l ajuste de Javier Milei no elimina las necesidades sociales; más bien las transfiere a provincias y municipios que necesitan mantener servicios y prevenir el declive social
El modelo de Milei comienza con una crítica válida. El Estado argentino era caótico, al igual que muchas dependencias, privilegios y mecanismos de distribución que estaban subordinados a intereses políticos. Eso sería negar un sistema que fue mal gestionado durante décadas y un sistema que confundía la protección social con el clientelismo. Pero reconocer estos vicios no significa que toda intervención pública sea mala o que un recorte sea una mejora. La motosierra ya no distingue entre estructuras prescindibles y funciones básicas o que los ahorros nacionales se logran transfiriendo livianamente responsabilidades a otros niveles de gobierno.
Las necesidades no desaparecen cuando se deja de lado una partida presupuestaria. Un paciente aún necesita atención, una escuela debe funcionar, una carretera necesita mantenimiento y una familia sin dinero puede necesitar ayuda. Cuando la Nación se retira, estas necesidades no desaparecen; cambian de ventanilla. Ahí está una de las mayores contradicciones del experimento libertario.
El ajuste nacional puede verse como una reducción del Estado porque hay otro Estado que absorbe sus consecuencias. Las provincias y municipios acogen a quienes abandonan la medicina privada, mantienen la educación pública, enfrentan emergencias sociales y responden a servicios que ya no están disponibles a nivel nacional. Así que la contención se vuelve subnacional. El Estado nacional es más pequeño en algunos aspectos, pero el Estado argentino no desaparece. Parte de sus responsabilidades recaen en gobernadores e intendentes que tienen que lidiar con problemas reales. La gente vive con un hospital sin insumos, una escuela pobre y una comunidad descuidada. La gente no habla con la teoría económica sobre esto: quieren respuestas. Esta realidad exige replantearse el uso indiscriminado del término casta.
Una cosa es denunciar la corrupción, el nepotismo o los privilegios. Otra es suponer que todo liderazgo político y administración territorial conducen a una deformación inútil de la democracia. Al igual que el presidente, los gobernadores e intendentes deben ser cuestionados por el manejo de los fondos, su gestión y transparencia. Pero estos últimos también son autoridades electas que responden a las comunidades. Alguien necesita gestionar conflictos, establecer prioridades y proporcionar servicios cuando el mercado no puede, no quiere o no tiene ganancias para hacerlo. Esa estructura, con todas sus deficiencias, es a menudo la última fase de contención antes de que una necesidad se convierta en abandono.
Argentina está atravesada por grandes distancias, por poblaciones dispersas y por economías regionales débiles. El mercado puede construir una clínica donde haya ganancias, pero no tiene el deber, ni el interés de garantizar un hospital o una carretera estratégica con poco tráfico. Ahí está ese otro Estado para lidiar con problemas que no pueden ser resueltos por la empresa privada. Allí, la conversación se federaliza.
Las provincias asumen la mayor parte de la responsabilidad por los servicios más básicos, pero la Nación tiene significativamente mejores capacidades de ingresos, financieras y regulatorias.
El desequilibrio se vuelve más importante cuando el poder central reduce transferencias, anula programas, detiene trabajos o deja áreas sin mover recursos, personal e infraestructura. Entonces, en lugar de una descentralización ordenada, se hace un cambio unilateral. La Nación deja de financiar el desarrollo y las provincias tendrán que pagar por el deterioro, detener servicios o transferirlo a la gente. Así, el equilibrio fiscal nacional puede basarse en desequilibrios provinciales. El déficit no desaparece: se transforma en hospitales sin capacidad, carreteras abandonadas, impuestos locales más altos, endeudamiento o pérdida de servicios. El gasto desaparece del presupuesto nacional pero permanece en la realidad diaria como una serie de cosas.
El debilitamiento del Estado nacional puede crear una nación de ciudadanía fragmentada con derechos iguales pero diferentes posibilidades. La cuestión fiscal entonces se convierte en: ¿Por qué la Nación recauda impuestos si deja de ofrecer cada vez más servicios?
Los impuestos nacionales pagan pensiones, seguridad social, defensa, justicia federal, deuda pública y redistribución. Y no se puede decir que la Nación no lleva a cabo ninguna función en absoluto. Pero la legitimidad fiscal no es solo la cantidad de dinero en la reserva del Banco Central. Se trata de un vínculo sólido entre lo que el Estado está recaudando, lo que está pagando y lo que hace por la gente. La pregunta más obvia es por qué la Nación todavía puede mantener algún poder fiscal si va a abandonar algunas de las funciones que una vez lo justificaron.
Si las provincias tienen que pagar más por salud, educación, seguridad, infraestructura y asistencia, necesitan el dinero de manera más consistente y predecible. La Nación tiene poder financiero pero las provincias necesitan cuidar, gestionar y responder a la sociedad. Eso significa que el gobierno central puede mantener el presupuesto equilibrado y graciosamente, el conflicto político se transfiere a gobernadores e intendentes.
Y la paradoja se vuelve aún más obvia cuando el discurso libertario luego cuestiona desde la tribuna a las provincias por el costo de funcionamiento, por aumentar impuestos, tarifas, y por no recortar costos. Pero si van a tener que reemplazar programas nacionales y responder a la creciente demanda de servicios, entonces es realmente complicado suponer que no se vean obligadas a recortar servicios, agregar recursos, incurrir en deudas o dejar necesidades insatisfechas. No decimos aquí que los gobiernos provinciales sean víctimas, sino que indudablemente sufren por ello.
Cierto es que muchas han utilizado el federalismo para justificar gastos opacos, instituciones sobredimensionadas y privilegios. No referimos que no sean necesarias reformas, transparencia y eficiencia, pero eso no significa que no valgan nada.
Reformar el Estado no debería significar destruirlo. La alternativa no es elegir un Estado omnipresente sobre uno ausente; es decidir qué funciones pertenecen a la Nación, cuáles a las provincias, cuáles a los municipios y cómo financiarlas.
Milei abrió una discusión sobre el costo, la eficiencia y los límites del Estado. Su debilidad es cuando piensa que recortar partidas presupuestarias va a resolver los problemas que abordaban. El gasto puede desaparecer de una hoja de cálculo, pero la enfermedad, la pobreza, el aislamiento y la falta de infraestructura persisten.
La gran contradicción libertaria es que necesita al Estado para demostrar que el Estado no es necesario. Necesita hospitales provinciales para evitar que el retiro de la salud nacional conduzca a una falta de protección para las personas, necesita a gobernadores e intendentes para canalizar el conflicto, necesita gobiernos locales para mantener escuelas, carreteras, servicios y asistencia en funcionamiento. Y finalmente, le guste o no, necesita ese liderazgo territorial que llama "casta" para contener el impacto social de su programa.
La pregunta ahora no es solo sobre cuánto intervencionismo estatal necesita Argentina. También se trata de quién paga por el ajuste, qué nivel de gobierno asume los costos y hacia dónde va la recaudación nacional.
Si la Nación quiere ofrecer menos servicios, entonces necesita aclarar qué responsabilidades mantendrá, cuáles volverán a las provincias y qué tipo de compensación pagará. Si las respuestas provienen de las provincias y municipios, el país no tendrá menos gobierno: tendrá un gobierno fragmentado y más desigual, financiado por una distribución de recursos que ya no refleja quién realmente sostiene los servicios.
La última pregunta es inevitable: ¿puede la Nación retener el poder de recaudar mientras delega progresivamente la obligación efectiva de gobernar?
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
