l concurso para cubrir los cargos de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes quedó bajo cuestionamiento cuando resta la decisión final de la Legislatura. Las objeciones alcanzan la publicidad de los antecedentes, la posibilidad de presentar impugnaciones, los criterios utilizados durante las distintas etapas y un presunto conflicto de intereses dentro del proceso.
La legisladora provincial Natalia Gracianía sostuvo que el proceso “ha perdido legitimidad” y ratificó que, a su criterio, la solución debería ser reiniciarlo. “Desde mi punto de vista este concurso debería hacerse de cero”, afirmó, para que todos los inscriptos vuelvan a participar con las mismas posibilidades.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta a la etapa de admisibilidad. Según explicó, se difundió una lista con los nombres y documentos de quienes continuaban en carrera, pero no estuvieron disponibles sus antecedentes. Para Gracianía, esa falta de información impidió que terceros pudieran evaluar las postulaciones y formular impugnaciones con elementos suficientes.
“No se pudo acceder a qué era lo que acreditaban como antecedentes respecto de su calidad para poder formar parte de este concurso de antecedentes y oposición”, señaló. A esa objeción sumó que los criterios aplicados no estuvieron establecidos de manera clara desde el inicio. “Las reglas se fueron escribiendo a medida que las etapas iban avanzando”, cuestionó.
La legisladora afirmó que durante los cinco meses que lleva el procedimiento también existieron reclamos que no obtuvieron respuestas y agregó otro elemento que considera determinante: en la audiencia pública, aseguró, se reconoció un vínculo personal, político o institucional entre una integrante de la comisión evaluadora y la postulante ubicada en el primer lugar del orden de mérito.
Gracianía interpretó esa relación como un conflicto de intereses y sostuvo que se suma a las razones por las cuales debería revisarse integralmente el concurso. Su planteo no apunta únicamente a modificar el resultado final, sino a retrotraer el procedimiento para que quienes se inscribieron inicialmente tengan nuevamente la oportunidad de participar.
La discusión incorporó además una presentación contra una de las candidatas que integra las ternas remitidas a la Legislatura. Gracianía aclaró que todavía no cuenta con los detalles formales necesarios para pronunciarse sobre su contenido, pero consideró que deberá ser analizada antes de que se adopte la decisión definitiva.
La instancia legislativa tiene una particularidad: la Cámara no elegirá entre todos los inscriptos originales, sino entre las ternas confeccionadas por la comisión evaluadora. Según explicó Gracianía, existe una terna por ciudad y cada una cuenta con un orden de mérito previamente establecido.
Ese mecanismo refuerza, para la legisladora, la importancia de revisar los cuestionamientos acumulados durante las etapas anteriores. Señaló que las objeciones no fueron formuladas exclusivamente por ella, sino también por participantes del concurso, y sostuvo que avanzar directamente hacia la designación dejaría sin resolver las críticas sobre las condiciones en las que se llegó a las ternas actuales.
Gracianía recordó que presentó formalmente un pedido para suspender los plazos y revisar aspectos que consideraba incorrectos, pero su planteo no fue atendido. A su criterio, las deficiencias afectan dos principios esenciales de una selección pública: la transparencia y la igualdad de oportunidades entre quienes aspiraban a los cargos.
La Defensoría tendrá a su cargo la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y quienes resulten seleccionados permanecerán durante cinco años en sus funciones. Por ese motivo, sostuvo que la exigencia sobre el procedimiento debe ser especialmente rigurosa. “Si estamos ante una decisión tan importante”, quienes se postulen deben hacerlo “bajo las reglas absolutamente claras, las mismas reglas para todos, bajo la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno”. Para Gracianía, esas condiciones no quedaron garantizadas durante el proceso y el resultado terminó perdiendo legitimidad.
