ay silencios institucionales que son prudencia. Otros son cálculo. Y existen, finalmente, aquellos que terminan convirtiéndose en una forma bastante confortable de consentimiento. Frente a la intervención federal del Puerto de Ushuaia, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo parecen haber elegido, hasta ahora, esa tercera alternativa: observar desde una distancia suficientemente segura un conflicto que afecta uno de los principales activos económicos, logísticos y estratégicos de Tierra del Fuego.
La actitud resulta especialmente llamativa porque ninguna de las dos entidades puede alegar indiferencia frente a los asuntos públicos. La Cámara de Comercio, por ejemplo, se pronunció contra el acampe impulsado por el SUTEF sobre la calle San Martín. Consideró -con argumentos que podrán compartirse o discutirse- que la ocupación de la principal arteria comercial perjudicaba la actividad privada y afectaba derechos de terceros. Ejerció, en definitiva, su derecho a intervenir en la conversación pública cuando entendió amenazados los intereses de sus asociados.
La pregunta inevitable es por qué esa sensibilidad institucional parece disminuir algunos metros más abajo, cuando se llega al puerto.
Porque allí no hay una calle parcialmente ocupada. Hay una infraestructura provincial sometida a una intervención federal; más de 140 trabajadores afectados por sus consecuencias; recursos generados en Tierra del Fuego administrados por funcionarios nacionales; compras y contrataciones realizadas con esos fondos; y dinero producido por la actividad portuaria que, según dispuso la ANPYN, es transferido hacia cuentas vinculadas con la Administración General de Puertos.
La paradoja merece detenerse en un detalle. La AGP es una sociedad del Estado cuya disolución fue dispuesta por el propio gobierno de Javier Milei y cuyo objeto quedó reducido precisamente al proceso necesario para extinguirla. Sin embargo, hacia esa estructura nacional en liquidación son derivados recursos provenientes del Puerto de Ushuaia.
No estamos, por lo tanto, ante una discusión administrativa acerca de quién firma una orden de compra o designa un funcionario. Mucho menos frente a una disputa burocrática entre oficinas públicas. Se trata de quién administra recursos fueguinos, bajo qué controles lo hace, dónde queda el dinero generado por el puerto y qué capacidad conserva la Provincia para decidir sobre una infraestructura que forma parte de su patrimonio y de su estrategia económica.
Frente a semejante escenario, las organizaciones que representan buena parte del comercio y del turismo local deberían ser protagonistas de una discusión que las involucra directamente. Sin embargo, particularmente entre operadores turísticos y portuarios parece haberse instalado una doctrina de extraordinaria sencillez: mientras los barcos entren, los pasajeros bajen y la caja continúe funcionando, casi da lo mismo si el puerto lo administra Tierra del Fuego o la Nación.
Pero no da lo mismo.
No da lo mismo porque una intervención federal constituye una alteración excepcional del funcionamiento ordinario de las instituciones provinciales. Mucho menos debería resultar indiferente cuando esa intervención implica que un organismo nacional asuma decisiones sobre patrimonio, trabajadores y recursos de una provincia. El federalismo deja de ser una palabra ceremonial cuando alguien debe defenderlo precisamente en el momento en que resulta incómodo hacerlo.
Las cámaras empresarias conocen perfectamente el valor de la acción corporativa. Lo demostraron cuando enfrentaron la denominada tasa o impuesto al turismo. Entonces hubo declaraciones, reuniones, presión pública, argumentos económicos y una estrategia destinada a influir sobre las decisiones del Estado. Aquella movilización demostró algo importante: cuando consideran comprometidos los intereses del sector, saben organizarse, pronunciarse y reclamar.
Por eso su actual distancia no puede explicarse simplemente como neutralidad.
La neutralidad también es una decisión.
Y resulta difícil comprender por qué una tasa turística justificaba semejante despliegue institucional mientras que la administración federal de uno de los principales activos económicos de Tierra del Fuego parece merecer apenas una contemplación prudente desde la vereda de enfrente.
También existe una cuestión de transparencia. Si recursos producidos por un puerto provincial son utilizados para contrataciones, adquisiciones y gastos decididos por una administración federal, exigir información, controles y rendición de cuentas debería constituir una preocupación elemental de cualquier organización empresaria que reclame previsibilidad institucional.
Curiosamente, la previsibilidad suele ser una palabra muy apreciada cuando se habla de impuestos. Parece serlo bastante menos cuando se habla de federalismo.
A ello se suma un aspecto todavía más delicado: el ambiental. La Bahía de Ushuaia no es solamente el paisaje que aparece detrás de los cruceros en los folletos turísticos. Es un ecosistema sometido a una intensa actividad marítima y portuaria que requiere planificación, prevención, fiscalización y coordinación permanente. Una administración del puerto que no articule integralmente con las autoridades provinciales introduce riesgos que exceden cualquier discusión política sobre la intervención.
También aquí las cámaras deberían comprender que defender el destino Ushuaia significa algo más que promocionarlo.
No existe turismo sustentable sin protección ambiental. No existe actividad portuaria sería sin coordinación institucional. Y difícilmente exista seguridad jurídica cuando los actores económicos aceptan como irrelevante quién posee las competencias, quién administra los recursos y ante quién deben rendirse cuentas.
Por supuesto, nadie pretende que la Cámara de Comercio o la Cámara de Turismo se conviertan en partidos políticos ni que adopten automáticamente la posición del Gobierno provincial. Su obligación es otra: involucrarse. Preguntar. Reclamar información. Exigir controles. Defender institucionalidad. Solicitar garantías ambientales y laborales. Demandar que cada peso producido por el puerto tenga trazabilidad y que cualquier intervención excepcional esté sometida al máximo escrutinio público.
Eso no es partidismo. Es responsabilidad institucional.
Porque las entidades empresarias no pueden reclamar participación cuando están en juego sus impuestos y declararse simples espectadoras cuando está en discusión el patrimonio público que sostiene buena parte de la economía que representan.
Existe una responsabilidad empresarial que no termina en la puerta de cada comercio, hotel, agencia o compañía marítima. Quienes obtienen beneficios económicos de una infraestructura pública poseen también una responsabilidad cívica respecto de las condiciones institucionales, ambientales y sociales que permiten que esa infraestructura funcione.
Y allí aparece la contradicción más incómoda.
Es sencillo reclamarle al Estado cuando una decisión afecta directamente una cuenta de resultados. Más difícil es hacerlo cuando defender las instituciones puede significar incomodar al poder que circunstancialmente administra esas mismas instalaciones.
Pero precisamente para eso existen las organizaciones intermedias.
La intervención del Puerto de Ushuaia no debería preocupar solamente al Gobierno provincial, a los sindicatos o a los trabajadores afectados. Debería interpelar a cada sector económico que utiliza el puerto, obtiene ingresos gracias a él o construye sobre su funcionamiento buena parte de su negocio.
Porque algún día la intervención terminará. Los funcionarios nacionales se irán, otros provinciales llegarán y los barcos continuarán entrando en la Bahía de Ushuaia.
Lo que permanecerá será algo bastante más difícil de reparar: el precedente de que, cuando una institución provincial fue intervenida, sus recursos comenzaron a salir de Tierra del Fuego, sus trabajadores sufrieron las consecuencias y surgieron interrogantes sobre los controles y la gestión ambiental, buena parte de quienes vivían económicamente alrededor del puerto decidió que aquello no era asunto suyo.
La indiferencia selectiva tiene una ventaja: evita conflictos en el presente.
También tiene un problema.
Con el tiempo, se parece demasiado a la complicidad.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
La imagen ilustrativa corresponde a Georg Loewit, artista austríaco contemporáneo, y se titula Egon Schiele (2023).
