a causa por violencia laboral, discriminación y presunta corrupción que tramita ante el Juzgado Federal de Ushuaia entró en una nueva etapa después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación contestara el planteo de dos trabajadoras provinciales. El expediente discute, entre otros puntos, la imposibilidad de ingresar al puerto, las condiciones laborales bajo la intervención y el destino de los recursos generados por la terminal.
El abogado Manuel Raimbault, patrocinante de las trabajadoras, consideró que la presentación de ANPyN fue “más política que técnica” y cuestionó que no respondiera jurídicamente a buena parte de los argumentos de la demanda. “No controvierte ni argumenta en contra de las razones que se pusieron de por qué es ilegítima la intervención, de por qué hay una discriminación, de por qué es ilegítimo que los trabajadores no puedan entrar”, sostuvo.
Entre los puntos que forman parte del reclamo mencionó también la falta de control administrativo, el desplazamiento de trabajadores y la aplicación del convenio colectivo. Raimbault aseguró que existen registros y actuaciones notariales que permitirían comprobar varias de esas situaciones y planteó que la propia contestación incorporada al expediente no desconoce que los hechos ocurrieron.
A partir de esa respuesta, la estrategia de las demandantes será avanzar con la prueba que todavía resta producir. “En el día de la fecha vamos a pedir que se provea la prueba que está pendiente, en especial el reconocimiento judicial de lo que está sucediendo y la reconstrucción del hecho”, adelantó.
El reconocimiento judicial implicaría que la Justicia pueda constatar directamente la situación dentro del puerto. Raimbault sostuvo que después solicitarán una audiencia para concentrar la producción de la prueba en un plazo breve. “Vamos a pedir una audiencia para que en tres días se produzca toda la prueba y posteriormente se dicte una sentencia”, explicó. Si ese procedimiento no es admitido, aseguró que igualmente buscarán que la resolución llegue “lo más pronto posible”.
Otro de los puntos que aparece en la causa es el manejo de la recaudación portuaria. Ante la consulta sobre los ingresos provenientes del uso del muelle, espacios y maquinaria, Raimbault afirmó que ANPyN no negó que esos recursos sean administrados por la intervención mientras los salarios de los trabajadores permanecen a cargo de la Provincia. “Está absolutamente probado que es así”, sostuvo el abogado, y señaló que los informes incorporados por la Dirección Provincial de Puertos muestran que las cuentas del organismo provincial no reciben los ingresos que, según su planteo, deberían provenir de esas operaciones.
Para Raimbault, esa discusión podría incluso exceder el reclamo laboral. Consideró que la retención y transferencia de la recaudación “está en las fronteras de una cuestión penal” y sostuvo que será necesario determinar qué ocurrió con los fondos desde que comenzó la intervención. “Nos va a quedar qué sucedió en el camino, cómo se administró, cómo se invirtió, cómo se rinde cuentas”, afirmó. También cuestionó la falta de información sobre esos movimientos y sostuvo que la discusión no terminará únicamente con una definición sobre el ingreso de las trabajadoras.
Con la contestación de ANPyN ya incorporada, el próximo paso será entonces la producción de pruebas y el pedido de reconocimiento judicial. Raimbault considera que, cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia una sentencia que defina el reclamo de las dos trabajadoras y las responsabilidades discutidas durante la intervención.
