espués de 46 días de paro y acampe frente a Casa de Gobierno y la delegación del Ministerio de Educación en Río Grande, los docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina aceptaron, por mayoría, la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial y puso fin a una de las medidas de fuerza más prolongadas del sistema educativo fueguino.
El entendimiento no se limita a una recomposición salarial. El documento contiene ocho puntos que incluyen la declaración de una emergencia salarial docente, una ley de financiamiento educativo, un plan de obras escolares, la discusión de un Salario Mínimo Vital y Móvil provincial, una mesa de salud docente, estabilidad de plantas orgánicas funcionales y una agenda de transformación educativa.
En materia salarial, para septiembre se eleva el ítem Función Docente del 230% al 255%. En octubre subirá al 265%; en noviembre llegará al 270% y el FOID pasará de $56.000 a $70.000. Para enero de 2027, Función Docente alcanzará el 285% y el FOID los $90.000. La mejora será remunerativa y comprenderá a trabajadores activos y jubilados.
El acuerdo incorpora además la devolución de los descuentos salariales aplicados durante 2026 por los días de paro.
También contempla que el Gobernador declare la emergencia salarial docente y que el Ejecutivo reformule el proyecto de financiamiento educativo y le presente a la Legislatura con trámite de urgencia. Los nuevos recursos tendrían una afectación del 50% para salarios, 30% para infraestructura y 20% para la denominada Mochila Pedagógica.
En infraestructura, Educación deberá presentar dentro de los 15 días hábiles un informe sobre la situación de los edificios y el plan de inversión. Se sumarán una comisión para avanzar sobre un Salario Mínimo Vital y Móvil provincial, una mesa entre Salud, Educación y OSEF sobre salud docente y compromisos vinculados con las Plantas Orgánicas Funcionales hasta finalizar el ciclo lectivo 2027.
La particular evaluación del Ministro
El ministro de Educación, Pablo López Silva, presentó el entendimiento como “fruto del diálogo” y sostuvo que demuestra que pueden encontrarse “puntos de encuentro cuando ponemos por delante la educación”.
La explicación oficial contrasta, sin embargo, con la extensión del conflicto. Fueron necesarios 46 días de paro y protesta para llegar a una propuesta aceptada por los docentes. La reivindicación del diálogo como mecanismo para resolver la crisis aparece recién después de más de seis semanas de medidas de fuerza y de una fuerte afectación de la continuidad escolar.
Mientras el acuerdo ofrece definiciones concretas sobre salarios, descuentos, financiamiento y estabilidad laboral, resulta bastante menos preciso respecto de uno de los principales problemas que deja el conflicto: cómo recuperarán los estudiantes las clases y contenidos perdidos durante el año.
El documento sólo establece que, en el marco de la transformación educativa, una Mesa Técnica de Planificación Pedagógica deberá analizar y planificar los contenidos correspondientes a las jornadas de clases no desarrolladas y definir prioridades de inicio y finalización de los niveles obligatorios. Esa mesa tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para presentar sus conclusiones.
No se establece todavía, en cambio, cuántas jornadas deberán recuperarse, mediante qué modalidad, cuánto se extenderá el calendario o qué mecanismos concretos garantizarán que los contenidos pendientes puedan efectivamente dictarse. La cuestión adquiere especial relevancia cuando restan alrededor de 60 días hábiles para el cierre del ciclo escolar.
La aceptación de la propuesta permite así cerrar la etapa más extensa del conflicto y avanzar hacia la normalización de las clases. Pero también traslada ahora la atención hacia dos cuestiones centrales: el cumplimiento efectivo de los compromisos salariales y legales asumidos y la capacidad del sistema educativo para recuperar, en el poco tiempo que resta del año, los aprendizajes afectados por meses de interrupciones.
