l punto central de la discusión es qué condiciones deberán cumplir los pesqueros extranjeros que trabajan en aguas internacionales, especialmente en la denominada milla 201, si solicitan ingresar a un puerto argentino. La inquietud del sector es que la aplicación del nuevo marco internacional no termine facilitando servicios portuarios a una flota que opera por fuera de la jurisdicción nacional.
La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) formalizó ese planteo ante el Consejo Federal Pesquero, donde volvió a discutirse el alcance del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP). El instrumento busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante controles sobre los buques que pretendan utilizar puertos de los países adheridos.
La preocupación está dirigida especialmente a las embarcaciones extranjeras que desarrollan su actividad inmediatamente por fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina. En ese sector del Atlántico Sudoccidental opera una numerosa flota que captura recursos en aguas internacionales y cuya eventual utilización de infraestructura portuaria argentina genera reparos dentro de la industria nacional. Ante la presentación de CAIPA, Cancillería sostuvo que la puesta en marcha del acuerdo no significa habilitar libremente el ingreso de esas embarcaciones. Según explicó ante el Consejo Federal Pesquero, los barcos extranjeros que soliciten utilizar puertos argentinos deberán someterse a procedimientos de fiscalización destinados a determinar si existen vínculos con actividades de pesca ilegal.
Los controles incluirán inspecciones a bordo y la revisión de la documentación relacionada con la carga. Las autoridades podrán verificar dónde fueron realizadas las capturas, cuál es su procedencia y si los productos transportados pueden ser asociados con operaciones ilegales.
Ese seguimiento permitirá establecer la trazabilidad de la pesca, es decir, reconstruir el origen de lo que transporta cada buque. De esta manera, el control no estará limitado a identificar a la embarcación, sino también a comprobar en qué zona obtuvo los recursos y bajo qué condiciones.
La discusión ya había surgido en abril de 2025, cuando Cancillería mantuvo una reunión con las principales cámaras empresarias de la pesca argentina. En aquel momento, el sector había manifestado temor ante la posibilidad de que la ratificación del acuerdo derivara en una mayor apertura de los puertos nacionales a los barcos que trabajan fuera de la Zona Económica Exclusiva.
La respuesta oficial fue entonces la misma que ahora volvió a plantearse ante el Consejo Federal Pesquero: el AMERP no obliga a permitir un ingreso indiscriminado, sino que brinda herramientas para controlar a los buques y, eventualmente, impedir el uso de los puertos cuando existan sospechas o antecedentes relacionados con pesca ilegal.
Según lo informado por Cancillería, las explicaciones brindadas en aquella reunión habían sido recibidas favorablemente por las cámaras. La nueva presentación de CAIPA, sin embargo, vuelve a mostrar que la aplicación concreta del acuerdo y las condiciones bajo las cuales podrá ingresar la flota extranjera continúan generando interrogantes.
El debate tiene además una dimensión económica para la industria argentina. Los barcos que operan en la milla 201 compiten en mercados internacionales con productos pesqueros que también exporta el país, pero lo hacen bajo estructuras de costos, cargas laborales y condiciones operativas diferentes.
En ese escenario, el acceso a puertos, astilleros u otros servicios argentinos adquiere relevancia más allá de los controles contra la pesca ilegal. La discusión pasa también por determinar bajo qué condiciones una flota que compite con las empresas nacionales podrá utilizar infraestructura del país. La presentación de CAIPA vuelve a colocar una cuestión concreta en la agenda pesquera: cómo controlar a los buques extranjeros que trabajan fuera de la jurisdicción argentina cuando pretendan ingresar a sus puertos. Cancillería sostiene que el acuerdo permitirá reforzar inspecciones y verificar el origen de las capturas; el sector busca que esas herramientas se apliquen sin facilitar ventajas operativas a las flotas que pescan en la milla 201.
