rente a una intervención federal que alteró la administración del Puerto de Ushuaia y mantiene abierto un profundo conflicto institucional y laboral, las cámaras empresarias eligieron dónde poner el foco. No cuestionaron la intervención ni reclamaron por los trabajadores que denuncian impedimentos para cumplir sus tareas. Su preocupación es otra: que el conflicto no afecte la temporada de cruceros. Cuando la conveniencia convierte un hecho controvertido en normalidad, el silencio deja de ser neutral.
Es necesario ser claros: Hay silencios que son prudencia. Otros son indiferencia. Y existen silencios que, cuando se prolongan frente al ejercicio del poder, terminan transformándose en una forma de consentimiento.
La intervención federal del Puerto de Ushuaia lleva meses. Fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026, que suspendió por doce meses la habilitación —aunque difirió la ejecución de esa suspensión— y ordenó simultáneamente la intervención administrativa de la terminal.
Frente a semejante conflicto, las entidades empresarias tienen derecho a fijar posición. También pueden optar por no hacerlo. Lo que resulta mucho más difícil es declararse ajenas cuando deciden intervenir públicamente para reclamar que las consecuencias no afecten determinados intereses. De igual manera, algunos de sus principales referentes y voceros podrían tener el decoro de excusarse de intervenir en este tipo de temáticas públicas cuando existe colisión de intereses económicos, personales o afectivos con una de las partes, que sesgan políticamente la supuesta neutralidad .
Después de meses de intervención, una gacetilla producida y circulada por las Cámaras de Turismo y Comercio de Ushuaia pone de manifiesto su particular visión sobre la eventual situación que podría llegar a producirse en el puerto de Ushuaia.
El texto ofrece una fotografía bastante precisa de la época: un puerto puede perder su autonomía, una provincia puede ver atropelladas sus competencias y una ciudad puede quedar reducida a escenario de un conflicto ajeno, pero siempre habrá alguien dispuesto a reclamar “previsibilidad” para que el negocio continúe funcionando.
El documento expresa preocupación por la temporada de cruceros, advierte sobre más de 2.000 puestos de trabajo, enumera hoteles, restaurantes, agencias, transportistas y proveedores, y alerta que Punta Arenas y Puerto Williams podrían convertirse en alternativas para las navieras. Todo eso es cierto. También es cierto que la gacetilla consigue una proeza conceptual: hablar extensamente de Ushuaia sin demostrar, en ningún momento, demasiado compromiso con Ushuaia.
Los firmantes solicitan al Gobierno provincial que garantice el libre acceso al puerto y que diseñe un plan de contingencia. No piden el fin de la intervención. Es decir, le piden a la provincia que resuelva las consecuencias de un problema institucional y le reclaman al organismo federal que administre con eficiencia aquello cuya presencia en el puerto nunca cuestionaron de manera abierta. La fórmula es impecable: nadie se hace cargo del conflicto, pero todos exigen que la provincia garantice que la actividad comercial no se interrumpa.
Desde el momento en que se produjo la irrupción a través de la intervención federal del puerto de Ushuaia, las Cámaras se han caracterizado por la ausencia de una posición concreta en defensa del federalismo, algo que resulta particularmente elocuente. No hubo una impugnación firme del atropello institucional perpetrado bajo la lógica de la política libertaria, representada en este caso por la ANPyN. Hubo, en cambio, una prudente distancia administrativa, una suerte de neutralidad de mostrador: “nosotros somos operadores, que otros discutan la soberanía, las competencias y el diseño institucional”.
El problema es que esa supuesta neutralidad es falsa. La actividad económica nunca fue apolítica cuando estuvo en juego su conveniencia. Cuando en otras oportunidades se intentó regular el funcionamiento de estos sectores en beneficio de la ciudad, sus representantes supieron movilizarse, expresar posiciones políticas, influir sobre funcionarios y ejercer un poder de lobby corporativo suficientemente eficaz como para impedir o modificar normas. En esos momentos, dejaron de ser simples efectores económicos y se convirtieron, mágicamente, en actores políticos de gran precisión quirúrgica.
La política, entonces, parece ser aceptable siempre que sirva para defender tarifas, permisos, recorridos, excepciones o condiciones operativas. Lo que incomoda es la política cuando obliga a pronunciarse sobre el desvío de fondos provinciales a cuentas sin control efectivo, la falta absoluta de transparencia en la administración portuaria, al atropello al federalismo y a la autonomía provincial. Habla a las claras de la carencia de la pertenencia territorial o la responsabilidad que corresponde asumir frente a una comunidad que no es apenas un punto geográfico en el itinerario antártico.
La gacetilla reclama que las autoridades “resuelvan lo que les corresponde”. La pregunta inevitable es qué les corresponde a los firmantes. ¿Sólo calcular pérdidas, enviar advertencias a las navieras y preservar la imagen internacional del puerto? ¿Sólo informar que la incertidumbre llegó al mercado internacional? ¿Nada que decir sobre la incertidumbre institucional que llegó a la provincia? ¿Nada que objetar cuando un organismo federal avanza sobre una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego como si Ushuaia fuera una sucursal administrativa ubicada en el extremo sur de una planilla de Excel?
La visión es unidireccional: todo aquello que afecta la continuidad del negocio merece urgencia; todo aquello que afecta la institucionalidad parece pertenecer a otra galaxia. Los trabajadores portuarios son mencionados, pero como una variable de riesgo. Sus reclamos son “respetados”, siempre que no bloqueen accesos, alteren recaladas ni incomoden la cadena de servicios. La dimensión humana aparece, por supuesto, pero cuidadosamente subordinada a la tranquilidad de los operadores internacionales.
Así, los trabajadores no son ciudadanos con derechos, sino una contingencia. La provincia no es una comunidad política, sino una autoridad a la que se le pide que despeje el camino. El puerto no es un patrimonio estratégico, sino una plataforma de servicios. Y Ushuaia no es una ciudad con historia, conflictos y dignidad institucional, sino una marca turística que debe permanecer confiable ante las navieras.
Los firmantes recuerdan que Ushuaia tardó más de 30 años en consolidarse como puerta de entrada a la Antártida. Es una afirmación indiscutible, aunque la conclusión parece ser que ese esfuerzo colectivo debe protegerse exclusivamente para que otros puedan seguir facturando desde aquí. La ciudad construyó una posición internacional, pero quienes hoy hablan en su nombre parecen concebirla como una franquicia: mientras haya cruceros, proveedores y pasajeros, todo marcha bien; cuando aparece un conflicto social o institucional, que se ocupen los demás.
Hay algo de humor absurdo en esta escena. Se pretende defender la identidad internacional de Ushuaia renunciando a defender su identidad política. Se reclama soberanía turística mientras se guarda silencio ante la subordinación institucional. Se invoca el nombre de la ciudad para proteger la temporada, pero no para proteger su capacidad de decidir sobre aquello que ocurre en su propio puerto. Es una forma novedosa de patriotismo: amar profundamente el territorio siempre que figure en los balances.
La previsibilidad es importante. También lo son el trabajo, la actividad económica y la continuidad de la temporada. Pero ninguna de esas cosas puede convertirse en excusa para aceptar en silencio el atropello al federalismo ni para fingir que la institucionalidad es un lujo prescindible cuando hay barcos esperando.
Una ciudad no se defiende sólo evitando que pierda recaladas. Se la defiende cuando se cuestiona que otros decidan por ella, cuando se acompaña a sus trabajadores, cuando se sostiene a sus instituciones y cuando quienes desarrollan aquí sus actividades comprenden que no son visitantes accidentales de una oportunidad comercial.
Ushuaia merece algo más que operadores preocupados por el calendario de cruceros. Merece actores comprometidos con la ciudad en la que trabajan, con la provincia que les permite hacerlo y con las instituciones que hacen posible, entre otras cosas, que ese puerto exista. Porque si todo se reduce al interés comercial, tal vez las navieras encuentren otro puerto.
Pero la mezquindad, por desgracia, siempre consigue recaladas.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
