a intervención del puerto de Ushuaia abrió un nuevo frente de conflicto después de que se impidiera a la Secretaría de Ambiente provincial ingresar para realizar la certificación ambiental anual. La respuesta de la administración nacional fue que Tierra del Fuego ya no tendría competencia ambiental dentro de la terminal mientras continúe la intervención.
El abogado especialista en Derecho Ambiental Andrés Nápoli cuestionó esa interpretación y sostuvo que la administración nacional del puerto no desplaza las facultades provinciales. “Siendo que la cuestión portuaria no tiene norma de presupuestos mínimos, la competencia originaria, sin duda, es de las provincias”, afirmó.
Nápoli explicó que el artículo 124 de la Constitución reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y señaló que la competencia nacional aparece de manera excepcional cuando existen cuestiones interjurisdiccionales. Desde esa perspectiva, consideró que una intervención de carácter administrativo e infraestructural no alcanza para eliminar atribuciones ambientales que Tierra del Fuego venía ejerciendo.
El especialista planteó además que, incluso si se aceptara que Nación cuenta con facultades sobre el puerto, la conclusión sería la misma. Al referirse a los establecimientos de utilidad nacional previstos por la Constitución, sostuvo que “se le aplica la norma local y el poder de policía local”. “En ninguno de los dos casos el Gobierno tendría razón en querer arrogarse las competencias que hasta ahora venía desarrollando la Provincia”, remarcó.
Frente a la imposibilidad material de ingresar a la terminal, Nápoli consideró que Tierra del Fuego debe mantener el reclamo y dejar asentado que pretende continuar ejerciendo sus funciones. Ese planteo podría incorporarse como un hecho nuevo a la causa por la inconstitucionalidad de la intervención o dar lugar a otra presentación judicial. “Hay una responsabilidad de parte de la Provincia de ejercer esas funciones porque la viene ejerciendo y no debería cedérselas a Nación por el simple hecho de que Nación manifieste en un acto administrativo que le corresponderá a ellos mismos”, sostuvo.
También remarcó que la actividad portuaria no puede analizarse de manera aislada de la ciudad y del territorio provincial. “Toda la afectación del puerto va a afectar directamente a la ciudad, por lo cual no se puede relegar esa competencia”, afirmó.
Para Nápoli, la indefinición también genera consecuencias sobre la operatoria comercial. “Los privados bajo qué seguridad jurídica van a operar en el puerto de Ushuaia”, planteó, al advertir que el conflicto puede proyectarse tanto sobre el Estado como sobre quienes desarrollan actividades dentro de la terminal.
El especialista descartó, sin embargo, que la respuesta provincial deba pasar por medidas de hecho que puedan abrir nuevos conflictos constitucionales. Consideró que la salida debe mantenerse dentro de los canales institucionales y judiciales.
En ese marco, volvió a insistir en que una eventual potestad nacional sobre el puerto no elimina las atribuciones ambientales fueguinas. “Debe aplicar la normativa provincial y debe establecerse el poder de policía provincial, no hay manera de que eso pueda impedirse, porque la propia Constitución lo establece”, señaló.
Nápoli definió esas atribuciones como facultades concurrentes, donde la existencia de una jurisdicción no anula automáticamente a la otra. Por eso consideró que el intento de excluir a Tierra del Fuego del control ambiental excede los alcances de la intervención. “El planteo que hace la Nación de suprimir la jurisdicción provincial es absolutamente inconstitucional”, concluyó. Para el especialista, el camino de la Provincia debe seguir siendo institucional hasta obtener una definición sobre los límites de la actuación nacional dentro del puerto.
