ay funcionarios que explican una gestión y otros que terminan sintetizándola. No necesariamente por aquello que hacen, sino por las preguntas que dejan detrás de sí. Fernando Polizzi pertenece, cada vez más, a esa segunda categoría.
Su recorrido reciente tiene una singularidad difícil de ignorar. En febrero de 2024 fue designado al frente del PAMI en Tierra del Fuego por resolución de la conducción nacional liberaría del organismo. Dos años después pasó, mediante una licencia sin goce de haberes, a desempeñar funciones en la estructura de La Libertad Avanza que intervino el Puerto de Ushuaia. Entre un destino y otro hay algo más que continuidad administrativa: existe una continuidad política que LLA debería poder explicar, pero que no lo hace.
Porque hoy la pregunta alrededor de Polizzi ya no es solamente qué hizo. Es una pregunta anterior, más incómoda y acaso más importante: ¿a quién responde políticamente Fernando Polizzi?
La cuestión adquiere relevancia porque su gestión en PAMI está alcanzada por una denuncia de enorme gravedad. Se investigan presuntas prestaciones inexistentes, estudios incompatibles con las condiciones de determinados pacientes, órdenes que profesionales habrían desconocido y posibles irregularidades en contrataciones. La denuncia impulsada por el diputado Jorge Araujo Hernández estimó un eventual perjuicio de entre mil y mil quinientos millones de pesos, y la UFI especializada en delitos vinculados al PAMI inició actuaciones preliminares. Nada de esto equivale a una condena ni autoriza a anticiparla. Pero políticamente tampoco puede ser tratado como una anécdota política más.
Mucho menos cuando Polizzi dejó el gerenciamiento del PAMI para incorporarse a otra estructura estatal severamente cuestionada: la intervención del Puerto de Ushuaia.
Allí conviene distinguir responsabilidades individuales de responsabilidades políticas. No corresponde atribuirle personalmente a Polizzi cada decisión de la intervención sin evidencia que lo demuestre. Sí corresponde preguntarse por qué integra una administración sobre la cual se acumulan denuncias por manejo de fondos, incremento de costos y decisiones adoptadas sin la participación que reclaman autoridades y actores locales. Desde la propia estructura provincial y desde sectores portuarios se denunció que recursos generados por el puerto están siendo administrados fuera de las cuentas provinciales; también se ha alertado por la existencia de un agujero negro financiero y mayores costos.
Pero aquí aparece la contradicción que La Libertad Avanza trata de explicar desde el silencio, y no puede ni debe hacerlo.
Un espacio político que hizo de la eficiencia, la transparencia y la reducción de los privilegios del Estado parte central de su identidad debería ser especialmente riguroso cuando uno de los funcionarios vinculados a su administración queda bajo semejante escrutinio. La transparencia no consiste en reclamar explicaciones al adversario. Empieza cuando las explicaciones incomodan a los propios.
Y, sin embargo, alrededor de Polizzi parece haberse construido una extraña zona de orfandad política.
¿Es un hombre de Agustín Coto? Las primeras informaciones sobre su llegada al PAMI señalaron que fuentes del organismo atribuían al entonces legislador la recomendación de su nombre. Coto, frente a las acusaciones posteriores, tomó distancia y sostuvo que Polizzi no era una persona de su mayor cercanía.
Entonces, ¿de quién es?
¿De la senadora Belén Monte de Oca? ¿De los diputados Santiago Pauli o Miguel Rodríguez? ¿De Natalia Graciania? ¿De Luciano Selzer? Si ninguno reconoce responsabilidad política sobre su trayectoria, la pregunta se vuelve todavía más perturbadora: ¿cómo puede un funcionario atravesar dos organismos nacionales de semejante sensibilidad en Tierra del Fuego sin que nadie pueda explicar quién promovió su llegada, quién avaló su continuidad y ante quién rinde cuentas? ¿Quién puso a Polizzi frente a dos cargos nacionales que manejan recursos millonarios?
Ése es el verdadero problema Polizzi.
No se trata solamente de una persona. Se trata de un método de construcción del poder. Cuando un funcionario funciona, todos pueden encontrar alguna cercanía; cuando se transforma en un problema, comienza la súbita epidemia de desconocimiento. La política argentina conoce bien ese mecanismo: el funcionario sin padrino aparece casi siempre después del escándalo, nunca antes del nombramiento.
Polizzi corre el riesgo de haberse convertido así en un lastre político para La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. Un Frankenstein que cobró vida propia y ahora actúa contra Viktor. No porque exista hoy una condena que determine su responsabilidad —no la hay—, sino porque alrededor de su actuación existen interrogantes demasiado graves para una fuerza que pretende presentarse como ruptura moral y administrativa respecto de aquello que vino a reemplazar.
La contradicción se vuelve todavía más profunda en el Puerto de Ushuaia.
La intervención fue dispuesta por Nación alegando, precisamente, irregularidades financieras, desvíos de fondos y problemas de infraestructura. Es decir: llegó invocando la necesidad de ordenar, controlar y transparentar. Si meses después la propia intervención queda rodeada de denuncias sobre administración de recursos, costos y ausencia de diálogo institucional, la obligación de rendir cuentas debería ser superior, no inferior, a la que reclamaba a la administración provincial desplazada.
Y allí aparece otra incompatibilidad política difícil de disimular. La dirigencia libertaria fueguina sostiene que defiende los intereses de Tierra del Fuego. Pero defenderlos exige explicar qué ocurre con el principal puerto de la provincia, cómo se administran sus recursos, con qué criterios se contrata, quién controla los gastos y por qué decisiones estratégicas que afectan al turismo, a la logística y al desarrollo marítimo pueden avanzar en medio de una relación conflictiva con autoridades y sectores locales.
No alcanza con pronunciar la palabra “eficiencia”. Hay que demostrarla. No alcanza con invocar “transparencia”. Hay que practicarla cuando duele.
Por eso el silencio alrededor de Polizzi resulta políticamente más elocuente que cualquier comunicado. Si actuó correctamente, La Libertad Avanza debería defenderlo con documentos, auditorías y explicaciones públicas. Si considera que existen motivos suficientes para apartarse de su actuación, debería decirlo. Lo institucionalmente insostenible es una tercera alternativa: mantener al funcionario dentro del dispositivo estatal mientras políticamente todos parecen descubrir que nunca fue verdaderamente de nadie.
La Libertad Avanza construyó buena parte de su legitimidad denunciando una vieja cultura política: cargos sin controles, responsabilidades diluidas y dirigentes que desaparecen cuando llega el momento de explicar. Precisamente por eso el caso Polizzi plantea una prueba incómoda.
Porque quizá la pregunta ya no sea solamente quién es Fernando Polizzi.
La pregunta es quién lo puso ahí, quién sostuvo su recorrido y quién está dispuesto a hacerse responsable políticamente de él.
Y si la respuesta continúa siendo nadie, entonces el problema para La Libertad Avanza es bastante más serio que un funcionario cuestionado.
Es descubrir que, frente al espejo del poder, puede terminar pareciéndose demasiado a aquello que prometió combatir.
Y todos sabemos cómo termina la novela donde Frankenstein cobra vida propia y empieza a funcionar contra su creador.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
