a reivindicación de Malvinas volvió al centro de la agenda nacional después del partido entre Argentina e Inglaterra, cuando los jugadores de la Selección levantaron una bandera con la consigna ‘Las Malvinas son argentinas’. Para el intendente de Río Grande, ese episodio modificó el escenario político y forzó al oficialismo a revisar una postura que hasta entonces había mantenido la causa soberana lejos de sus prioridades.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez sostuvo que aquel partido fue un antes y un después, y atribuyó el cambio a la reacción social que produjo la escena. “A partir de ese momento, con un reverdecer de la causa nacional, el Gobierno, mirando encuestas, se dio cuenta de que tenía que pegar un volantazo”, afirmó. Para Pérez, no se trató solamente de un giro discursivo, sino de “un volantazo electoral, profundamente electoral”, orientado a reposicionar al oficialismo de cara al próximo año en medio de la crisis económica.
El mandatario repasó las posiciones que atribuyó al Gobierno antes del partido. Recordó que Milei había expresado admiración por Margaret Thatcher y cuestionó sus dichos sobre los kelpers. También señaló que, después de que los jugadores levantaran la bandera “Las Malvinas son argentinas”, hubo dirigentes nacionales que consideraron que habían hecho “una de más”. Para el intendente, esa secuencia refuerza la idea de que el cambio posterior respondió al impacto político que tuvo la reivindicación de Malvinas.
Ese contraste es, para Pérez, lo que obliga a mirar el cambio con cautela. “Hay que tener un cachito de coherencia”, sostuvo al insistir en que la intensidad de los anuncios recientes debe compararse con las decisiones adoptadas durante los meses anteriores. En su lectura, el Gobierno detectó el peso transversal de la reivindicación de Malvinas y modificó su posicionamiento cuando esa sensibilidad volvió al centro de la discusión nacional.
Pérez señaló que hablar de soberanía exige observar qué ocurre al mismo tiempo en Tierra del Fuego, donde la caída del empleo y la actividad industrial está afectando el arraigo. “Sin desarrollo no hay soberanía, sin empleo no hay soberanía, sin arraigo no hay soberanía”, afirmó al trasladar la discusión hacia las condiciones concretas para sostener población y producción en la provincia.
El intendente describió una “caída estrepitosa” del trabajo industrial, de la producción y de la capacidad competitiva y logística. Según aseguró, casi dos mil vecinos ya dejaron Río Grande para vivir en otros lugares y advirtió que el proceso podría profundizarse si continúa la crisis económica. “¿Cómo podemos hablar de la defensa de la soberanía cuando no defendemos ni siquiera nuestra industria nacional?”, cuestionó.
También mencionó la paralización del proyecto de infraestructura portuaria para la zona norte de Tierra del Fuego, al que consideró necesario para el desarrollo productivo y logístico. En ese planteo, la soberanía no depende únicamente de una posición diplomática sobre Malvinas: requiere empleo, infraestructura y condiciones que permitan sostener comunidades en un territorio cuya importancia estratégica el propio Gobierno volvió a destacar.
A esa contradicción sumó la intervención del puerto de Ushuaia. Pérez sostuvo que resulta difícil compatibilizar un discurso de defensa soberana con una provincia que no administra actualmente su principal terminal marítima. Lo utilizó como otro ejemplo de la distancia que observa entre las definiciones nacionales sobre el Atlántico Sur y las decisiones que afectan a Tierra del Fuego.
El otro punto que puso bajo cuestionamiento fue la presencia de tropas estadounidenses. Pérez se refirió a información que había conocido esa misma mañana y sostuvo que el ingreso se produjo sin autorización del Congreso. El dato, en su análisis, adquiere especial relevancia a partir del anuncio de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de las incógnitas sobre el alcance que tendrá esa instalación.
“¿Esa base militar que se va a instalar en Ushuaia, tenemos certeza de que es una base militar argentina, sin la intervención de ninguna potencia extranjera?”, preguntó. Para el intendente, esa definición debe quedar aclarada en el ámbito institucional. “Tiene que quedar claro en el Congreso”, insistió, antes de advertir: “No sea cosa que quieran meter alguna potencia por la ventana”.
Pérez no afirmó que la futura base vaya a quedar bajo control extranjero, pero reclamó certezas por la presencia reciente de personal militar estadounidense y por el creciente interés internacional sobre el Atlántico Sur. Consideró que cualquier participación de una potencia extranjera en instalaciones o actividades militares dentro de Tierra del Fuego debe quedar sometida a los mecanismos institucionales argentinos y ser explicada públicamente.
La preocupación se inscribe en un escenario que definió como cada vez más complejo. Mencionó los posicionamientos de Estados Unidos, Reino Unido y Chile y reafirmó que el Atlántico Sur debe preservarse como una zona de paz. “No queremos que se priorice la guerra ni acciones bélicas”, sostuvo, y advirtió que la evolución de la situación regional obliga a “prender todas las luces de alerta”.
Para Pérez, el nuevo énfasis del Gobierno sobre Malvinas será creíble sólo si logra superar la coyuntura electoral que él atribuye al impacto del partido con Inglaterra. La medida de esa política, planteó, no estará únicamente en los discursos: también deberá verse en la defensa del empleo industrial, el arraigo de la población, la infraestructura estratégica y el control institucional sobre cualquier presencia militar extranjera en Tierra del Fuego.
Finalmente, volvió a cuestionar la subasta de tierras nacionales tanto en Río Grande como en Ushuaia al mejor postor, ya que la gestión Milei las declaró innecesarias. Sobre esto último, el mandatario riograndense cuestionó el doble discurso de enarbolar la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, a la par que se ponen a la venta sin ningún tipo de restricciones terrenos estratégicos sin ningún tipo de control del destino final que tendrán, y sin coordinación ni con el Gobierno ni los Municipios.