a Municipalidad de Ushuaia anunció que se sumará formalmente como querellante en la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Río Grande por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte.
La demanda está dirigida contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La acción fue promovida originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, invocando la figura de la tutela ambiental soberana, la cual vincula de manera directa la protección del medio ambiente con la defensa de la soberanía argentina.
Previo a la radicación judicial, los impulsores de la medida sostuvieron un encuentro en la Intendencia con el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili, y el VGM Daniel Guzmán. Durante la reunión, se evaluaron los fundamentos jurídicos de la acción y la relevancia de abordar de forma integrada los aspectos ambientales y soberanos de la región. La presentación fue efectuada a comienzos de septiembre y establece que la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina requiere el cumplimiento de la normativa nacional y sus respectivas autorizaciones de impacto ambiental.
En el marco del proceso, la jueza federal Mariel Borruto determinó que el Juzgado Federal de Río Grande resulta competente para intervenir en las actuaciones, reconociendo que la controversia abarca tanto la jurisdicción marítima nacional como la preservación soberana. Asimismo, la magistrada dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego para el resguardo de sus intereses patrimoniales y ambientales, mientras que las medidas cautelares solicitadas para paralizar el proyecto se encuentran aún pendientes de resolución.
Por su parte, el intendente Walter Vuoto remarcó que la custodia de las riquezas naturales y la soberanía en el Atlántico Sur exige aplicar instrumentos legales preexistentes, ponderando la plena vigencia de la Ley 26.659 sancionada en 2011 para sancionar la exploración petrolera no autorizada. De igual modo, recordó el proceso de recuperación estatal de YPF en 2012 y sostuvo que el debate sobre el archipiélago debe integrar los recursos estratégicos marítimos. Finalmente, ratificó el compromiso de acompañar el reclamo judicial para garantizar la vigencia de las leyes argentinas y la protección del patrimonio natural de la jurisdicción fueguina.
