l crecimiento del endeudamiento y las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones crediticias fueron analizados el pasado martes en el seno de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Legislatura, durante un encuentro con autoridades del Banco de Tierra del Fuego (BTF) en el que se evaluaron las herramientas implementadas para contener el aumento de la morosidad.
El legislador Federico Sciurano (FORJA) advirtió que el deterioro de los indicadores nacionales tiene un correlato en Tierra del Fuego y aseguró que la tasa de morosidad se encuentra por encima de los niveles habituales.
“Hoy estamos viviendo un momento que es muy delicado, lo marcan las estadísticas nacionales. Hay una tasa de morosidad por encima de la media, está duplicando la tasa de morosidad que teníamos hasta hace un par de años atrás”, sostuvo.
Frente a ese escenario, el legislador destacó el rol del banco provincial como herramienta para evitar que las dificultades económicas deriven en un mayor nivel de endeudamiento, pérdida de capacidad de consumo o ejecuciones judiciales contra los clientes.
Según Sciurano, en la actual coyuntura la función del BTF excede su actividad estrictamente comercial y adquiere un carácter de contención frente al deterioro de los ingresos y las dificultades de pago. “El BTF, que es la columna y la estructura financiera local más importante que tenemos, una vez más ha demostrado estar a la altura de esto”, afirmó.
Ante el aumento de la morosidad, el banco implementó herramientas de asistencia que, según se explicó durante la reunión, no se limitaron a refinanciar obligaciones sino que buscaron reordenar las deudas para recuperar capacidad de pago y consumo.
La Comisión también analizó la situación particular de los policías territoriales retirados. De acuerdo con los datos expuestos por Sciurano, existen alrededor de 550 retirados en la provincia, de los cuales unos 90 no operan con el Banco de Tierra del Fuego.
Entre quienes mantienen relación con la entidad, más de 400 cumplen normalmente con sus obligaciones crediticias y alrededor de 20 presentan atrasos considerados significativos.
Otro problema abordado fue la dificultad que encuentran las entidades financieras para contactar a clientes con atrasos. La proliferación de estafas telefónicas y virtuales genera desconfianza frente a cualquier comunicación que se presente en nombre de un banco.
“Cuando llaman y dicen que es de un banco, es racional que se interrumpa la llamada”, reconoció Sciurano, quien planteó la necesidad de contar con mecanismos seguros que permitan establecer contacto con los usuarios sin exponerlos a posibles fraudes.
Del encuentro participaron los legisladores Matías Lapadula, presidente de la Comisión; Federico Greve y Federico Sciurano, de FORJA; María Laura Colazo, del Partido Verde; Gisela Dos Santos, de Somos Fueguinos; y Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza. De manera remota participaron Juan Carlos Pino, del PJ, y Raúl Von Der Thusen, de Somos Fueguinos.
