l Ministerio de Producción y Ambiente comenzó una ronda de reuniones con los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para avanzar en un abordaje coordinado de la problemática de los perros sueltos en las ciudades y la expansión de perros asilvestrados en áreas rurales y naturales.
La iniciativa es encabezada por el ministro Francisco Devita y cuenta con la participación del CADIC y la Asociación Rural. El Gobierno propone formalizar un convenio que distribuya responsabilidades entre Provincia y municipios y permita sostener políticas comunes más allá de las distintas gestiones.
Devita explicó que uno de los primeros objetivos será medir los resultados de las acciones que ya desarrolla cada jurisdicción. “Les manifestamos la necesidad de medir su impacto real en el territorio y evaluar su efectividad en función de la cantidad de perros que están en la calle. Solo así sabremos con certeza si la población canina disminuye, se mantiene o aumenta”, sostuvo.
El funcionario señaló además que se busca avanzar hacia “políticas concretas de mediano plazo” y una solución que pueda “trascender las gestiones”, mediante un esquema en el que Provincia y municipios asuman responsabilidades complementarias.
La agenda prevé incorporar al Poder Judicial y realizar un plenario con legisladores de la Comisión de Ambiente. Para Devita, la problemática requiere una respuesta transversal por su impacto ambiental, sanitario, turístico y productivo, particularmente por los ataques sobre el ganado.
Mientras se mide, los asilvestrados se reproducen
La evaluación de las políticas municipales permitirá determinar qué resultados tuvieron las campañas de castración, tenencia responsable y control de perros sueltos. Pero ese abordaje actúa fundamentalmente sobre una de las fuentes del problema y no resuelve por sí solo la situación de las poblaciones que ya se establecieron en el campo.
La propia documentación oficial reconoce esta diferencia. La guía elaborada en el marco de la Ley 1146 sostiene que controlar las poblaciones caninas urbanas es una condición “necesaria pero no suficiente” para solucionar el problema de los perros asilvestrados.
Los datos disponibles muestran la magnitud que ya había alcanzado el problema. Una encuesta realizada en 2018 a 28 productores pecuarios detectó presencia de perros asilvestrados en el 93% de los establecimientos relevados. El 76% había registrado cachorros y la mitad había encontrado madrigueras, dos indicadores de reproducción en el ámbito rural. Además, el 82% de los consultados consideró que el origen de esas poblaciones correspondía a su propia reproducción mediante nacimientos en el campo.
Es decir que, mientras ahora se busca medir cuántos perros continúan sueltos en las ciudades, en el área rural existen poblaciones que desde hace años tienen capacidad de reproducirse y seguir generando impactos productivos y ambientales negativos.
El propio Devita reconoció esa situación en marzo, cuando se reunió el Comité de Seguimiento de la Ley 1146, y sostuvo que era necesario acelerar las acciones para evitar mayores pérdidas.
En aquella oportunidad, el Gobierno anunció la incorporación de cámaras trampa hasta alcanzar un total de 16 dispositivos para monitorear zonas agrestes y la colocación de cartelería informativa.
Una ley que cumplirá una década
Tierra del Fuego cuenta desde 2016 con la Ley provincial 1146, que creó el Programa de Manejo de Poblaciones de Perros y declaró al perro asilvestrado como especie exótica invasora. La norma establece expresamente entre sus objetivos evitar sus impactos sobre la biodiversidad, la producción animal, la salud pública y las actividades al aire libre.
El problema, sin embargo, continúa. Un relevamiento realizado entre 2006 y 2008 contabilizó la pérdida de 32.725 ovinos y más de 77 mil kilos de lana. La expansión territorial registrada posteriormente fue todavía más significativa. Estudios difundidos por el CADIC determinaron que la superficie ganadera con presencia de perros había pasado del 2,5% en 1990 al 69,3% en 2012-2013.
Casi una década después de aquella decisión legislativa, los ataques siguen formando parte de la realidad del campo fueguino.
La presión de las jaurías contribuyó incluso a modificar la producción de algunos establecimientos, que reemplazaron ovinos por bovinos buscando reducir las pérdidas. Sin embargo, también existen registros de persecuciones y ataques sobre ganado vacuno.
A ello se agrega el impacto sobre la fauna nativa. Investigaciones desarrolladas en la provincia advierten sobre la depredación y persecución de especies silvestres, entre ellas guanacos y aves que nidifican en el suelo, además de riesgos para actividades recreativas y turísticas.
Por tanto, el desafío será avanzar simultáneamente sobre dos frentes diferentes: evitar que los perros domésticos continúen alimentando las poblaciones rurales y actuar sobre las jaurías que ya se encuentran establecidas y se reproducen en el campo. Los resultados ya no podrán medirse solamente por reuniones, convenios, campañas o nuevos diagnósticos, sino por la capacidad efectiva de reducir las poblaciones asilvestradas y los daños que provocan sobre la producción y los ecosistemas fueguinos.
