l acampe de SUTEF frente a Casa de Gobierno, que lleva cerca de tres semanas sobre la calle San Martín, volvió a generar preocupación entre comerciantes y otros sectores privados de Ushuaia. La Cámara de Comercio sostiene que la interrupción del tránsito modifica la circulación habitual por el centro y afecta especialmente a los negocios ubicados en las cuadras próximas.
Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, explicó que el problema no se limita a los locales ubicados directamente frente al acampe. “Afecta a todo el casco céntrico, principalmente a los comercios que están frente a la carpa y a sus alrededores, porque una calle cortada tan importante como San Martín limita la circulación. La gente normalmente evita pasar por ese lugar o toma otras decisiones”, señaló.
González evitó pronunciarse sobre el reclamo salarial y educativo que sostiene el sindicato y remarcó que la discusión de fondo corresponde al Gobierno provincial y a SUTEF. El cuestionamiento de la Cámara se concentra en la modalidad elegida y en sus consecuencias sobre terceros. “Nosotros somos trabajadores también. En el sector comercial hay familias, hay trabajadores y hay mucha gente que se perjudica con estas cosas”, sostuvo. Según explicó, mientras el empleado asalariado mantiene su ingreso durante un conflicto, un comercio depende diariamente de sus ventas para sostener alquileres, salarios y otros costos. “Si un comercio no produce o no puede producir, desaparece”, advirtió.
La Cámara no cuenta con una medición general que permita establecer cuánto cayeron las ventas exclusivamente por el corte, debido a las diferencias entre rubros y a la incidencia de otros factores económicos. González aseguró, sin embargo, que los comerciantes de la zona registraron una disminución de clientes desde la instalación del acampe. “Si hablás con cualquier comerciante cercano, claramente te va a decir que desde que está la carpa entra menos gente a su local”, afirmó.
El sector privado también recordó el aporte adicional del 1,5% de Ingresos Brutos que actualmente se destina a educación y salud. González explicó que ese adicional fue creado en 2004 originalmente para financiar proyectos vinculados con la generación de empleo y que en 2012 la Legislatura modificó su destino. Aunque señaló que existe el anhelo de que alguna vez vuelva a su finalidad inicial, aclaró que el reclamo actual por el acampe no está centrado en discutir ese impuesto.
La preocupación coincide además con la temporada alta de invierno. Para la Cámara, el corte no sólo altera el funcionamiento cotidiano de los comercios, sino que también puede afectar la experiencia de los visitantes. “Cuesta mucho traer turistas, hay mucha inversión detrás del turismo y está también la imagen que estamos dando. No sé si un turista nos recomienda cuando se encuentra con este tipo de situaciones”, planteó González.
El turismo permitió mejorar parcialmente una actividad comercial que venía atravesando meses de retracción. González destacó que los sectores directamente vinculados con los visitantes muestran un mejor comportamiento y que ese movimiento genera un efecto sobre otros rubros. “La capacidad de compra del vecino ha disminuido considerablemente. Hay actividades que están bien, otras más o menos y otras muy mal, pero la actividad turística está muy bien y ayuda muchísimo a la economía en general”, explicó.
La caída del poder de compra local continúa siendo uno de los principales problemas. Con menores niveles de consumo y rentabilidades reducidas, algunos negocios necesitan vender más unidades para cubrir sus costos, pero encuentran dificultades para alcanzar esos volúmenes.
A ese escenario se agrega el valor de los alquileres comerciales. González indicó que un local sobre San Martín puede costar hasta cuatro veces más que uno ubicado en otra calle de Ushuaia. Esa diferencia comenzó a empujar a algunos negocios hacia sectores más alejados del centro, donde pueden acceder a espacios más amplios con menores costos fijos.
La presión es mayor porque, según la Cámara, más del 80% de los comercios instalados sobre San Martín no son propietarios de los inmuebles que ocupan. La combinación entre alquileres elevados, menor consumo y situaciones que reducen la circulación vuelve más difícil sostener determinadas actividades en la principal arteria comercial.
Frente a ese panorama, González insistió en separar el derecho al reclamo del impacto de la protesta sobre quienes no participan de la negociación. “Se puede protestar, se puede reclamar, pero no impidiendo el tránsito a los mismos trabajadores”, resumió.
