icen las fábulas que, cuando dos caminos conducen al mismo destino, el más corto suele ejercer una atracción irresistible. Promete llegar antes, evitar curvas y ahorrar esfuerzos. Pero también enseñan que el atajo no siempre es el mejor camino: puede ser más rápido y, al mismo tiempo, esconder obstáculos que el sendero más largo permitía advertir.
Algo de esa vieja enseñanza quedó flotando el jueves pasado en la Legislatura.
El oficialismo, con el acompañamiento del bloque PJ, Raúl Von der Thusen de Somos Fueguinos y Gisela Dos Santos de Sumemos Tolhuin, evitó que prosperara el intento de quitar el trámite de urgencia impuesto por el Ejecutivo al Asunto 519/26, el nuevo proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.
Del otro lado quedaron quienes pretendían quitar ese mecanismo para devolver la iniciativa a los tiempos ordinarios del debate parlamentario. No fue una discusión meramente reglamentaria. Lo que se decidió fue mantener corriendo el reloj sobre una ley que pretende definir cuánto deberá destinar la Provincia al financiamiento del sistema educativo y, fundamentalmente, de dónde saldrán los recursos para hacerlo.
El artículo 111 de la Constitución establece que, transcurrido el plazo previsto sin que la Legislatura rechace expresamente el proyecto, la iniciativa del Ejecutivo queda aprobada.
El plazo está corriendo desde fines de septiembre. Por eso, a comienzos de noviembre el Parlamento deberá haber aprobado, modificado o rechazado el proyecto, o haberle quitado el trámite de urgencia si pretende continuar analizándolo por la vía ordinaria.
La pregunta es por qué tanta urgencia ahora.
No porque el problema educativo sea nuevo. Tampoco porque hayan faltado proyectos.
El 25 de marzo el propio Ejecutivo presentó el Asunto 129/26, que propone un Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y del Sistema de Salud Pública. Plantea destinar durante cinco años recursos equivalentes al 13% del Producto Bruto Geográfico para ambos sistemas y contempla modificaciones tributarias para financiarlos.
Después llegó el Asunto 283/26, impulsado por legisladores del PJ, MPF, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande, que propone crear un Fondo de Financiamiento Educativo y afectar específicamente recursos a la educación.
Es decir, el camino ya existía y se estaba recorriendo.
Las comisiones comenzaron a discutir las alternativas meses atrás. Según se sostuvo en el recinto, el Ministerio de Economía demoró alrededor de cuatro meses en proporcionar información sobre el impacto presupuestario de las fuentes de financiamiento contempladas en el primer proyecto del propio Ejecutivo.
Todavía el 10 de septiembre la Comisión de Educación analizaba los esos dos proyectos junto con funcionarios, gremios, padres y representantes empresariales. Al finalizar aquella reunión, ambos fueron remitidos al Ejecutivo para conocer su opinión.
Dos semanas después el propio Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento educativo, y llegó con trámite de urgencia.
Pero existe, además, otro camino que recién comienza y que difícilmente pueda separarse de esta discusión: el Presupuesto provincial 2027.
El Presupuesto ya está en la Legislatura y todavía debe comenzar su tratamiento en comisión. Allí se definirán ingresos, gastos, prioridades y modificaciones tributarias para el próximo ejercicio. También deberá determinarse cómo financiar los servicios esenciales y cómo afrontar una situación fiscal que el propio Gobierno reconoce compleja.
Sin embargo, mientras el Presupuesto espera, el reloj del financiamiento educativo ya corre.
Y allí aparece una de las principales objeciones planteadas ayer.
El Asunto 519/26 contempla incrementar la carga tributaria sobre determinadas actividades, entre ellas las desarrolladas por el Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas natural. También propone detraer una porción de Ingresos Brutos antes de su distribución secundaria, reduciendo recursos que actualmente integran la masa coparticipable con los municipios.
Sus críticos advirtieron sobre el posible impacto de esas mayores cargas sobre familias, comercios y empresas, y sobre la disminución de los ingresos municipales.
También se cuestionó una contradicción central del proyecto: la Legislatura debe decidir ahora sobre una meta de inversión educativa que procura alcanzar el 7,8% del PBG, pero todavía no conoce cuánto dinero representará ni cómo evolucionará en los próximos años. Recién dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Economía deberá establecer la línea de base del PBG, su metodología de estimación y la proyección del sendero de convergencia.
En otras palabras, se apura al Parlamento para aprobar un esquema cuya verdadera dimensión económica se conocerá después.
Para el oficialismo y quienes acompañaron su posición, estos argumentos no justifican detener el reloj. Consideran que el plazo disponible permite a las comisiones de Educación y Presupuesto trabajar responsablemente, escuchar a los sectores involucrados e introducir las modificaciones necesarias.
El trámite de urgencia, además, es una herramienta prevista por la Constitución. Utilizarla no vuelve ilegítimo el proyecto ni impide que la Legislatura lo modifique o rechace.
La cuestión es otra.
Una herramienta constitucionalmente válida no necesariamente resulta la más conveniente para resolver cualquier problema.
Mucho menos cuando se pretende definir simultáneamente cuánto debe invertir la Provincia en educación, de dónde saldrá ese dinero, quiénes aportarán más, qué recursos dejarán de percibir los municipios y cómo encajará todo ello dentro de un Presupuesto 2027 que todavía no comenzó a discutirse.
Nadie parece discutir seriamente que la educación necesita respuestas. La diferencia está en cómo construirlas y cuánto tiempo dedicar a medir sus consecuencias.
Durante meses hubo proyectos, reuniones, pedidos de informes y alternativas de financiamiento sobre la mesa. Después de recorrer lentamente ese camino, el Ejecutivo decidió abrir otro y ponerle un reloj.
Tal vez el atajo permita llegar antes y cerrar rápidamente un capítulo abierto por el conflicto docente.
Pero las leyes tributarias y presupuestarias no terminan cuando se levanta la mano en el recinto. Después llegan los impuestos, las facturas, la coparticipación, los salarios y las obligaciones que deberá afrontar el Estado durante los próximos años.
Por eso, la verdadera discusión no es entre avanzar o quedarse quietos.
Es entre llegar rápido y llegar con certezas.
Entre el camino y el atajo.
Y las viejas fábulas suelen recordarnos algo que la política, cada tanto, parece olvidar: llegar primero nunca garantizó haber elegido el mejor camino para llegar a destino.
