ilei anunció que endurecerá las sanciones contra quienes participen directa o indirectamente de la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El desafío será comprobar hasta dónde llegará ese criterio. Navitas, sancionada por Argentina, avanza con Sea Lion; mientras Harbour Energy, continuadora societaria de Premier Oil e inhabilitada hasta 2028, posee el 15% de Southern Energy, beneficiada por el RIGI. Dos casos diferentes que confluyen en una misma pregunta: ¿las sanciones por Malvinas serán aplicadas con igual rigor cuando entran en juego inversiones multimillonarias dentro del país?
La última cadena nacional de Javier Milei convirtió una vieja trama petrolera vinculada con Malvinas en un problema de estricta actualidad. El Presidente anunció que endurecerá las sanciones contra las empresas que intervengan directa o indirectamente en la explotación de recursos en las islas y planteó una regla sencilla: quienes participen de esos negocios sin autorización argentina deberán elegir entre operar allí o hacerlo en el territorio continental.
El planteo eleva considerablemente la vara, y obliga a mirar no sólo hacia las empresas que actualmente buscan petróleo alrededor de Malvinas, sino también hacia sus antecedentes, continuidades societarias, negocios dentro de la Argentina y, en un extremo, a aquellas que brinden servicios a estas.
Allí aparecen Navitas Petroleum y Harbour Energy. Sus situaciones jurídicas son diferentes y no deben confundirse, pero ambas conducen hacia un mismo interrogante: hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llevar, en los hechos, el criterio que Milei acaba de anunciar.
Navitas ofrece el caso más evidente. Está sancionada por Argentina, controla el 65% de Sea Lion y avanza hacia la explotación comercial del yacimiento. Harbour presenta una situación más compleja: abandonó Sea Lion, pero es la continuadora societaria de Premier Oil, empresa inhabilitada por Argentina hasta 2028, y actualmente posee el 15% de Southern Energy, sociedad incorporada al RIGI.
La cuestión adquiere mayor dimensión porque el propio Milei colocó en su discurso dos conceptos sobre una misma mesa: Malvinas y la defensa de la soberanía, por un lado, y las inversiones y el RIGI, por el otro.
Es precisamente en la intersección de ambos donde aparece el problema.
Los casos de la empresas Navitas y Harbour serán el escenario concreto que permitirán, a la postre, evaluar el real alcance de parte de los anuncios presidenciales.
Navitas continúa en Sea Lion, controla el 65% del emprendimiento y permanece expresamente inhabilitada por Argentina.
Harbour ya no participa de Sea Lion, pero es la continuadora societaria de Premier Oil, sancionada hasta 2028, y posee actualmente el 15% de Southern Energy.
Por eso, la hipótesis no necesita afirmar que Harbour viola hoy la legislación argentina ni que recibió directamente los beneficios del RIGI. Ambas afirmaciones excederían lo que permiten sostener los antecedentes disponibles.
El interrogante es más preciso y, posiblemente, más relevante: si Premier Oil y Harbour constituyen la continuidad de una misma persona jurídica, qué ocurrió con la sanción que Argentina impuso hasta 2028 y cómo fue considerada cuando Harbour ingresó como accionista de Southern Energy.
La respuesta debería estar en los antecedentes administrativos del RIGI.
Y es justamente allí donde los recientes anuncios de Milei cambian la dimensión del caso. Porque después de proclamar que las consecuencias alcanzarán también a quienes participen indirectamente de los negocios vinculados con Malvinas, el Gobierno deberá establecer con claridad qué entiende por participación indirecta y hasta dónde está dispuesto a revisar los antecedentes de quienes hacen negocios en Argentina.
Con Navitas, además, tendrá una prueba concreta: la empresa permanece sancionada y pretende comenzar a producir petróleo en Sea Lion en 2028.
Con Harbour, la cuestión es distinta pero igualmente significativa: determinar si la inhabilitación aplicada a Premier Oil continúa vigente y, si así fuera, explicar cómo resulta compatible con su participación en una sociedad alcanzada por los beneficios extraordinarios del RIGI.
De esta manera, la discusión deja de ser solamente histórica, societaria o jurídica.
La cadena nacional convirtió el tema en una cuestión de coherencia de la política de Estado.
Si la nueva doctrina es que quienes participen de la explotación de recursos en Malvinas deberán elegir entre las islas y la Argentina continental, habrá que comprobar si esa regla funciona únicamente como advertencia hacia el futuro o también como criterio para revisar situaciones existentes.
No tenemos confirmación, pero vale preguntarse que podría ocurrir si dentro de los servicios que contratan las empresas sancionadas por Argentina llegara a encontrarse el de internet satelital brindado por Starlink, empresa propiedad de Elon Musk, amigo del presidente Milei.
Porque detrás de Sea Lion, Premier Oil, Harbour, Navitas y Southern Energy aparece finalmente una pregunta mucho más sencilla:
¿El rigor anunciado para defender los derechos argentinos sobre Malvinas será el mismo cuando enfrente intereses económicos dentro de la propia Argentina?
Esa será, más que cualquier declaración, la verdadera medida del alcance de la política que Milei acaba de anunciar.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
