a legisladora María Laura Colazo presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Economía y Educación, entregue información técnica, presupuestaria y financiera que permita determinar el impacto concreto de los asuntos 129/26 y 283/26.
El primero fue presentado por el Gobierno el 25 de marzo y propone un Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y de Salud Pública. El segundo fue impulsado por los bloques Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande, que reúnen nueve de las 15 bancas.
Pese al tiempo transcurrido, todavía faltan datos básicos para evaluar ambas iniciativas. Según los fundamentos del pedido, los legisladores realizaron anteriormente consultas mediante notas oficiales que no fueron respondidas por el Ejecutivo, pese a que los proyectos involucran modificaciones tributarias y reasignación de recursos.
La demora, sin embargo, también alcanza a la Legislatura, que no convirtió oportunamente esas consultas en un requerimiento formal ni avanzó sustancialmente en el análisis económico de las propuestas.
El caso del Asunto 283/26 resulta particularmente llamativo. A casi cuatro meses de su presentación, recién ahora se busca conocer cuánto recaudarían las fuentes que los propios nueve legisladores firmantes proponen destinar al Fondo de Financiamiento Educativo (FFE).
El pedido reclama la recaudación histórica y proyectada de Ingresos Brutos correspondiente a servicios de banca central (641100), banca mayorista (641910), banca de inversión (641920), banca minorista (641930), intermediación de compañías financieras (641941) y otras entidades financieras de crédito (641943).
El proyecto 283/26 también propone modificar el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales de la Ley 907 para distribuir sus recursos en un 60% para Educación y 40% para Salud, y reorientar hacia el financiamiento pedagógico recursos contemplados en el artículo 44 de la Ley 440.
Respecto del Asunto 129/26, ingresado hace cinco meses, se reclama recién ahora determinar cuánto aportarían sus fuentes de financiamiento entre 2026 y 2030, su incidencia sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) y cuánto demandaría llevar progresivamente la inversión conjunta en Educación y Salud del 7,5% al 13% del PBG.
También se solicitan datos sobre salarios docentes y no docentes, brecha del cargo testigo respecto de la Canasta Básica Total, planta docente, transporte escolar, alimentación, infraestructura, equipamiento y programas socioeducativos.
Las demoras contrastan con un ciclo lectivo atravesado prácticamente desde su inicio por el conflicto docente. SUTEF desarrolló sucesivas medidas de protesta y, tras el receso invernal, declaró un paro por tiempo indeterminado mientras reclama, entre otros puntos, una ley de financiamiento educativo.
Este martes 25 los legisladores tienen previsto recibir nuevamente a la conducción sindical para abordar precisamente ese tema. La reunión encontrará a la Cámara con dos proyectos que llevan meses en comisión, pero todavía sin información económica elemental para evaluar su viabilidad.
El pedido de Colazo otorga diez días al Ejecutivo para responder, aunque ese plazo comenzará a correr recién si la resolución es aprobada en una sesión de la Legislatura que, por el momento, no tiene fecha cierta.
