ay decisiones judiciales que aclaran. Otras, curiosamente, oscurecen. Cuando para acceder a información pública aparecen tecnicismos, obstáculos y argumentos que terminan favoreciendo exactamente al organismo oficial cuestionado, la casualidad empieza a exigir demasiada buena voluntad.
Si no hay nada comprometedor, ¿por qué tanto esfuerzo para impedir que se conozca? La información pública debería abrir puertas, no necesitar una carrera de obstáculos judiciales.
Tal vez todo tenga una explicación perfectamente razonable. Pero cuando el organismo quiere silencio y la Justicia encuentra el argumento para garantizarlo, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué es tan importante que los ciudadanos no deberían conocer?
