a explotación petrolera proyectada en torno a las Islas Malvinas llegó a la Justicia Federal de Tierra del Fuego. Representantes de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron en Río Grande una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino”, conocido como Sea Lion.
La iniciativa judicial apunta contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), además de otras personas y entidades que eventualmente pudieran resultar responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación del emprendimiento y sus posibles ampliaciones.
El planteo busca que se adopten medidas preventivas para evitar el inicio o la continuidad de los trabajos relacionados con Sea Lion hasta tanto se determine el cumplimiento de las obligaciones ambientales y legales correspondientes.
La presentación incorpora además otro aspecto central: la cuestión de la soberanía argentina sobre Malvinas. Los impulsores de la acción sostienen la necesidad de prevenir eventuales daños ambientales y, paralelamente, resguardar los derechos soberanos de la República Argentina sobre los espacios marítimos y la plataforma continental correspondientes a las Islas Malvinas y sus áreas adyacentes.
En ese contexto, los representantes de ambas organizaciones fueron recibidos este martes por autoridades de la Municipalidad de Ushuaia en la Sala de Situación. Allí expusieron los fundamentos de la acción presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande y analizaron los alcances ambientales y soberanos vinculados con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Del encuentro participaron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili; y el VGM Daniel Guzmán.
La delegación de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas estuvo integrada por su presidente, Enrique Viale, y su director ejecutivo, Lucas Micheoud, ambos especialistas en Derecho Ambiental. Por el CECIM La Plata participó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, magíster en Derechos Humanos e integrante del equipo jurídico de la institución.
La acción coloca así bajo análisis judicial los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto “León Marino” antes de que avance su desarrollo. El pedido apunta específicamente a que no comiencen o continúen tareas vinculadas al emprendimiento mientras no se establezca si se encuentran cumplidas las exigencias ambientales y legales aplicables.
El planteo presentado en Río Grande vincula de ese modo la protección del ambiente con una cuestión estratégica para la Argentina: el aprovechamiento de los recursos naturales en los espacios marítimos y la plataforma continental correspondientes a Malvinas y sus áreas adyacentes.
Con esos argumentos, ambientalistas y excombatientes llevaron el proyecto petrolero al ámbito de la Justicia Federal fueguina, en una presentación que busca actuar de manera preventiva frente a eventuales consecuencias ambientales y, al mismo tiempo, resguardar los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur.
