ocho meses del inicio de la intervención, la discusión por el Puerto de Ushuaia sumará un capítulo en la Legislatura con foco en sus efectos sobre las cuentas provinciales, la situación de los trabajadores y las facultades de control que Tierra del Fuego sostiene sobre la terminal. La medida nacional rige por doce meses y alcanza la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto.
El legislador provincial del Partido Provincia Grande Matías Lapadula anticipó que impulsará el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y vinculó esa revisión con el impacto concreto de la intervención. “Vamos a trabajar en el ámbito de la comisión para analizar las consecuencias económicas de esta intervención para la Provincia”, afirmó.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención mediante la Resolución 4/2026, dictada en enero. La norma suspendió por doce meses la habilitación del puerto y colocó bajo gestión nacional la operación, infraestructura y administración de la terminal, con posibilidad de prórroga por acto fundado. La resolución establece además que la intervención debe garantizar la continuidad de los servicios mínimos y la seguridad portuaria.
Lapadula sostuvo que la discusión económica no puede separarse de la situación laboral ni de la proximidad de la temporada de mayor actividad. Señaló que mantiene contacto con trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos y reconoció también la preocupación de los sectores turístico y comercial por el funcionamiento de la terminal. “Nos tenemos que poner todos de acuerdo en que el puerto es un bien estratégico de la Provincia y que tiene que ser administrado y manejado por la Provincia”, planteó.
El conflicto sumó además dificultades para concretar fiscalizaciones ambientales. El Ministerio de Producción y Ambiente informó en septiembre que la Secretaría de Ambiente solicitó formalmente el ingreso de equipos técnicos para controlar residuos peligrosos y recursos hídricos, entre otras tareas. Según la cartera provincial, esas inspecciones forman parte de competencias que ejercía habitualmente en el ámbito portuario.
Para Lapadula, si los organismos provinciales encuentran impedimentos para cumplir esas funciones deben utilizar las herramientas administrativas y judiciales disponibles. “Si yo soy ministro de Producción y Ambiente y tengo a cargo el control ambiental en la Provincia y no me dejan entrar, soy yo el que lo tengo que hacer”, sostuvo. Ante la posibilidad de promover nuevas actuaciones desde la Legislatura, consideró que “es una posibilidad”, aunque remarcó que la reacción inicial corresponde a las áreas directamente afectadas.
El legislador también cuestionó la estrategia judicial utilizada por el Gobierno provincial para objetar la intervención. Recordó que, según expuso el Fiscal de Estado ante la Legislatura, se había recomendado que la presentación fuera realizada por la Dirección Provincial de Puertos y no directamente por el Ejecutivo, debido a que una controversia entre Provincia y Nación quedaría bajo competencia originaria de la Corte Suprema. “Lo alertó, lo avisó. Ya partimos haciendo las cosas mal”, sostuvo Lapadula, quien consideró que esa decisión contribuyó a que el conflicto se prolongara. Al mismo tiempo, advirtió que nuevas acciones pueden terminar nuevamente en la Justicia Federal o en la Corte Suprema y quedar sujetas a plazos extensos.
Su planteo apuntó a evitar que esa demora implique abandonar otras vías de actuación. “Han pasado ocho meses y pareciera que normalizamos esta situación”, afirmó. A su criterio, la intervención debe seguir en la agenda institucional no sólo por la administración del puerto, sino también por los recursos que genera y por las competencias que organismos provinciales aseguran no poder ejercer plenamente.
Lapadula evitó presentar la discusión como un conflicto entre trabajadores y sectores económicos. Consideró legítima la preocupación de las cámaras vinculadas con el comercio y el turismo por la continuidad operativa, pero sostuvo que también lo es el reclamo de los empleados portuarios. Su posición es que ambos intereses deben confluir en un reclamo común sobre la administración provincial de la terminal.
Con la temporada de mayor actividad portuaria próxima a comenzar, Lapadula sostuvo que la discusión ya no puede quedar limitada al expediente judicial. Planteó que la Legislatura debe cuantificar el impacto económico de la intervención y que las autoridades provinciales con funciones de fiscalización tienen que actuar cuando encuentran impedimentos para ejercerlas.
