l Juzgado Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en una acción colectiva que busca impedir el inicio de una explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El planteo combina la discusión sobre la soberanía argentina con la posible afectación ambiental de una actividad habilitada en el archipiélago ocupado por Reino Unido.
Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Mariel Borruto, explicó que la demanda plantea dos cuestiones centrales. Según señaló, “la demandante plantea la ilegitimidad de esta explotación por un lado y la posible producción de un daño ambiental por el otro”, mientras que como medida cautelar solicita impedir que la actividad comience.
Hasta el momento, el tribunal no resolvió sobre el fondo del reclamo ni sobre la cautelar. La decisión adoptada se limita a reconocer su competencia para intervenir. Vicente sostuvo que la jueza ratificó una posición que ya había expresado en otras causas vinculadas con Malvinas: la Justicia argentina tiene jurisdicción sobre hechos relacionados con un territorio sobre el cual Argentina ejerce su reclamo de soberanía. “Lo único que ha resuelto la jueza es que el Estado argentino es competente para conocer todo lo que acontece sobre el territorio sobre el que tiene soberanía Argentina, y el Juzgado Federal de Río Grande en particular tiene competencia para entender la cuestión”, explicó. La definición sobre la legitimidad de la explotación y el eventual riesgo ambiental deberá producirse en etapas posteriores del proceso.
Uno de los desafíos será identificar y notificar a las partes demandadas en caso de que la acción continúe. Vicente explicó que, si corresponde correr traslado de la demanda o comunicar una eventual medida cautelar, será necesaria la intervención de la Cancillería argentina. “Va a hacer falta uno de los oficios que hace la Cancillería Argentina para lograr la notificación de esta demanda eventualmente y, si se adopta alguna de las medidas cautelares, comunicarla para que sea cumplida”, indicó. El funcionario recordó que el juzgado ya atravesó procedimientos similares en otras causas vinculadas con Malvinas.
Vicente aclaró además que el expediente debe ser entendido como una acción colectiva y no simplemente como un amparo ambiental. Ese tipo de procesos procura representar intereses que pertenecen a un conjunto de personas y exige precisar cuál es el colectivo alcanzado.
Por ese motivo, la jueza intimó a la parte demandante a completar algunos aspectos de la presentación. “Hay que dejar claro cuál es ese colectivo, quiénes son las personas que están siendo representadas por esa acción”, explicó Vicente. También deberán incorporarse en español documentos presentados en inglés y volcar dentro del expediente información que inicialmente había sido aportada mediante enlaces.
El plazo otorgado para subsanar esas cuestiones es de cinco días. Una vez cumplidos esos requisitos, el tribunal podrá continuar evaluando el trámite de la causa y las medidas solicitadas.
La naturaleza colectiva del expediente también abre la posibilidad de que otras organizaciones pidan intervenir. Vicente señaló que cualquier incorporación deberá ser evaluada por el juzgado en función de la legitimación que acredite cada entidad.
La Fiscalía sugirió además comunicar la existencia del proceso al Estado provincial, a través del Fiscal de Estado, para que Tierra del Fuego evalúe si tiene interés en presentarse. Según explicó Vicente, esa intervención se vincula con la titularidad provincial de los recursos naturales comprendidos en su territorio.
El expediente permanece así en una etapa inicial: la Justicia Federal de Río Grande ya reconoció su competencia, pero todavía resta perfeccionar la demanda y resolver si corresponde avanzar sobre las medidas solicitadas. A partir de allí, cualquier decisión que requiera ser notificada fuera del país sumará además la intervención de Cancillería, en una causa donde la cuestión ambiental se cruza directamente con el ejercicio de soberanía argentina sobre Malvinas.
