a posibilidad de que el Congreso elimine las restricciones nacionales para la adquisición y concentración de tierras por parte de capitales extranjeros abrió una discusión en Tierra del Fuego sobre las herramientas disponibles para proteger el territorio y sus recursos naturales desde la legislación provincial y las normas municipales.
Matías Lapadula, legislador provincial del Partido Político Provincia Grande, cuestionó el proyecto nacional denominado de inviolabilidad de la propiedad privada y sostuvo que la propuesta busca derogar un conjunto de normas construidas durante los últimos veinte años para limitar la extranjerización, la concentración territorial y la compra de inmuebles en zonas fronterizas. “Lo llaman proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero eso es un eslogan para promover una ley que pretende derogar todas las normas nacionales destinadas a proteger un activo tan importante y estratégico como el territorio. Existen límites a la compra por parte de personas o capitales extranjeros, restricciones a la concentración y regulaciones especiales en zonas de frontera que están directamente relacionadas con la soberanía”, afirmó.
Ante la posibilidad de que la iniciativa obtenga respaldo en el Senado, el legislador consideró necesario avanzar con una estrategia propia. Tierra del Fuego, posee una condición particular por su carácter bicontinental, su proyección antártica y la ocupación británica de una parte de su territorio. “No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas legislativas provinciales y municipales para establecer límites. Tenemos que ser los fueguinos, los riograndenses y los ushuaienses quienes decidamos qué hacer con nuestras tierras, y no permitir que esa decisión se tome desde un sillón en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
La propuesta establece la prohibición de vender tierras fiscales provinciales a personas o capitales extranjeros. También incorpora una restricción durante cincuenta años para impedir que un comprador argentino transfiera posteriormente esos inmuebles a extranjeros y eluda de ese modo la prohibición inicial.
Lapadula reconoció que la Provincia no puede impedir la venta de propiedades privadas porque esa materia corresponde a la legislación nacional, pero señaló que sí puede regular el uso del suelo, las actividades autorizadas y la explotación de los recursos naturales. “Las normas son de distinto nivel. No podemos prohibir que un propietario privado venda su tierra a un extranjero porque estaríamos avanzando sobre facultades cedidas a Nación. Pero podemos trabajar sobre los límites que corresponden a la Provincia, porque dentro del territorio están los recursos hídricos, las turberas y otros recursos naturales cuya regulación nos pertenece”, explicó.
El legislador agregó que los municipios también pueden intervenir mediante los códigos urbanos y la planificación territorial. Aunque una administración local no pueda impedir que el Estado nacional subaste un inmueble, sí puede determinar qué tipo de construcción o actividad será autorizada sobre ese espacio. “Tal vez no podamos impedir una venta, pero sí evitar que se concrete el negocio inmobiliario que está detrás de esa operación. Desde los gobiernos locales se puede definir qué uso tendrá la tierra, qué permite el código urbano y qué actividades pueden desarrollarse. Es una forma concreta de contrarrestar decisiones nacionales que avanzan sobre el territorio”, indicó.
Lapadula relacionó esas facultades con la necesidad de integrar las tierras nacionales a la planificación de las ciudades. Como antecedente, mencionó la utilización de terrenos de la Armada para abrir corredores viales en Río Grande, a partir de acuerdos con el Gobierno nacional. “No puede tratarse solamente de una decisión inmobiliaria. Esos terrenos deben incorporarse a la planificación urbana de Río Grande, Ushuaia o Tolhuin, porque cada ciudad define hacia dónde quiere crecer y cuáles serán sus principales corredores. No se puede vender sin considerar qué necesitan y qué proyectan los fueguinos”, remarcó.
El proyecto será puesto a consideración de la Legislatura con la intención de alcanzar un acuerdo amplio. Lapadula sostuvo que una mayoría circunstancial no garantizaría su permanencia y planteó que la protección territorial debe sostenerse como una política provincial de largo plazo. “No quiero que la ley se apruebe porque sí. Necesitamos que exista un convencimiento general sobre la importancia de proteger nuestro territorio y nuestros recursos. Una norma votada por una mayoría circunstancial puede ser derogada mañana por otra mayoría; lo que hace falta es una posición firme de toda la comunidad fueguina”, apuntó.
Con respecto a la intervención federal al Puerto de Ushuaia, el referente legislativo de Provincia Grande confirmó que impulsará un espacio dentro de las Comisiones Legislativas para evaluar los pasos a seguir y el pronunciamiento político con respecto a la decisión de la Libertad Avanza de continuar con la intervención federal a la Dirección Provincial de Puertos.
