urante años, organismos públicos celebraron las nuevas rutas y frecuencias de Flybondi como conquistas de la conectividad. En Tierra del Fuego, el propio INFUETUR y la Secretaria de Turismo validaron la compañía y agradeció su apuesta por el destino. Ahora, con la aerolínea sin volar desde agosto y su participación de mercado derrumbada, aquellas celebraciones fueron reemplazadas por el silencio. El problema excede a Flybondi: cuando un funcionario promociona una empresa privada, también le presta la credibilidad del Estado.
Hay una fotografía bastante habitual en la política argentina. Un funcionario sonríe junto a representantes de una empresa. Hay apretones de manos, logos, quizá una aeronave detrás y un comunicado cuidadosamente redactado. Se habla de inversión, conectividad y futuro. Todo parece indicar que el Estado acaba de conseguir algo extraordinario.
Después, a veces, la empresa desaparece.
Lo curioso es que también desaparece la fotografía.
Flybondi no vuela desde el 6 de agosto y enfrenta una carrera contra el tiempo para conservar su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), vigente hasta el 20 de septiembre. En julio transportó apenas 13.639 pasajeros, 248.734 menos que en el mismo mes de 2025. Su participación en el mercado doméstico, cercana al 15 por ciento el año pasado, cayó por debajo del uno por ciento.
Sin embargo, Flybondi no llegó sola hasta allí. Durante años construyó su presencia comercial acompañada por una importante exposición pública. Gobernadores, intendentes y organismos turísticos celebraron rutas y frecuencias porque, comprensiblemente, cualquier ampliación de la conectividad representa una buena noticia.
Tierra del Fuego no fue la excepción.
Ya en 2021, el Instituto Fueguino de Turismo difundía oficialmente el crecimiento de Flybondi. Su presidente, Dante Querciali, destacaba “la importancia de que las empresas aéreas puedan contar con nuevas rutas hacia nuestro destino” y agregaba: “Felicito y agradezco a la empresa Flybondi por seguir apostando al Fin del Mundo”.
Hubo otras comunicaciones similares. Y acaso allí se encuentre una discusión más importante que la suerte de una aerolínea.
Porque una cosa es que el Estado informe que una compañía incorpora vuelos hacia Ushuaia y otra muy diferente es que la felicite, agradezca su presencia, promocione sus servicios y aparezca institucionalmente asociado con ella.
La diferencia parece menor hasta que la empresa fracasa.
Cuando un organismo oficial informa sobre una nueva frecuencia transmite información de interés público. Pero cuando sus funcionarios se fotografían con los ejecutivos, celebran su desembarco y convierten una decisión comercial en una conquista de gestión, sucede algo distinto: el Estado pone parte de su reputación detrás de una marca privada.
Y la reputación del Estado no pertenece al funcionario que circunstancialmente ocupa un despacho.
Para un pasajero, esa exposición funciona inevitablemente como una forma de validación. Nadie supone que el presidente del Infuetur garantiza personalmente que el avión despegará. Pero si un organismo público felicita reiteradamente a una empresa y celebra su crecimiento, es razonable que el ciudadano interprete que existe algún grado de confianza institucional sobre ella.
Ahí comienza el problema.
Los funcionarios suelen considerar propios los éxitos de empresas sobre las cuales no poseen ningún control y completamente ajenos sus fracasos. Si una aerolínea inaugura vuelos, aparecen las declaraciones sobre la gestión que permitió mejorar la conectividad. Si después cancela servicios, deja pasajeros varados o directamente deja de volar, la explicación cambia: se trata de una empresa privada y el Estado nada tiene que ver.
Es una extraordinaria distribución de responsabilidades: las frecuencias son públicas cuando hay que inaugurarlas y privadas cuando hay que responder por ellas.
Naturalmente, ningún gobierno provincial puede garantizar la solvencia futura de una aerolínea ni hacerse responsable jurídicamente por sus incumplimientos. Sería absurdo exigirlo.
Precisamente por eso debería ser prudente al promocionarla.
El derrumbe de Flybondi permite discutir esa frontera. La compañía venía perdiendo participación desde marzo, en medio de numerosas cancelaciones. En julio sufrió su peor registro y su oferta de asientos y movimientos cayó un 96 por ciento interanual. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas y JetSmart incrementaron su programación doméstica, aunque apenas pueden cubrir parte del espacio abandonado.
Detrás de esas estadísticas, además, hay pasajeros. Personas que compraron pasajes, reservaron hoteles, organizaron vacaciones o necesitaban regresar a sus hogares. Una cancelación puede significar conexiones perdidas, gastos adicionales, jornadas laborales frustradas y viajes arruinados.
Para ellos, las antiguas celebraciones oficiales adquieren ahora otro significado.
Sin embargo, resulta difícil encontrar hoy el equivalente institucional de aquellos comunicados. No aparecen las mismas voces preguntándose qué ocurrió con la compañía que antes felicitaban ni explicando qué aprendizaje deja haber convertido una estrategia comercial privada en una buena noticia gubernamental.
El éxito tenía muchos padres. El fracaso parece haber quedado huérfano.
Esta costumbre no nació con Flybondi. Forma parte de una vieja fascinación política por apropiarse de cualquier buena noticia disponible. Una inversión privada se presenta como logro de gestión; una nueva ruta aérea se convierte en resultado del gobierno; una empresa contrata trabajadores y algún funcionario descubre rápidamente que también él creó esos empleos.
Tal vez los organismos públicos deberían adoptar una regla sencilla: informar, sí; promocionar el destino, por supuesto; difundir nuevas frecuencias, también. Pero e
vitar convertirse en agentes publicitarios de compañías particulares.
Porque cuando todo funciona siempre hay funcionarios disponibles para la fotografía.
La responsabilidad pública comienza a medirse cuando el avión deja de volar y ya no queda nadie delante de la cámara.
Foto de portada corresponde a una gacetilla del INFUETUR
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
