l Juzgado Federal de Ushuaia declaró abstracto el planteo iniciado hace seis años contra medidas de control de conejos que finalmente no fueron aplicadas. Sin embargo, los fundamentos de la sentencia generaron preocupación por sus posibles efectos sobre el manejo de especies invasoras.
El doctor en Biología e investigador principal del CADIC-CONICET, Adrián Schiavini, consideró correcto cerrar la causa porque las medidas habían quedado descartadas en 2020, aunque cuestionó la demora. “Me pregunto por qué se demora tanto en algo que se podría haber resuelto en ese momento”, señaló.
Schiavini explicó que el conejo es una especie exótica invasora que puede provocar impactos ambientales y cuya población, en determinadas circunstancias, necesita ser controlada.
En ese sentido, cuestionó que se hayan considerado aportes de organizaciones vinculadas con la protección animal mientras que, según afirmó, no se consultó de la misma manera a organismos ambientales, científicos o técnicos. “El juez fundamenta su fallo en declaraciones de organizaciones animalistas y no en organizaciones científicas, académicas o gubernamentales”, sostuvo.
Para el investigador, ante este tipo de controversias deben intervenir especialistas que permitan establecer las características de la especie, sus impactos y las herramientas disponibles para manejarla. “Un funcionario judicial no tiene que saber de todo, pero tiene que tener el criterio suficiente para consultar a otras personas, a otras instituciones, a otros especialistas”, afirmó.
También objetó que el fallo trate al conejo como fauna silvestre sin contemplar su condición de especie introducida. “El conejo es una especie exótica, ha sido dañina, es dañina y amerita control”, remarcó.
Aclaró que el control no supone desconocer el bienestar animal, sino utilizar métodos efectivos que reduzcan al mínimo posible el sufrimiento. “Cuando actuás contra ellos tenés que actuar del mejor modo posible en base al estado del arte”, explicó. Al mismo tiempo, advirtió que no intervenir también produce consecuencias, porque las especies invasoras pueden afectar a otros animales, modificar ecosistemas y perjudicar actividades productivas. “No hacer nada porque se defiende el derecho de un individuo es desestimar el derecho de los demás seres vivos que son afectados por esa especie”, sostuvo.
Actualmente la cantidad de conejos en Ushuaia se encuentra en niveles bajos, aunque Schiavini explicó que las poblaciones fluctúan y que desde 2013 registraron tres ciclos de crecimiento y descenso. El último aumento importante comenzó en 2019, antes de la pandemia, por lo que cuestionó que la sentencia relacione esa expansión con la menor circulación de personas durante las restricciones sanitarias. “El problema de los conejos ya lo teníamos a finales de 2019, cuatro meses antes de la pandemia”, señaló.
La disminución actual podría estar relacionada con alguna enfermedad, ya que existe alimento suficiente y la predación no alcanzaría para explicar la baja. De todos modos, advirtió que el escenario puede modificarse: “Estamos por ahora en una depresión que puede cambiar el año que viene o el otro año”.
El investigador recordó que otros países también aplican programas de control. Mencionó una experiencia en Chile donde la eliminación de conejos en una isla permitió recuperar vegetación y sitios de reproducción de aves marinas, y el caso de Australia, donde distintos métodos se analizan según su efectividad y el sufrimiento que provocan.
Schiavini advirtió finalmente que los criterios utilizados en la sentencia podrían repercutir sobre el manejo de otras especies problemáticas en Tierra del Fuego, entre ellas los perros asilvestrados que afectan a la fauna y a la producción rural. “Esto puede tener implicancias en cualquier iniciativa que se tome en cuenta para esto y para otros problemas futuros derivados del manejo de animales silvestres”, señaló. Por ese motivo, anticipó que compartirá el fallo con la autoridad ambiental para analizar sus posibles consecuencias.
