué se puede tomar de una y de otra, compatibilizarlas y después decidir qué resulta más adecuado para cumplir con ese objetivo”, señaló.
La iniciativa del Superior Tribunal incorpora además mecanismos de trazabilidad y herramientas vinculadas con la inteligencia artificial. Castelli consideró que esas innovaciones deberán estudiarse con mayor profundidad para determinar su alcance y evitar que el concurso se transforme en un procedimiento demasiado complejo. “Hay cuestiones innovadoras que deben ser analizadas. A mí me gustan los mecanismos más simples y puntuales para que el proceso no resulte engorroso, pero eso no significa que estén mal. Hay que leerlas con detenimiento y evaluar qué pueden aportar”, expresó.
Uno de los principales cuestionamientos al sistema vigente es que los postulantes no siempre conocen con claridad las razones por las que una candidatura resulta elegida por encima de las demás. Según Castelli, esa falta de reglas precisas también puede desalentar a profesionales con condiciones para presentarse. “Los aspirantes no terminan de conocer cuáles son los criterios para que uno u otro candidato sea seleccionado. Muchos colegas no se presentan justamente por la discrecionalidad existente y por las sospechas de imparcialidad que puede generar la forma de elección”, sostuvo.
El consejero planteó que cada participante debe recibir una decisión fundada, independientemente del resultado del concurso. Esa devolución, remarcó, debe estar basada en pautas conocidas y en una valoración concreta de cada instancia de evaluación. “Hasta acá llegamos con esta forma de selección. La transparencia y el derecho a contar con una decisión fundada en reglas claras son cuestiones indiscutibles. Se podrá discutir cuánto margen deben conservar los consejeros, pero no la necesidad de explicar y justificar cada resolución”, remarcó.
Castelli también compartió el proyecto que ya se encontraba bajo estudio con abogados del foro de Río Grande para recibir observaciones y sumar propuestas. Consideró que la elaboración del nuevo reglamento debe incluir la participación de los profesionales que eventualmente podrían intervenir en los concursos. “Hay aspectos que uno puede no advertir y que otro letrado puede considerar importantes. Esos aportes deben ser analizados y después habrá que alcanzar los consensos necesarios para aprobar un reglamento que reúna las mejores sugerencias”, indicó.
El nuevo procedimiento no se aplicaría a los concursos actualmente abiertos, pero podría comenzar a regir en las convocatorias posteriores. “Mi idea es que antes de fin de año el reglamento ya esté aprobado y en funcionamiento. No es demasiado compleja su elaboración: hay que sentarse, trabajar y buscar consensos en los puntos donde existan diferencias”, concluyó.
