l Gobierno nacional pretende subastar otras 38 hectáreas estratégicas del centro de Ushuaia como si fueran un sobrante administrativo. Sin embargo, un documento sobre la futura Base Naval Integrada reconoce que esos terrenos podrían financiar infraestructura militar, el Polo Logístico Antártico y una transformación urbana integral. La contradicción es escandalosa: mientras los proyectos serios aconsejan planificar antes de disponer del suelo, La Libertad Avanza eligió vender primero y preguntar después.
Hay ciudades que planifican su futuro y otras a las que directamente se lo rematan. Ushuaia, lamentablemente, parece haber ingresado en esta segunda categoría.
Mediante el Decreto 764/2026, el Gobierno nacional autorizó la enajenación de tierras públicas ubicadas en un sector estratégico de la capital fueguina. Para la burocracia libertaria se trata de inmuebles “innecesarios”, una palabra suficientemente neutra como para disimular la verdadera magnitud de la decisión. Porque no se están ofreciendo muebles en desuso, vehículos abandonados ni oficinas vacías: son aproximadamente 38 hectáreas de suelo urbano en una ciudad encerrada entre la montaña, el bosque y el mar.
En Ushuaia, la tierra no sobra. Mucho menos la tierra pública.
La decisión nacional sería grave por sí sola. Sin embargo, adquiere un nivel todavía mayor de irresponsabilidad cuando se la contrasta con las ideas más importantes para financiar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y el Polo Logístico Antártico. Allí, esas mismas superficies no aparecen como un residuo patrimonial que debe liquidarse, sino como una pieza central para financiar la construcción de la nueva Base Naval Integrada, desarrollar el Polo de Apoyo Antártico y promover una transformación urbanística integral.
Es decir, el propio razonamiento estratégico vinculado con estos proyectos reconoce aquello que el decreto pretende ignorar: esas tierras poseen un valor urbano, económico y geopolítico extraordinario.
Por lo tanto, una cosa es debatir cómo aprovechar ese patrimonio para transformar Ushuaia y otra, completamente distinta, es entregarlo al mejor postor para obtener un ingreso fiscal de corto plazo. La primera alternativa exige planificación, acuerdos institucionales y una visión de futuro. La segunda apenas necesita un martillero.
En ese sentido, existe la idea de crear una “Corporación Ushuaia”, inspirada en la experiencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero, con participación del Estado nacional, la Municipalidad y, eventualmente, la Provincia. Su primera tarea sería convocar a un concurso para elaborar un plan de reurbanización integral. Recién después deberían identificarse y zonificar los predios nacionales disponibles, determinando qué se puede construir, qué infraestructura necesita cada sector y qué beneficios debe recibir la comunidad.
El orden propuesto resulta elemental: primero pensar la ciudad; después decidir sobre la tierra.
La Libertad Avanza, en cambio, hizo exactamente lo contrario.
Primero resolvió rematar. Después, si todavía queda algo por discutir, que Ushuaia lo discuta con los nuevos propietarios.
Esta diferencia no es meramente metodológica. Es profundamente política. En un caso, el suelo público funciona como un instrumento para financiar infraestructura estratégica, ordenar el territorio y conducir el crecimiento urbano. En el otro, se reduce a una mercancía que se entrega a quien esté dispuesto a pagar más. Y aunque una subasta puede establecer quién ofrece el precio más alto, jamás podrá determinar qué necesita una ciudad.
Además, existe la propuesta de utilizar el ciento por ciento de los ingresos obtenidos se incorpore a un fideicomiso destinado a completar la Base Naval Integrada y que, una vez finalizada la obra, los recursos restantes sean compartidos entre el Tesoro nacional y la ciudad. A su vez, contempla mecanismos de participación público-privada y remarca que la zonificación municipal resulta imprescindible para otorgar valor a los terrenos.
La definición utilizada es brutalmente clara: “La tierra vale por lo que se puede construir en ella”.
Precisamente por eso, rematar sin planificación significa permitir que un privado capture un valor que no creó. El precio de esas hectáreas no surge solamente de su superficie ni del título de propiedad. Fue construido durante décadas por Ushuaia: por sus calles, sus servicios, sus redes sanitarias, sus escuelas, su conectividad, sus comercios y la inversión realizada por toda la comunidad.
En otras palabras, la Nación aporta el título de propiedad, pero Ushuaia aportó buena parte del valor.
No obstante, el Gobierno nacional pretende quedarse con el dinero de la venta mientras deja a la ciudad la obligación de afrontar sus consecuencias. Será Ushuaia la que deberá construir accesos, garantizar agua, cloacas, energía y transporte. Será su trama vial la que reciba los nuevos vehículos. Serán sus escuelas y centros sanitarios los que absorban una mayor demanda. Y será el Municipio el que tendrá que ordenar, con recursos siempre limitados, aquello que una oficina nacional decidió liquidar desde Buenos Aires.
Así funciona esta particular concepción del federalismo: la Nación subasta y la ciudad paga.
Por otra parte, la venta amenaza con desatar un proceso especulativo de enorme escala. Una vez privatizadas las tierras, comenzará inevitablemente la presión para aumentar los indicadores urbanísticos, multiplicar las superficies construibles y obtener la mayor rentabilidad posible por cada metro cuadrado. De ese modo, el debate dejará de ser qué necesita Ushuaia y pasará a concentrarse en cuánto puede ganar quien compró.
No resulta difícil imaginar la secuencia. Primero se adquiere el suelo. Después se reclama una excepción. Luego se solicita mayor densidad, más altura o un cambio de uso. Finalmente, la valorización generada por decisiones públicas queda en manos privadas, mientras los costos de urbanización se distribuyen entre todos los vecinos.
Ahora bien, no se trata de sostener que el Estado jamás pueda vender una propiedad. Se trata de comprender que la enajenación definitiva constituye la herramienta más irreversible de todas. Existen concesiones, fideicomisos, reservas territoriales, proyectos urbanísticos integrales, sistemas de participación público-privada y mecanismos de recuperación de plusvalías. La venta directa es apenas una alternativa y, tratándose de tierras estratégicas, debería ser la última, no la primera.
Por eso resulta imprescindible suspender de inmediato el remate de las 38 hectáreas de la actual Base Naval. No se plantea por romanticismo estatista ni por rechazo dogmático a la inversión privada. Se sostiene desde la concepción que hay que comprender que vender esas tierras sin un proyecto previo podría destruir la posibilidad de utilizarlas para financiar una obra estratégica y, al mismo tiempo, reordenar una parte decisiva de la ciudad.
El Gobierno nacional, en cambio, parece apurado por desprenderse de aquello que todavía no se tomó el trabajo de comprender.
En este contexto, la palabra “innecesarias” resume toda la pobreza conceptual de la medida. Un terreno puede resultar innecesario hoy para una repartición nacional y convertirse mañana en un espacio imprescindible para viviendas, escuelas, centros sanitarios, parques, corredores viales o infraestructura pública. Incluso puede ser necesario que permanezca vacío, preservado como reserva territorial para responder a demandas que todavía no existen.
Pero el mercado no trabaja con generaciones. Trabaja con oportunidades.
En consecuencia, un gobierno que confunde una ciudad con una planilla contable termina confundiendo también precio con valor, patrimonio con mercancía y eficiencia con liquidación.
La Libertad Avanza podrá informar cuánto dinero recaudó mediante la subasta. Lo que nunca aparecerá en ese balance será el parque que no se construyó, la avenida que ya no pudo abrirse, la escuela que se quedó sin terreno, las viviendas que no se planificaron o la infraestructura estratégica que perdió su fuente de financiamiento.
Todo eso también tiene valor. Simplemente no tiene martillero.
Las tierras públicas pueden venderse una sola vez. Después queda la ciudad, obligada a convivir durante décadas con una decisión adoptada a cientos de kilómetros, sin planificación urbana, sin proyecto estratégico y sin participación de la comunidad.
Por consiguiente, lo que está en juego no son solamente 38 hectáreas.
Está en juego el derecho de Ushuaia a decidir qué ciudad quiere ser.
Mientras los documentos técnicos proponen planificación, coordinación institucional, financiamiento estratégico y recuperación de valor para la comunidad, el Gobierno nacional ofrece una respuesta mucho más elemental: lote, precio, postor y martillo.
En definitiva, no es Ushuaia la que está de remate.
Es su futuro.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
