n proyecto presentado en la Legislatura busca que el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado intervengan formalmente en la causa judicial iniciada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), al norte de las Islas Malvinas.
La iniciativa del legislador Matías Lapadula se vincula con la acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva promovida ante la Justicia Federal de Río Grande por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La demanda busca detener el emprendimiento proyectado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. Entre otras medidas, solicita suspender obras, perforaciones, actividades y el financiamiento relacionado con Sea Lion.
Lapadula plantea que Tierra del Fuego debería asumir una participación institucional en el expediente porque considera comprometidos intereses propios de la Provincia.
Entre los fundamentos recuerda que la Ley de provincialización establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur integran Tierra del Fuego. Bajo esa definición, sostiene que tanto la infraestructura terrestre y logística prevista en Puerto Argentino como las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos correspondientes a la Provincia.
También cita el artículo 81 de la Constitución fueguina, que declara de dominio provincial los recursos naturales y aquellos existentes en el mar adyacente y su lecho, junto con las normas constitucionales vinculadas con el derecho a un ambiente sano y la obligación estatal de protegerlo.
Otro de los argumentos es que Sea Lion avanzaría sin la Evaluación de Impacto Ambiental y el Certificado de Aptitud Ambiental exigidos por las normas argentinas, cuestionamiento que también constituye uno de los ejes de la demanda original.
La resolución requiere al Ejecutivo y a la Fiscalía intervenir como amicus curiae, tercero interesado o mediante cualquier otra figura procesal que consideren conveniente. La primera alternativa permitiría a la Provincia aportar argumentos jurídicos e información técnica sin necesariamente convertirse en parte del litigio.
Además, solicita al Gobierno poner a disposición de la Fiscalía y eventualmente del Juzgado Federal la información técnica y administrativa disponible sobre la Ecorregión Islas del Atlántico Sur y las obras de Sea Lion.
Finalmente, establece que el Ejecutivo y la Fiscalía deberán informar a la Legislatura, dentro de los 30 días de notificados, qué medidas adoptaron.
La causa excede el plano ambiental. Los demandantes también pretenden alcanzar el esquema financiero del emprendimiento mediante comunicaciones a organismos regulatorios y mercados internacionales e identificar bancos, fondos, aseguradoras y otras entidades vinculadas con su financiamiento.
