a decisión de mantener reservado el expediente judicial abierto para reclamar información pública sobre la intervención del Puerto de Ushuaia activó el procedimiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). El caso fue analizado por el programa que releva situaciones que pueden afectar la libertad de expresión en las distintas provincias y terminó incorporado a su registro nacional.
El periodista y monitor de FOPEA en Tierra del Fuego, Gabriel Ramonet, explicó que su función es relevar denuncias formuladas por periodistas, medios u organizaciones y reunir los antecedentes antes de elevar cada caso. “Mi labor es estar atento a cualquier denuncia que señale que hay una vulneración a la libertad de expresión y reportar el caso”, indicó.
El procedimiento incluyó el contacto con la otra parte. Ramonet relató que se comunicó con la secretaría privada del juez federal Federico Calvete para informar el planteo y ofrecer la posibilidad de realizar un descargo. “Dijeron que sí, que iban a hacer un descargo, pidieron un tiempo, se los otorgamos, pero finalmente no recibimos ninguna respuesta”, sostuvo.
Ante la falta de respuesta, remitió las actuaciones a la coordinación nacional del programa, que debía decidir entre desestimar el caso o considerar que existía una afectación y emitir un comunicado. FOPEA optó por esta última vía. Ramonet explicó que el pronunciamiento se difundió entre medios y redes sociales y que el episodio quedó incorporado al registro anual. “Constituye un antecedente nacional lo que pasó aquí”, remarcó.
Para el periodista, la cuestión excede al medio que inició la acción judicial. “Lo que se está defendiendo acá es la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, afirmó. También marcó la contradicción entre el objetivo del expediente y la decisión adoptada: “Es paradójico que un medio haga una acción judicial de acceso a la información pública y el juez que tiene que resolverlo decida justamente lo contrario”.
Ramonet señaló que el comunicado de FOPEA tomó en cuenta estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, la nómina de funcionarios públicos y sus remuneraciones no constituyen información que deba ser reservada bajo el argumento de que se trata de datos personales.
En ese punto, sostuvo que incluso si dentro del expediente existieran datos que requirieran protección, eso no obligaba a mantener bajo reserva la totalidad de las actuaciones. “Si hay algún dato en esta información que puede ser considerado personalísimo, puede perfectamente el juez reservar ese dato particular y difundir el resto”, planteó.
También cuestionó que no hubiera podido conocer una explicación del juzgado. “Me interesaba saber el fundamento por el que habían tomado esta decisión. Me quedé con las ganas de saber por qué, pero no hubo ninguna respuesta”, afirmó. Ramonet sintetizó el criterio que, según sostuvo, debería regir en estos casos: “Lo reservado es excepcional. Si no vas a dar a conocer cierta información que es pública, tenés que decir por qué”.
El referente consideró que la medida debería ser revisada. “Para mí es un caso claro de violación a los estándares de libertad de expresión. FOPEA así lo consideró”, expresó. También señaló que el juez todavía cuenta con la posibilidad de modificar su posición frente a los antecedentes reunidos.
Ramonet consideró que la decisión debería ser revisada y señaló que el juez todavía tiene facultades para hacerlo. “Ojalá que opte por revisarlo, porque eso aseguraría también en Tierra del Fuego un antecedente para otros casos similares de cómo tienen que intervenir o actuar los organismos y la Justicia”, sostuvo.
Calvete defendió la reserva: “El expediente es público para las partes”
El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, respondió a los cuestionamientos planteados ante el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por las restricciones impuestas al expediente en el que se tramita el amparo promovido para acceder a información sobre la administración de fondos públicos vinculados con la intervención del Puerto de Ushuaia. En un escrito fechado el 24 de septiembre, el magistrado sostuvo que la causa todavía se encuentra en trámite y que será al momento de dictar sentencia cuando se determine “si se hace lugar al acceso a la información y qué elementos pueden ser de conocimiento público (algunos o todos)”.
Calvete reconoció expresamente que el acceso está limitado: “El expediente es público para las partes”, afirmó, para luego precisar que puede ser consultado por ellas a través del sistema Lex100, mientras permanece “restringido para terceros ajenos a la causa”.
Asimismo, sostuvo que una de las codemandadas solicitó la reserva de documentación invocando la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y afirmó que esa decisión habría sido “consentida por la actora”, algo que fue desmentido por este medio. Según su explicación, ello surgiría de que la parte actora pidió que la restricción fuera levantada al momento del dictado de la sentencia definitiva. Contrariamente, el Diario del Fin del Mundo pidió el levantamiento de la restricción de acceso en dos oportunidades y el urgente dictado de la sentencia porque se trata de una acción de amparo.
Finalmente, Calvete aseguró que el expediente se encuentra “próximo al dictado de la sentencia para resolver todo lo solicitado”.
