l legislador provincial Federico Sciurano fijó una posición terminante frente a la posibilidad de incrementar impuestos en Tierra del Fuego para obtener nuevos recursos destinados a atender las necesidades presupuestarias del Estado. En medio de la discusión que comenzará a atravesar a la Legislatura por el Presupuesto 2027 y las alternativas para financiar distintas áreas, anticipó que no acompañará iniciativas que aumenten la carga tributaria.
“En lo que tiene que ver con el aumento de impuestos (...) yo no estoy de acuerdo y no voy a acompañar decisiones e iniciativas de esas características”, sostuvo durante una entrevista radial, al analizar el escenario económico provincial y las alternativas que podrían comenzar a discutirse en las próximas semanas.
La definición adquiere relevancia ante la posibilidad de que se planteen nuevos mecanismos de financiamiento vinculados, entre otros aspectos, con la situación salarial docente. Sin embargo, Sciurano consideró que cualquier discusión debe realizarse contemplando el cuadro económico general y no solamente las necesidades particulares de un sector.
En ese sentido, puso especialmente el foco en la delicada situación que atraviesa el sector privado fueguino y manifestó una particular preocupación por Río Grande y la zona norte. Según planteó, comerciantes y empresas enfrentan una disminución de recursos y facturación que obliga a extremar la prudencia antes de avanzar con nuevas obligaciones tributarias.
“Hoy el sector privado está pasando un momento muy difícil”, señaló. Asimismo, sostuvo que quienes desarrollan actividades comerciales conocen directamente los efectos de la caída de la actividad y remarcó que las decisiones fiscales deben adoptarse teniendo en cuenta “lo que está pasando en la calle”.
Por eso, Sciurano planteó que la situación de la docencia debe ser atendida, aunque rechazó que la respuesta sea analizada de manera aislada del resto de la economía. “Hay hoy todo un contexto que hace que vos tengas que evaluar la mirada global y no particular de algún caso en particular”, expresó.
Además, al referirse al proyecto de Presupuesto, mencionó estimaciones que —aclaró que citaba de memoria— ubicarían el déficit inicialmente previsto en alrededor de $58.000 millones. También sostuvo que la nueva tarifaria contemplada podría representar entre $200.000 y $220.000 millones, por lo que reclamó prestar especial atención al impacto que esas modificaciones podrían tener sobre la economía provincial.
De esta manera, el legislador dejó planteado un límite político para el debate que se aproxima: frente a las dificultades financieras del Estado, su posición será no trasladar una mayor carga impositiva sobre un sector privado que, según describió, ya enfrenta una coyuntura económica particularmente compleja.
Boleta Única
Por otra parte, Sciurano volvió a colocar sobre la agenda legislativa su proyecto para implementar la Boleta Única de Papel en las elecciones provinciales. La propuesta todavía no tomó estado parlamentario ni fue girada a comisión, aunque aseguró haber mantenido conversaciones informales con representantes de otros espacios políticos que comparten la iniciativa.
“Yo tengo expectativa de que esto pueda prosperar y ojalá que el año que viene podamos votar en la provincia con este sistema”, afirmó. Además, recordó que viene presentando la propuesta desde hace varios años y consideró que la utilización de la Boleta Única en las elecciones nacionales fortaleció los argumentos para avanzar con una modificación similar en Tierra del Fuego.
Entre sus principales fundamentos, Sciurano señaló que el sistema impediría que un elector ingrese al cuarto oscuro y no encuentre la boleta del candidato que pretende votar. A su entender, también reduciría la posibilidad de maniobras vinculadas con la sustracción de boletas y otras prácticas irregulares durante una elección.
A esos argumentos institucionales sumó una cuestión económica y ambiental. El legislador cuestionó la enorme cantidad de boletas que deben imprimir actualmente los partidos y sostuvo que, con la Boleta Única, sería el Estado quien se encargaría de disponer del instrumento electoral necesario. Según explicó, eso permitiría reducir tanto los costos como el volumen de papel utilizado.
Finalmente, se mostró más cauteloso respecto del voto electrónico y defendió la necesidad de conservar un respaldo físico del sufragio como mecanismo de control.
