a Justicia rechazó el intento de evitar el juicio oral mediante una reparación económica en la causa contra Daniel Ezequiel Torres, de 35 años, acusado de vender terrenos fiscales pertenecientes a la Municipalidad de Ushuaia y de amenazar a uno de los damnificados que posteriormente le reclamó la devolución del dinero.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de no hacer lugar al procedimiento de reparación integral del daño solicitado por la defensa. De esta manera, Torres deberá afrontar el juicio oral y público por los delitos de estafas reiteradas y amenazas reiteradas.
Según surge de la causa elevada a juicio, el imputado está acusado de haber cometido nueve estafas mediante la comercialización de terrenos ubicados en el barrio Dos Banderas que, en realidad, pertenecen a tierras fiscales municipales.
Las operaciones tuvieron además una consecuencia para quienes entregaron dinero creyendo adquirir legítimamente esos lotes: al ocupar terrenos pertenecientes al Municipio, los compradores quedaron en condición de usurpadores de los predios.
La acusación contra Torres también comprende episodios de amenazas. Uno de ellos tuvo como víctima a un damnificado que le exigió la devolución del dinero entregado por la compra de uno de los terrenos.
Otro episodio ocurrió en julio de 2024 en el edificio municipal de Arturo Coronado. Allí, de acuerdo con lo incorporado a la causa, Torres le manifestó a uno de los perjudicados: “ustedes tres tienen la cabeza rifada”. La expresión también hacía referencia a los funcionarios municipales Mauricio Neubauer y David Ferreyra.
En el incidente generado a partir del pedido de reparación integral intervino el fiscal Nicolás Arias, quien se opuso a la propuesta formulada por la defensa.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el ofrecimiento “carece de toda proporcionalidad”, teniendo en cuenta tanto los perjuicios que sufrieron las víctimas como el monto de dinero ofrecido para compensarlas.
Arias cuestionó especialmente que el mecanismo pretendiera utilizarse para cerrar el conflicto penal frente a las características de los hechos atribuidos y el daño ocasionado a los damnificados.
En ese sentido, consideró que mediante la propuesta de la defensa se “pretende ficticiamente reparar lo irreparable, constituyendo no una reparación integral, sino una ironía frente al esfuerzo y las pérdidas de los damnificados”.
El fiscal también puso bajo consideración los antecedentes del acusado. Señaló que Torres posee antecedentes por delitos contra la propiedad y recordó que ya había sido beneficiado en otros procesos mediante la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que derivaron en su sobreseimiento por esa vía.
Además, Arias indicó que el acusado llegó a solicitar anteriormente la aplicación de este tipo de alternativas en el marco de otro proceso de flagrancia.
Con la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal, los jueces Paola Caucich y Sergio Diéguez, integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, confirmaron la decisión de rechazar el requerimiento de reparación integral.
Así, quedó cerrada la posibilidad planteada por la defensa para poner fin al proceso mediante ese mecanismo alternativo. Torres deberá ahora responder en un juicio oral y público por los nueve hechos de estafa y por las amenazas que se le atribuyen.
