a Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia favorable a Tecnomyl, empresa de agroquímicos radicada en Río Grande, en la demanda iniciada contra la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la aplicación del impuesto PAIS a la importación de insumos destinados a su producción.
La decisión fue adoptada el 10 de septiembre en el expediente “Tecnomyl SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ incidente de apelación” y puso fin a un conflicto judicial iniciado en 2023. La demanda había sido presentada originalmente contra la AFIP, organismo posteriormente reemplazado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El caso se originó a partir del cobro del impuesto PAIS sobre las importaciones de insumos que Tecnomyl necesita para fabricar sus productos en Tierra del Fuego. Una parte importante de esos componentes, de acuerdo con la presentación de la compañía, es adquirida en China.
La empresa había obtenido una resolución favorable de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Esa decisión fue recurrida por ARCA mediante un recurso extraordinario que llevó la controversia hasta la Corte Suprema.
El máximo tribunal, sin embargo, consideró que la presentación del organismo recaudador no había cuestionado adecuadamente todos los fundamentos de la sentencia anterior y declaró inadmisible el recurso. De esa manera, quedó firme el pronunciamiento favorable a Tecnomyl.
El impacto sobre la producción
Durante el conflicto judicial, la compañía sostuvo que la aplicación del impuesto PAIS y el anticipo exigido en Aduana afectaron la disponibilidad de insumos importados, incrementaron los costos y redujeron la previsibilidad necesaria para mantener el ritmo de producción en su establecimiento de Río Grande.
La situación tuvo además consecuencias sobre la actividad laboral. En octubre de 2023, Tecnomyl finalizó alrededor de 80 contratos temporarios en la ciudad, en un contexto marcado por la interrupción de líneas de producción que no disponían de los componentes necesarios para continuar operando con normalidad.
El planteo judicial estuvo relacionado con los cambios introducidos por el Decreto 377/2023, que amplió el alcance del impuesto PAIS a determinadas operaciones vinculadas con las importaciones.
La normativa estableció una alícuota del 7,5% para las importaciones generales y facultó a la entonces AFIP a exigir un pago a cuenta de hasta el 95% del tributo.
Tecnomyl cuestionó esa aplicación al considerar que las importaciones destinadas a una actividad industrial comprendida dentro del régimen de promoción de Tierra del Fuego no podían ser alcanzadas por el gravamen a partir de un decreto y posteriores resoluciones administrativas.
La discusión por la Ley 19.640
El conflicto llevó así al ámbito judicial la relación entre la aplicación del impuesto PAIS y las exenciones contempladas por la Ley 19.640, norma que estableció un Área Franca y un Área Aduanera Especial para Tierra del Fuego.
Ese régimen contempla beneficios tributarios destinados a promover y sostener actividades económicas en la provincia, argumento sobre el cual Tecnomyl estructuró parte central de su cuestionamiento al cobro.
Con la decisión de la Corte Suprema de declarar inadmisible el recurso presentado por ARCA, quedó firme la sentencia que había resultado favorable a la empresa fueguina y se cerró, tres años después de iniciado el planteo, el litigio por la aplicación del impuesto PAIS sobre los insumos importados destinados a su actividad industrial.
