l legislador Juan Matías Lapadula presentó dos pedidos de informes que buscan reconstruir el paso del buque tanque VS PROMISE por Tierra del Fuego, primero por la monoboya petrolera de Río Cullen y posteriormente por el puerto de Ushuaia.
Las iniciativas apuntan a determinar qué operaciones realizó el buque, quiénes las autorizaron, qué empresas estuvieron involucradas y si las autoridades provinciales analizaron eventuales implicancias relacionadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y las restricciones establecidas por la Ley Nacional 26.659, que regula y prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización oficial, con el fin de proteger los recursos naturales y reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
Uno de los proyectos está dirigido al Ministerio de Energía y se concentra en la actividad que habría desarrollado el VS PROMISE en Río Cullen hasta el 13 de agosto. Lapadula pide confirmar si operó allí y, en ese caso, precisar si cargó, descargó o trasbordó hidrocarburos, qué volumen movilizó, de qué yacimiento provenían, cuál fue su destino y quién contrató el buque.
El pedido también busca identificar a la autoridad que autorizó la operación y conocer si se investigaron las relaciones comerciales y societarias de las compañías involucradas.
En sus fundamentos, Lapadula pone particularmente el foco sobre Harbour Energy PLC, actual titular de los activos de Wintershall Dea Argentina, en función de posibles vinculaciones con empresas que habrían desarrollado actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
El segundo pedido se concentra en el posterior arribo del VS PROMISE a Ushuaia, donde amarró el 24 de agosto. En este caso, el legislador busca que el interventor del Puerto de Ushuaia, designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, precise bajo qué condiciones se autorizó el ingreso del buque tanque y si antes de permitir el amarre existió una evaluación jurídica, técnica, administrativa, política o geopolítica.
Entre los interrogantes centrales aparece si hubo consultas a organismos nacionales competentes en soberanía y política exterior y si se consideró la relación de Isla de Man con el Reino Unido, junto con la política argentina sobre la Cuestión Malvinas.
Lapadula también solicita determinar si el propietario, armador, operador, agente marítimo o empresa contratante del buque registra vínculos con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en Malvinas sin autorización argentina.
