l intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó una revisión de la utilización de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) y advirtió sobre la necesidad de que el dinero acumulado sea efectivamente destinado a diversificar y fortalecer la producción fueguina. En un escenario atravesado por la pérdida de puestos laborales industriales, sostuvo que Río Grande necesita una participación sustancialmente mayor en las inversiones financiadas con esos recursos.
Pérez señaló que el Gobierno nacional decidió eliminar los aportes que realizaban las empresas al Fondo y sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja el Municipio, quedarían alrededor de 300 millones de dólares acumulados. Para el intendente, esos recursos mantienen el destino para el cual fueron concebidos: fortalecer la matriz productiva, financiar infraestructura vinculada a la producción y generar nuevas alternativas económicas para Tierra del Fuego.
“Los fondos existen, entendemos que son fondos que están en el orden de los 300 millones de dólares”, afirmó. Y remarcó que deberían utilizarse para “fortalecer nuestra matriz de producción, diversificarla” y desarrollar infraestructura productiva.
En ese contexto, Pérez recordó que el Municipio había planteado utilizar herramientas del FAMP para acompañar a trabajadores industriales despedidos, aunque aseguró que no obtuvo respuestas. Asimismo, adelantó que Río Grande continuará presentando proyectos, entre ellos la terminación del mercado de productos locales y obras en la antigua terminal de ómnibus, iniciativas que quedaron inconclusas tras la paralización de financiamiento nacional.
Sin embargo, el planteo central del jefe comunal estuvo dirigido a la distribución territorial de esos recursos. Pérez consideró que Río Grande está siendo particularmente perjudicada pese a concentrar el mayor impacto de la crisis fabril. Según las cifras que expuso durante la entrevista, la ciudad llegó a contar con cerca de 17 mil trabajadores industriales y actualmente registra aproximadamente 3.800. Incluso tomando como referencia 2023, señaló que se pasó de entre 8 mil y 9 mil empleos industriales a los actuales 3.800. En el sector textil, agregó, había once empresas y actualmente funcionan apenas cuatro, mientras que el empleo cayó de unos 1.100 trabajadores a alrededor de 280.
Por ello, atribuyó la distribución del FAMP a una decisión política del Gobierno nacional y anticipó que continuará reclamando una mayor participación para Río Grande. “Vamos a hacer todo lo posible para que los fondos lleguen a Río Grande, porque proyectos te aseguro que no nos faltan”, afirmó. A su entender, el problema no reside en la falta de capacidad técnica municipal sino en las decisiones sobre el destino del dinero.
La reforma: “Es un debate agotado y terminado”
Por otra parte, Pérez fijó una posición terminante respecto de la reforma de la Constitución provincial. Sin cuestionar los tiempos de la Justicia, sostuvo que desde el punto de vista político la discusión quedó clausurada después de que la Legislatura derogara la ley que había habilitado el proceso.
“Creo que es un debate agotado, terminado, absolutamente terminado”, afirmó, y recordó que once legisladores votaron la derogación de la norma. Para el intendente, esa decisión expresa una posición suficientemente amplia dentro del escenario político provincial como para considerar que “ya no hay más discusión” ni margen para continuar insistiendo con la reforma.
Pérez vinculó esa definición con las prioridades que, a su juicio, debería tener actualmente Tierra del Fuego. Mencionó las dificultades del sistema educativo y sanitario, la situación laboral y los problemas financieros de los municipios. En el caso de Río Grande, aseguró que la deuda de coparticipación alcanza ya los 17 mil millones de pesos y que aumentó alrededor de un 200 por ciento durante el último año.
En consecuencia, consideró que los esfuerzos políticos deberían concentrarse en responder a esas urgencias y no en reabrir una discusión constitucional. “Hablar hoy de una reforma de la Constitución no me parece sinceramente el momento adecuado”, resumió, para luego insistir en que, desde su perspectiva, el asunto está “absolutamente saldado desde la política”.
Zona Fría y el papel de los senadores
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la modificación del régimen de Zona Fría. Pérez advirtió que los cambios aprobados tendrán un impacto superior al 20 por ciento sobre las facturas de gas y cuestionó especialmente que el nuevo esquema otorgue al Poder Ejecutivo nacional facultades para modificar las bonificaciones.
Según explicó, allí reside una “doble preocupación”: por un lado, el incremento inmediato que deberán afrontar los usuarios y, por otro, la posibilidad de que el Ejecutivo nacional pueda alterar hacia adelante el nivel de las bonificaciones sin que cada modificación requiera una nueva ley del Congreso.
Pero Pérez también introdujo una fuerte crítica política sobre el comportamiento de los representantes fueguinos en el Senado. Sin personalizar inicialmente su cuestionamiento, dijo que le resultaba llamativo que representantes del oficialismo nacional elegidos por Tierra del Fuego acompañaran una medida que, según su interpretación, perjudica directamente a los habitantes de la provincia.
“Uno puede entender que haya coincidencias desde el punto de vista ideológico con el Gobierno nacional. Ahora, votar en contra de los ciudadanos de sus propias provincias, la verdad que llama poderosamente la atención”, sostuvo.
También se refirió a la estrategia de la oposición y fue cuidadoso al señalar que no le correspondía juzgar decisiones internas de un bloque del que no forma parte. Sin embargo, recordó su experiencia como diputado nacional durante las discusiones tarifarias de 2016 y 2017: aun cuando sabía que las votaciones podían perderse, sostuvo, la oposición concurría al recinto, expresaba su posición y votaba en contra. “Poníamos voz, poníamos palabras, votábamos en contra”, recordó.
Malvinas: avanzar sobre quienes explotan los recursos
Finalmente, Pérez ratificó la decisión del Municipio de Río Grande de involucrarse en la causa judicial vinculada con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Destacó la intervención de la jueza federal Mariel Borruto y aseguró que el Municipio acompañará el expediente aportando la información que resulte necesaria.
Para el intendente, avanzar judicialmente contra las empresas privadas que participan de la explotación de recursos constituye una herramienta para afectar económicamente la presencia británica en el archipiélago. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder nutrir la causa con información”, aseguró.
Pérez recordó además su iniciativa en 2016, cuando era diputado nacional junto con el ex diputado y ex senador nacional Matías Rodríguez, para crear una comisión bicameral dedicada específicamente a Malvinas. Consideró necesario recuperar una política de Estado que mantenga continuidad independientemente de los gobiernos y reclamó una estrategia diplomática consistente en el tiempo.
