l gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza recibieron en Casa de Gobierno al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, quienes llegaron a Ushuaia para recorrer la Base Naval Integrada y avanzar en la anunciada reactivación del proyecto.
La reunión marcó además un cambio en la relación institucional entre ambas administraciones. Es la primera vez durante la gestión de Javier Milei que ministros nacionales que visitan Tierra del Fuego mantienen un encuentro formal con el Gobernador, después de casi tres años caracterizados por fuertes diferencias políticas y económicas entre Nación y Provincia.
Melella reveló que la visita había sido coordinada previamente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Tuvieron el gesto de venir y charlar. Es un avance y ojalá dé resultados”, señaló.
En esta oportunidad, la coincidencia estuvo centrada en la importancia estratégica del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida.
“Hace 40 años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el Gobierno nacional anterior”, recordó Melella.
El mandatario sostuvo que “Argentina tiene que tomar un posicionamiento firme en el Atlántico Sur” y remarcó que Tierra del Fuego tiene “un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira”.
En ese sentido, planteó la necesidad de observar lo que ocurre alrededor del país. “Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”, afirmó.
Melella destacó además la decisión de respaldar la iniciativa más allá de las diferencias con el Gobierno nacional. “Por más que uno tenga diferencias políticas, diferencias ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, sostuvo.
También admitió que los últimos anuncios de la administración Milei lo sorprendieron “gratamente”, porque a su entender reconocen la posición geopolítica de Tierra del Fuego y la relevancia de Malvinas y el Atlántico Sur.
“Son herramientas importantes para la soberanía”, afirmó. Y agregó: “Uno puede coincidir o no en muchas cosas, pero esto es importante. Si hay que salir a criticar en cosas que no corresponden, lo hago. En esto, la verdad es que coincidimos en que hay que hacerlo”.
Después de la reunión, Quirno y Presti se trasladaron al predio de la futura base, donde recibieron una exposición de la Armada Argentina sobre el proyecto y recorrieron las instalaciones existentes.
Desde el Gobierno nacional se planteó que la Base Naval permitirá convertir a Ushuaia en una plataforma logística para el Atlántico Sur y la Antártida, combinando presencia militar, vigilancia y capacidad de abastecimiento. El esquema presentado por Nación busca que Ushuaia funcione como puerta continental y la Base Petrel como puerta antártica, conectando la logística marítima y aérea con las bases argentinas en el continente blanco.
Quirno sostuvo además que la instalación permitirá concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas. La definición nacional apunta así a asignarle a la Base Naval un papel central no sólo en materia de defensa sino también en el desarrollo de la logística antártica.
Ese enfoque presenta una diferencia con la posición que históricamente sostuvo el Gobierno fueguino. Tierra del Fuego respalda tanto la Base Naval como el Polo Logístico Antártico, pero plantea que deben ser proyectos diferenciados: la primera vinculada con las necesidades militares y de defensa y el segundo concebido fundamentalmente como una infraestructura comercial, productiva y de servicios.
Melella ya había planteado esa distinción al iniciarse las obras en 2022. “El Polo Logístico Antártico no es una actividad militar, es comercial, es productiva, es de servicios y tiene que ver con la soberanía”, sostuvo entonces. La Provincia defendió además un esquema con participación del sector privado y capacidad para prestar servicios a buques y operadores de terceros países, algo que considera difícil de desarrollar si toda la infraestructura queda bajo administración militar.
Una obra con más anuncios que avances
La nueva coincidencia política vuelve a poner el foco sobre una obra que fue presentada como estratégica por dos gobiernos nacionales, aunque hasta ahora el avance efectivo estuvo muy por debajo de los compromisos anunciados.
La construcción comenzó formalmente en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Para ese año se habían previsto alrededor de $2.747 millones para el muelle, maquinaria y equipamiento, con recursos del Fondo Nacional de la Defensa.
Pero el impulso inicial no se tradujo en el avance previsto. Tandanor suspendió los trabajos en diciembre de 2023 y durante 2024, ya bajo la administración Milei, no hubo inversión presupuestaria en el proyecto. El último dato oficial disponible mantiene el avance físico en apenas 9,13%, con un avance financiero del 19,40%. La inversión acumulada entre 2021 y 2025 fue de aproximadamente $2.475 millones.
El escaso avance atravesó así a las dos administraciones: el Gobierno de Alberto Fernández lanzó la obra y terminó su mandato con una ejecución limitada, mientras que durante la primera etapa de la gestión Milei tampoco se produjo una aceleración significativa. Incluso después de la visita presidencial a Ushuaia en abril de 2024, el porcentaje de ejecución permaneció prácticamente sin modificaciones.
Ahora Nación asegura que busca pasar “del planeamiento a la ejecución”. El Decreto 867/26 reforzó en más de $200.000 millones los recursos destinados conjuntamente a la Base Naval Integrada y a la Base Antártica Petrel, mientras el Gobierno anunció que incorporará nuevas partidas en el Presupuesto 2027.
El desafío financiero, sin embargo, sigue siendo considerable. Las estimaciones actuales ubican el costo integral de la Base Naval de Ushuaia entre USD 400 millones y USD 500 millones, por lo que los recursos comprometidos hasta el momento cubren sólo una parte del proyecto.
La visita de Quirno y Presti y el respaldo expresado por Melella constituyen un nuevo compromiso político para avanzar con una infraestructura sobre cuya importancia estratégica existe una coincidencia amplia. Pero después de cuatro años de anuncios, reasignaciones y sucesivas promesas de ejecución, el dato concreto continúa siendo el mismo: el último registro oficial ubica la obra en apenas 9,13% y deja más del 90% todavía por ejecutar.
