l Gobierno de Tierra del Fuego elevó una fuerte protesta ante la Nación por el ingreso y amarre del petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia, una situación que la administración provincial consideró especialmente grave por el conflicto de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
El episodio adquiere, además, una dimensión política particular: el puerto pertenece a Tierra del Fuego, pero desde enero se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Por ese motivo, la Provincia responsabilizó directamente a la administración de Javier Milei por haber permitido la operación de la embarcación.
En ese sentido, el Ejecutivo fueguino sostuvo que resulta “inadmisible” que una embarcación de bandera británica pueda operar en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pedido de explicaciones a Milei
A partir de lo ocurrido, la Provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe públicamente cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación del VS Promise en Ushuaia. El planteo incorpora, de esta manera, un nuevo elemento al conflicto abierto por la intervención nacional del puerto, una medida que Tierra del Fuego mantiene judicializada.
Asimismo, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, aseguró que no existen antecedentes de un episodio de estas características. Según explicó, el VS Promise había operado previamente en Río Cullen, en el norte fueguino, antes de dirigirse hacia Ushuaia.
La terminal de Río Cullen está vinculada con la actividad hidrocarburífera y es operada por Total Austral, perteneciente a TotalEnergies. De acuerdo con la información disponible, el petrolero estuvo cargando crudo en esa zona antes de desplazarse hacia la capital provincial.
Para Dachary, el episodio tampoco puede analizarse de manera aislada. El funcionario vinculó la presencia del petrolero con otros acontecimientos recientes relacionados con la política nacional hacia el Atlántico Sur y recordó, entre ellos, la presencia de un buque militar británico en aguas de jurisdicción fueguina.
La intervención vuelve al centro de la disputa
Sin embargo, la controversia excedió rápidamente la presencia del VS Promise. El Gobierno fueguino utilizó el episodio para renovar su cuestionamiento a la intervención federal y reclamar nuevamente que la administración portuaria sea restituida a la Provincia.
En concreto, Tierra del Fuego exigió “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”, sin abandonar las acciones judiciales promovidas contra una decisión nacional que considera ilegítima y lesiva de su autonomía.
De este modo, el ingreso del petrolero británico incorporó la cuestión Malvinas a una disputa institucional que hasta ahora se había concentrado principalmente en la administración, los recursos y el control político del puerto de Ushuaia.
Incluso Dachary fue más allá y puso nuevamente bajo discusión los fundamentos utilizados por Nación para avanzar sobre la terminal. Tras asegurar que el puerto de Ushuaia se encuentra entre los mejores del mundo y cuestionar los motivos que justificaron la intervención, deslizó que acontecimientos como el protagonizado por el VS Promise permiten comenzar a preguntarse por la lógica que existe detrás de aquella decisión.
Finalmente, después de la protesta formal de Tierra del Fuego, el petrolero abandonó Ushuaia poco después de la medianoche. Según la información de seguimiento marítimo consignada en la documentación, durante la madrugada navegaba por el canal Beagle hacia el Paso Picton, después de superar Isla Gable y las zonas de Puerto Almanza y Puerto Williams.
El barco se fue. La controversia, en cambio, quedó amarrada al puerto de Ushuaia: quién autorizó su ingreso, bajo qué criterios se tomó la decisión y hasta dónde puede llegar la administración nacional de una infraestructura provincial estratégica constituyen ahora interrogantes que el Gobierno fueguino exige que la Nación responda.
