a ANPyN prometió normalización, seguridad y transparencia. Tras más de seis meses de control federal, el déficit más visible es otro: la falta de rendición pública y de interlocución política. Para los representantes fueguinos de La Libertad Avanza, el silencio ha dejado de ser neutral y empiezan a sufrir el desgaste de una medida que vulnera abiertamente los derechos soberanos de Tierra del Fuego.
Una intervención excepcional sólo puede justificarse si cumple tres condiciones elementales: demuestra con precisión la gravedad que la motivó, administra con más transparencia que la gestión desplazada y ofrece una salida verificable hacia la normalidad institucional. La intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta en enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), todavía debe respuestas convincentes en esos tres terrenos.
Cuando la medida de excepción que vulneró la autonomía provincial inició el 22 de enero, la Resolución de la ANPYN se otorgó un poder amplio durante doce meses —prorrogables— sobre la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal. También habilitó la participación de la Administración General de Puertos en el manejo de los fondos producidos por la explotación portuaria. No se trató, por lo tanto, de una inspección limitada ni de una asistencia técnica: la Nación tomó el control efectivo de un activo estratégico de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
Una decisión de esa magnitud requería desde el primer día un mecanismo extraordinario de rendición de cuentas. Ocurrió lo contrario. La propia resolución prevé informes de la Unidad Ejecutora, pero deja su forma y periodicidad en manos de la misma autoridad que debe ser controlada. No establece una publicación regular de ingresos y gastos, no crea una instancia de seguimiento con la Provincia y tampoco garantiza una mesa permanente con trabajadores, operadores y sectores económicos vinculados al puerto.
Ese vacío explica buena parte del clima hostil que se instaló entre el Gobierno nacional y la Provincia. No es una consecuencia inevitable del federalismo ni una mera pelea entre dirigentes. Es el resultado previsible de sustituir articulación por imposición y de pretender que una administración excepcional puede funcionar sin ofrecer información excepcionalmente clara.
La ANPyN fundamentó la intervención en presuntas irregularidades financieras, el desvío de recursos portuarios hacia finalidades provinciales y deficiencias de infraestructura y seguridad. Esas imputaciones merecen ser investigadas. Pero una acusación administrativa no puede convertirse en una consigna que dispense al interventor de mostrar expedientes, montos, responsabilidades y resultados. La información difundida públicamente no ha permitido establecer responsabilidades individuales ni probar un sistema generalizado de administración ilícita. La carga de demostrarlo pertenece a quien intervino, no a quienes preguntan.
También sería inexacto afirmar, a esta altura, que la intervención no anunció obras. La ANPyN comunicó un plan integral y, en junio, informó que había recibido ofertas para el recambio de 75 defensas y otras mejoras que la Dirección Provincial de Puertos ya tenía previstas de ejecutar. A fines de julio anunció la adjudicación de esa primera obra. Pero un anuncio tardío no reemplaza un programa público que detalle prioridades, costos, plazos, fuentes de financiamiento, mecanismos de contratación y controles. Mucho menos cuando esas inversiones se financian, según el propio organismo, con recursos generados por el puerto provincial.
La realidad operativa exige abandonar los relatos absolutos. La terminal comercial mantuvo su actividad y la temporada 2026/2027 registra 515 recaladas programadas, por encima de las 495 de la temporada anterior. Ese crecimiento contradice cualquier descripción de un puerto paralizado o inviable.
Ambas cosas pueden ser ciertas: el puerto sostiene una operatoria robusta y necesita inversiones urgentes. Ninguna de ellas justifica administrar sus recursos en la oscuridad.
La falta absoluta de transparencia ya produjo un conflicto con los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. Los reclamos dejaron de limitarse a las condiciones laborales: alcanzan las designaciones, las restricciones de acceso, las decisiones operativas y el destino de la recaudación.
El sector turístico tampoco fue tratado como un socio estratégico. El presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego afirmó que la intervención, ejecutada en plena temporada alta, tomó por sorpresa al sector. Cuando operadores, empresas y trabajadores reciben decisiones antes que explicaciones, cada resolución técnica se convierte en un nuevo episodio de tensión política.
Aquí aparece el costo político y electoral que La Libertad Avanza ya no puede atribuir exclusivamente a un organismo nacional. Los senadores Agustín Coto y María Belén Monte de Oca; los diputados Santiago Pauli y Miguel Rodríguez; y los legisladores provinciales Natalia Gracianía y Luciano Selzer son las seis autoridades electas del oficialismo nacional en Tierra del Fuego. No administran formalmente la intervención, pero representan en la provincia a la fuerza política que la decidió y la sostiene. Esa pertenencia les da influencia y también responsabilidad pública.
Algunos de ellos defendieron la medida y mantuvieron reuniones con la ANPyN. Pero una defensa política no equivale a una rendición de cuentas. Hasta ahora, no se conoce que alguno haya puesto a disposición de la sociedad fueguina un informe integral que permita saber cuánto recaudó el puerto desde enero, en qué cuentas ingresó el dinero, cuánto se gastó, quiénes fueron contratados, mediante qué procedimientos, qué informes produjo la Unidad Ejecutora y cuál es el calendario completo de obras.
El silencio tiene un precio desigual, pero compartido. Coto y Monte de Oca deben explicar en el Senado por qué una intervención federal sobre su provincia carece de un control público más robusto. Pauli y Rodríguez deben ejercer las facultades de fiscalización que corresponden a diputados nacionales, no limitarse a transmitir la versión del Ejecutivo. Gracianía y Selzer deben decidir si su función en la Legislatura es representar los intereses institucionales de Tierra del Fuego o actuar como voceros de una autoridad nacional que no rinde cuentas ante la Provincia.
La sospecha política no nace de una prueba automática de delito; nace de la persistencia de preguntas razonables sin respuestas documentadas. Confundir ambas cosas sólo beneficia a la falta de rendición de cuentas. Sí corresponde afirmar que la intervención desvió recursos. Sí corresponde exigir que demuestre, peso por peso, que no lo hizo y que toda decisión se ajustó a reglas públicas, competitivas y auditables.
La Libertad Avanza construyó buena parte de su legitimidad denunciando la discrecionalidad, los privilegios y la mala administración estatal. En Ushuaia corre el riesgo de quedar asociada a aquello que prometió combatir: decisiones concentradas, controles débiles y funcionarios que hablan mucho de la herencia recibida, pero poco del dinero que hoy administran.
Los seis representantes fueguinos del oficialismo nacional aún pueden evitar que ese costo se vuelva irreversible. Para hacerlo deben reclamar una auditoría pública, balances periódicos, acceso provincial a la información, una mesa formal con trabajadores y operadores, y un cronograma verificable para normalizar la administración. Si eligen proteger a la intervención de las preguntas, deberán asumir que también protegen sus zonas oscuras.
Una intervención concebida para restaurar el orden institucional no puede gobernar mediante la excepción permanente. Y quienes la respaldan no pueden pedir confianza donde se niegan los datos. El Puerto de Ushuaia sigue operando y proyectando crecimiento. Lo que está en riesgo, cada día con mayor claridad, es la credibilidad de quienes decidieron administrarlo sin explicar cómo.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
