l reclamo para que la administración del Puerto de Ushuaia vuelva a la Provincia sumó una nueva advertencia gremial. ATE sostuvo que agotará las instancias de diálogo y judiciales, pero anticipó que profundizará la protesta si la intervención nacional continúa y no se normaliza la situación laboral dentro de la terminal.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, ratificó que el gremio está en contra de la intervención y que su objetivo es recuperar el control provincial del puerto. “Sigo luchando para que el puerto siga siendo de los trabajadores y de la Provincia y del pueblo, que lo siga comandando la Provincia”, afirmó.
La intervención fue dispuesta en enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026. La medida otorgó a la ANPyN la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal por doce meses, con posibilidad de prórroga, mientras la Dirección Provincial de Puertos quedó desplazada de la conducción efectiva.
Córdoba planteó que ATE continuará reclamando la devolución del puerto mediante distintas vías. Indicó que ya existen gestiones en los planos político y judicial y que el sindicato también busca interlocutores con llegada al Gobierno nacional. Sin embargo, advirtió que esos canales no excluyen una escalada gremial si no hay avances. “Va a haber conflicto y la ANPyN lo está sabiendo. Todo el mundo lo está sabiendo”, señaló.
La advertencia está vinculada también con la situación de los trabajadores que no pudieron retomar sus tareas habituales desde el comienzo de la intervención. Para Córdoba, cualquier salida debe contemplar al conjunto del personal y no solamente a quienes cuentan con fueros sindicales.
El dirigente explicó que se analizó realizar una presentación judicial para garantizar el ingreso de delegados y representantes gremiales, pero rechazó que esa sea la única respuesta. “No puedo hacer una presentación y dejar unos adentro y otros afuera”, sostuvo. A su criterio, permitir el regreso únicamente de quienes tienen protección sindical dejaría sin solución al resto de los afiliados y profundizaría las diferencias entre trabajadores.
Por eso, el planteo de ATE combina dos reclamos: que la Dirección Provincial de Puertos recupere la administración y que el personal pueda volver a trabajar en condiciones equivalentes a las que tenía antes de la intervención. Córdoba aseguró que “todo el mundo quiere entrar a laburar” y que el sindicato busca una alternativa que alcance a todos.
La conducción gremial tampoco descarta medidas directas. Ante la posibilidad de un plan de lucha que incluya cortes y movilizaciones, Córdoba respondió que se utilizarán las herramientas necesarias si no se obtiene una solución. Ya había anticipado que, de llegar noviembre sin cambios, sería difícil mantener inmóviles a los trabajadores afectados.
Al mismo tiempo, defendió la búsqueda de acuerdos políticos incluso con sectores vinculados al oficialismo nacional. Córdoba confirmó reuniones con representantes de La Libertad Avanza y señaló que la conducción nacional de ATE también participa de las gestiones. “Hay que sentarse, hay que hablar, también hay que buscar el diálogo”, afirmó.
El dirigente sostuvo que esas conversaciones no significan aceptar la intervención, sino intentar abrir canales que permitan terminarla. “Para recuperar el puerto hay que hablar con quien sea”, expresó, y volvió a ubicar como objetivo la restitución de la administración provincial.
Córdoba también respondió a cuestionamientos surgidos entre trabajadores portuarios sobre el accionar del sindicato. Sin convertir esa discusión interna en el centro del conflicto, afirmó que las diferencias no modifican la posición institucional de ATE frente a la ANPyN y reivindicó la participación histórica del gremio en la defensa de la gestión provincial.
La estrategia para las próximas semanas quedará así concentrada en tres frentes: negociación política, acciones judiciales y presión sindical. Córdoba sostuvo que ATE continuará buscando una salida, pero dejó en claro que la continuidad de la intervención puede derivar en nuevas medidas. La condición planteada por el gremio es que el puerto vuelva a la órbita efectiva de la Provincia y que todos los trabajadores puedan recuperar sus funciones.